La violencia contra los sindicalistas y las infracciones a las normas laborales en Colombia entraron en una esfera jurídica de la OIT, la Comisión de Aplicación de Normas, que obligará al Estado de ese país a corregir sus políticas y a rendir cuentas, interpretaron dirigentes obreros. En su informe a la 97 Conferencia Internacional del […]
La violencia contra los sindicalistas y las infracciones a las normas laborales en Colombia entraron en una esfera jurídica de la OIT, la Comisión de Aplicación de Normas, que obligará al Estado de ese país a corregir sus políticas y a rendir cuentas, interpretaron dirigentes obreros.
En su informe a la 97 Conferencia Internacional del Trabajo, que concluyo su sesión anual este viernes, la Comisión de Normas expresó preocupación por el aumento de actos de violencia contra sindicalistas colombianos en la primera mitad de este año.
Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, que funciona en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, precisó a IPS que hasta el 30 de mayo habían sido asesinados 26 sindicalistas en todo el país. Esto representa un incremento de 70 por ciento con respecto al año anterior, dijo.
La Comisión instó al gobierno colombiano a reforzar las medidas de protección y garantizar mayor eficacia y rapidez en las investigaciones de esos asesinatos y en la identificación de sus instigadores.
La Comisión, que tiene por cometido comprobar la aplicación de las normas laborales en los estados miembros de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), demandó a Bogotá los recursos necesarios para combatir la impunidad, incluido el nombramiento de jueces adicionales dedicados especialmente a resolver los casos de violencia contra los sindicalistas.
Todas estas medidas son elementos esenciales para asegurar que el movimiento sindical pueda finalmente desarrollarse y afirmarse en un clima libre de violencia, sentenció la Comisión en sus conclusiones sobre el caso colombiano.
El ministro de la Protección Social de Colombia, Diego Palacio, dijo que en 2007 se destinaron 34 millones de dólares para sufragar los gastos de protección de sindicalistas, periodistas y políticos. En 2000 ese rubro sólo alcanzaba a 1,7 millones.
De los 34 millones de dólares de 2007, cerca de 11 millones se dedicaron al programa de protección de sindicalistas, afirmó.
«Para nosotros el problema no es que uno ande con cinco escoltas, con dos camionetas blindadas y con tres motos detrás», comentó Alfonso Velásquez, miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia.
«El verdadero problema es que los dirigentes sindicales podamos hacer la labor de organización del proletariado, de los trabajadores y del pueblo», expuso Velásquez a IPS.
Respecto de la libertad de asociación, la Comisión dijo que el gobierno debe asegurar que todos los trabajadores, incluidos los del sector público, puedan formar los sindicatos que estimen convenientes, sin autorización previa, y afiliarse a ellos.
En un punto especial, el cuerpo reclamó al gobierno que no utilice discrecionalmente su autoridad para denegar el registro sindical.
Esta cuestión de la libertad sindical es una de las que más preocupa a los dirigentes obreros colombianos. «En Occidente, el régimen político más contrario a las libertades sindicales es el colombiano», sostuvo Sanín. «En el mundo sólo lo supera el régimen militar de Birmania», aclaró.
Este asunto fue analizado en encuentros sostenidos con legisladores estadounidenses que visitaron Colombia durante el período en que se debatía el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países, finalmente frustrado por la oposición del Partido Demócrata en el Congreso legislativo de Estados Unidos.
Los congresistas preguntaban a los sindicalistas colombianos cuándo llegarían a estimar que la situación habría mejorado en materia laboral como para permitir que ese tratado fuera viable.
«Les respondimos que eso ocurrirá el día en que la libertad sindical en Colombia sea igual a la libertad de empresa», dijo Sanín.
«En el mundo hay una ofensiva general contra las libertades sindicales y contra los derechos laborales», se explayó el director de la Escuela Nacional Sindical de Colombia. «El sueño de los neoliberales es tener unas relaciones laborales sin derechos sindicales y sin sindicatos», sostuvo.
Pero Colombia tiene la particularidad de que a esa política mundial contra los derechos laborales se la mezcla tradicionalmente con la violencia y con una profunda cultura antisindical, añadió.
Colombia vive una guerra interna de 44 años.
