El pasado 1 de marzo el ejercito colombiano invadió el territorio ecuatoriano, violando su soberanía, para bombardear un campamento de las FARC y matar a 25 personas mientras dormían. El objetivo era Raúl Reyes considerado «numero dos» de la organización guerrillera. En esos momentos Reyes se encontraba realizando las gestiones para la liberación de rehenes […]
Generó también un conflicto diplomático regional que todavía no se ha resuelto. Las actuaciones en torno a este conflicto revelan la forma como el Gobierno de Alvaro Uribe provoca una crisis y como intenta resolverla.
En primer lugar aseguraron que la intervención del ejercito se produjo como respuesta a un ataque previo de la guerrilla que tras realizarlo se habría internado en territorio ecuatoriano. Ahora se sabe que el campamento de las FARC era solamente de acogida para las delegaciones y personas que iban a entrevistarse con el encargado de las relaciones internacionales, Raúl Reyes. Y las tropas que en él se encontraban eran su escolta y no tenían ninguna capacidad operativa armada por lo que hubiera sido un suicidio atacar al ejercito colombiano, mas aún, en pijama o ropa interior que fue como encontraron todos los cadáveres. Para dar veracidad a sus declaraciones, el Gobierno colombiano llegó a presentar el cuerpo de un soldado supuestamente muerto en ese ataque previo y del que no se volvió a saber tras evidenciarse que el combate no se produjo.
Por campamentos similares han pasado desde Piedad Córdoba, senadora colombiana encargada por el presidente Uribe de las negociaciones para la liberación de los rehenes hasta delegaciones internacionales oficiales. En el momento del bombardeo se encontraban allí 5 estudiantes mexicanos de la UNAM que realizaban trabajos de investigación. 4 de ellos fueron masacrados. La única superviviente declaró que ella fue sometida a vejaciones sexuales por los soldados colombianos y que oyó como ejecutaban a varios sobrevivientes heridos y se jactaban de ello. Las autopsias confirman su relato.
Desde ese campamento, Raúl Reyes se encontraba realizando gestiones con representantes franceses para la liberación de Ingrid Betancurt y otros 12 rehenes. 3 días antes se había producido una reunión en Panamá entre delegaciones de los gobiernos colombiano y francés en la que las autoridades andinas daban luz verde y respaldo a las negociaciones. Una llamada del asesor francés, Noé Sans, al teléfono satelital de Reyes sirvió para que, con la ayuda estadounidense, el ejercito colombiano localizara su base y la arrasara.
Según un informe del ejercito ecuatoriano, en un radio de 25 metros cayeron 10 bombas guiadas de 250 Kg. y que precisan de una tecnología que solo poseen los EE.UU. lo que evidencia su participación en la agresión. Los EE.UU., a través de su único aliado sudamericano, persiguen una internacionalización de la guerra que les permita una intervención militar más directa y la desestabilización de gobiernos contrarios a sus políticas. Estas bombas abrieron un agujero en la selva de unos 50 metros de diámetro y destrozaron todo lo que en él se hallaba. Pero según el ejercito colombiano, encontraron nada menos que 3 ordenadores pertenecientes a Reyes en perfecto estado. Tanto el gobierno venezolano como el ecuatoriano reclamaron el acceso a la información que contenían pero se les negó. En cambio, repartieron a los medios colombianos afines (casi todos) multitud de documentos de los que nadie pudo corroborar su procedencia. Tras 18 días de utilización, manipulación y extracción de información fueron entregados a la Interpol. Cómo declaró el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, «la Interpol no puede asegurar que la información sea cierta».
El Gobierno colombiano ha utilizado estos ordenadores, como un mago su chistera, para sacar de ellos acusaciones en contra de los gobiernos vecinos cuando preveían resoluciones contrarias o salían a la luz informaciones comprometedoras. En los días posteriores Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Cuba, Nicaragua y Costa Rica condenaron los hechos. En este contexto se iban a desarrollar la primera reunión de la OEA y la cumbre de Río para tratar el tema, cuando, utilizando por primera vez la supuesta información de los ordenadores, el general al mando de la Policía colombiana acusó al gobierno venezolano de donar 300 millones de dólares a la guerrilla y al ecuatoriano de mantener relaciones con la guerrilla.
Pese a todo, en estas reuniones se rechazó la invasión colombiana y lo que es mas importante, se negaba explícitamente el argumento de la «legítima defensa». Esta es la base legal en la que se apoya la estrategia del «todo vale» que los EE.UU. vienen utilizando por todo el mundo en contra del terrorismo, que a través de Israel aplican en el Oriente Próximo y que pretendían introducir en América Latina con Colombia.
