Ya no sólo son los secundarios y universitarios los que están en pie de guerra contra el proyecto que se tramita en el Parlamento para reformar la LOCE. Ahora serán los profesores los que presionarán al Gobierno para que retire la iniciativa que se gestó luego de un acuerdo entre el oficialismo y la Alianza […]
Ya no sólo son los secundarios y universitarios los que están en pie de guerra contra el proyecto que se tramita en el Parlamento para reformar la LOCE. Ahora serán los profesores los que presionarán al Gobierno para que retire la iniciativa que se gestó luego de un acuerdo entre el oficialismo y la Alianza . La decisión la tomó la Asamblea Nacional extraordinaria del Colegio de Profesores, que considera que la iniciativa, tal como está planteada, »profundiza la naturaleza mercantilista de la política educativa actualmente vigente y de esta manera, las causas de la situación actual del sistema».
La Asamblea Nacional extraordinaria del Colegio Nacional de Profesores resolvió este viernes convocar a un paro «de advertencia» el próximo miércoles 4 de junio, en rechazo a la Ley General de Educación (LGE) ypara demandar que la iniciativa sea retirada »de inmediato» del Parlamento.
La irrupción de los docentes refuerza la posición que en las últimas semanas han expresado las organizaciones de estudiantes secundarios y las federaciones universitarias en contra del proyecto, que surgió del trabajo del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, pero posteriormente de un acuerdo celebrado entre La Moneda y la Alianza por Chile.
El Magisterio informó en una declaración pública que la Asamblea «ha reafirmado lo que planteara en enero, respecto a rechazar el proyecto de Ley General de Educación que actualmente se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. Ésta no resuelve los graves problemas de segmentación social del sistema educativo ni de calidad de la educación. Por el contrario, en opinión del Colegio de Profesores de Chile, esta ley en trámite profundiza la naturaleza mercantilista de la política educativa actualmente vigente y de esta manera, las causas de la situación actual del sistema».
Agregó que por esta razón, «y considerando de la gravedad de la crisis, la nula voluntad del gobierno de quitarle la urgencia al mencionado proyecto, la oposición que ha despertado la LGE entre padres y apoderados, estudiantes secundarios y universitarios, académicos, incluso parlamentarios de la alianza de gobierno y también entre los profesores, nuestra Asamblea Nacional ha resuelto realizar un paro de advertencia el próximo día miércoles 4 de junio».
Precisó que la movilización «ya no solamente en solidaridad con nuestros estudiantes; desde este momento, el Colegio de Profesores asume un rol protagónico en la lucha por la defensa de la educación pública y en contra de la LGE junto a ellos. Hacemos extensivo este llamado a otras organizaciones del mundo de la educación y manifestamos nuestra voluntad inequívoca de unidad y lucha en las actuales circunstancias».
Es así como adelantó que impulsará, junto a otras organizaciones que confluyen en ANDE, «una campaña de recolección de firmas de rechazo a la LGE. Si el gobierno insiste de manera intransigente, como ha sido hasta ahora, en la aprobación de este proyecto de ley, volveremos a paralizar y nos movilizaremos -junto a todos quienes lo rechazan y están comprometidos con la educación pública- al Congreso Nacional en Valparaíso el día que se ponga en sala. Los profesores de Chile desplegaremos toda nuestra creatividad y audacia para manifestar de diferentes formas nuestra oposición a este atentado en contra del Derecho a la Educación».
Finalmente, los profesores no descartaron una paralización indefinida. «Lo que está en juego es la superación de la nefasta herencia de un sistema mercantilista o retroceder al siglo XIX, cuando la educación era una responsabilidad de las familias y no del Estado. Si la institucionalidad política antidemocrática impide dar cumplimiento al Derecho Humano fundamental a la educación, y las autoridades de Gobierno no asumen su rol, no queda más alternativa que asumir nosotros, las organizaciones sociales, la responsabilidad que las autoridades eluden», concluyó.