Los datos de la realidad sindical de ese país son «terribles», dijo el especialista. Sólo una cuarta parte de los trabajadores –menos de cinco millones en unos 19 millones de trabajadores– tienen algún grado de protección laboral, de contrato de trabajo y de cierta prestación social, describió.
Pero hay otros testimonios aun más graves, refirió. Sólo cerca de cinco de cada 100 trabajadores están afiliados a una organización sindical. En los últimos años se ha pasado de una tasa sindicalización de 15 por ciento a la actual de cinco por ciento.
La masa de afiliados permanece estable desde hace 20 años, en unos 800.000 sindicalizados. Pero si se toma en cuenta el aumento vertiginoso de la población económicamente activa, la sindicalización ha caído a una tercera parte, explicó.
Otro aspecto es el derecho de huelga. De los 19 millones de trabajadores, apenas unos 200.000, casi uno por ciento, pueden ejercer legalmente ese derecho.
«Cuando mostramos esto ante la conferencia de la OIT, sobresale como algo demasiado grave», reflexionó Sanín. Colombia se aleja en extremo de los estándares laborales aceptados por la sociedad internacional, prosiguió.
Con relación a la violencia, los datos de la Escuela Nacional Sindical indican que entre 1986 y abril de 2008 murieron asesinados en Colombia 2.669 dirigentes obreros, un promedio de un crimen cada tres días.
Sanín admitió que en los últimos cinco años hubo «una caída muy importante» de asesinatos de sindicalistas. Sin embargo, en el último año se registra un ascenso.
De los últimos crímenes, 19 se relacionaron con amenazas y actitudes hostiles contra los sindicatos provenientes de las «Águilas Negras», grupos que Sanín identificó como paramilitares.
Esas milicias de ultraderecha pactaron una desmovilización parcial con el gobierno de Álvaro Uribe, pero son múltiples las denuncias sobre la permanencia de sus acciones, en muchos casos bajo nombres como «Águilas Negras».
Varios asesinatos se cometieron después del 6 de marzo, cuando en Colombia se realizaron grandes manifestaciones por los derechos de las víctimas, relató.
Los asesinatos recrudecieron también cuando el gobierno colombiano sufrió la frustración del rechazo del TLC en Estados Unidos, interpretó.
«Eso demuestra que esta violencia es vengativa», dedujo Sanín. Es contra el movimiento sindical que ha aplazado la aprobación del tratado comercial, ha salido a movilizarse y ha denunciado la presencia de los grupos paramilitares, expresó.
«Esto explica el ascenso de esta violencia que castiga al movimiento social que más resistencia ha opuesto a este régimen», insistió.
En una evaluación del tratamiento que el caso colombiano mereció en la OIT, Velásquez opinó que, desde 1996, cuando se comenzó a debatir la cuestión en este foro, «se han desperdiciado oportunidades muy importantes».
Y esta sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo que acaba de terminar «no ha sido una excepción», recalcó.
En cambio, Sanín opinó que en toda la historia del caso colombiano en la OIT, este año obtuvo el mayor grado de exhibición, con un debate de tres horas y un documento de 40 páginas que recoge todos los argumentos del gobierno, de los sindicatos y de los empleadores.
El caso de Iraq, «para mí, más grave aún que el de Colombia», apenas mereció 40 minutos de debate en la Comisión de Normas, observó Sanín.
El resumen de Iraq abarca sólo siete páginas, a pesar de que en ese país hay un ejército invasor que ataca al sindicalismo, insistió. «Los compañeros iraquíes traían las denuncias de que el ejército norteamericano (estadounidense) entra a sus sedes sindicales y se lleva las computadoras y también impide la negociación colectiva, significativamente, en el sector petrolero», relató.
Desde ahora, el caso colombiano vuelve a estar en el sistema normativo de la OIT, agregó Sanín. Eso implica que los mecanismos normales de la organización empezarán a presionar a Bogotá para que haga modificaciones en su legislación y en su práctica, en materia de libertad sindical.
La OIT no le va a decir nada más. «No le va a decir al presidente Uribe que es un paramilitar, de lo que yo estoy convencido», afirmó Sanín. «Pero le va a decir: usted tiene que cambiar estas leyes. Eso es lo que logramos ahora», concluyó.(