En la siguiente reunión de la OEA convocada para solucionar el conflicto diplomático entre Colombia y sus vecinos, los delegados colombianos repartieron entre los restantes delegados una foto que decían haber extraído de los portátiles a prueba de bombas. Afirmaban que en la foto aparecía Raúl Reyes saludando al ministro de Seguridad ecuatoriano. Luego se supo que quien saludaba al comandante era el secretario general del Partido Comunista de Argentina. Su pretensión de hacer pasar a los gobiernos ecuatoriano y venezolano como protectores de la guerrilla se vino abajo y la utilización de pruebas falsas para inculpar a otros mandatarios cuando se intentaba buscar una solución, ofendió y enojó a los cancilleres del resto de Latinoamérica.
La otra estrategia colombiana en esta reunión fue la de presentar a Ecuador como santuario de la guerrilla consentido por las autoridades. De esta manera responsabilizaban al gobierno ecuatoriano de una situación que han permitido. Las Fuerzas Armadas colombianas mantienen en la frontera solamente 2 destacamentos militares frente a los 14 que tiene Ecuador lo que hace que «los frentes 48,32 y 29 de las FARC y un grupo del ELN ocupen todo el borde de la frontera» como afirmó el ministro de Defensa ecuatoriano. En cambio, esos 2 destacamentos son suficientes para provocar numerosos incidentes y enfrentamientos en la zona que se perciben como un claro intento de regionalizar el conflicto. Después de la masacre, han detuvieron, torturaron y asesinaron a 2 ciudadanos ecuatorianos. El último de ellos fue un farmacéutico que tras ser arrestado, apareció con 4 disparos en la espalda, la cara quemada por ácido y vestido de guerrillero.
No es la primera vez que ocurre y como declaró el embajador ecuatoriano en Bogotá, «ciudadanos ecuatorianos han sido secuestrados y asesinados por fuerzas militares o paramilitares y después devueltos o disfrazados como si fueran guerrilleros». Matar civiles y presentarlos como guerrilleros es una práctica recurrente del ejercito colombiano. Se les denomina «falsos positivos». Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en los 5 años de presidencia de Alvaro Uribe se han producido más de 1.000 ejecuciones extrajudiciales de este tipo imputables a las Fuerzas Armadas. Estos crímenes gozan de una impunidad total en Colombia.
A los pocos días, las autoridades colombianas tuvieron que admitir que uno de los 2 cadáveres que el ejercito se llevo del campamento para su exhibición pública pertenecía a otro ciudadano ecuatoriano y no a un líder guerrillero como hasta ese momento sostenían. Las reacciones no se hicieron esperar y el presidente ecuatoriano anunció que se va recurrir a las instancias que sea necesario para aclarar estos crímenes y exigir responsabilidades.
Frente a estos hechos y a modo de cortina de humo, han vuelto a recurrir a los ordenadores. Y esta vez la cosa es de lo más estrambótica. Encuentran 30 kilos de uranio y dicen que, según los ordenadores, pertenece a las FARC. Posteriormente, el comandante en jefe de las FF.AA. aclara que no son de las FARC pero que los 2 informantes que facilitaron el hallazgo dijeron que pertenecía a un tal «Belisario» que es el que aparece en los famosos portátiles como mediador en un intento de compra en el 2005. No sería de extrañar que como se pongan las cosas feas para el gobierno colombiano nos enteremos de que las FARC participaron en el ataque del 11-S.
En vista de que la historia del uranio no tenía mucha consistencia, el 27 de marzo aprobaron un decreto que establece que si la guerrilla libera a Ingrid Betancurt el gobierno excarcelará presos de las FARC. Ni siquiera el ex-esposo de la candidata secuestrada dio crédito al anuncio y teme que se trate «de un nuevo golpe de efecto del presidente. Como así ha sido. En el decreto se niega la posibilidad de abrir las negociaciones para un Acuerdo Humanitario como reclaman la opinión publica y la comunidad internacional. En vez de eso, dicen que liberarán unilateralmente a los guerrilleros que se haya «acordado». ¿Cómo se va a acordar qué guerrilleros se van a liberar si no va a haber ningún tipo de negociación? ¿se van a liberar todos los presos que pidan las FARC?
El presidente Uribe se encargó de aclarar todas las dudas y al día siguiente hizo pública la orden de cercar militarmente los campamentos donde se encuentran los rehenes. Es decir, vuelta a la opción militar como forma de resolución del conflicto que es la posición que siempre ha mantenido, que no ha resuelto ni resolverá nada y que, en este caso, pone en peligro las vidas de los rehenes.