Ni conservacionistas ni cazadores se impusieron en la 60 reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que finalizó este viernes en Chile con el compromiso de iniciar un proceso negociación para acercar posiciones, avizorado por todos como «muy difícil». Los comisionados consultados por IPS estimaron «positivo» el encuentro iniciado el lunes en la capital […]
Ni conservacionistas ni cazadores se impusieron en la 60 reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que finalizó este viernes en Chile con el compromiso de iniciar un proceso negociación para acercar posiciones, avizorado por todos como «muy difícil».
Los comisionados consultados por IPS estimaron «positivo» el encuentro iniciado el lunes en la capital chilena, destacando la creación de un reducido grupo de trabajo que debatirá sobre el futuro del organismo y, por ende, de los cetáceos. Pero nadie se atrevió a asegurar que ese proceso finalizará con éxito.
La primera reunión de este grupo, conformado por una veintena de los 81 miembros de la CBI, tendrá lugar en septiembre, y se espera que presente una propuesta concreta en el próximo encuentro anual, a realizarse en Madeira, Portugal, en junio de 2009.
La nueva instancia discutirá una agenda de 33 puntos, incluido el cuestionado programa de cacería científica iniciado por Japón en 1987, un año después de que comenzara a regir una suspensión de la caza comercial de grandes cetáceos.
De esta forma, en Santiago no se adoptó ninguna medida especial para proteger a los cetáceos que son actualmente cazados, como esperaban la mayoría de las organizaciones no gubernamentales presentes en la cita.
La CBI fue creada en 1946 por los países firmantes de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas. La suspensión, de la que están eximidas las comunidades aborígenes de Estados Unidos, Rusia y Groenlandia, se adoptó por la sobreexplotación que sufrieron las especies.
La moratoria sólo ha sido vulnerada por Islandia y Noruega, que cazan con fines comerciales en sus aguas jurisdiccionales, mientras que Japón se asigna una cuota de 1.000 ballenas por año para llevar cabo investigaciones letales. Para los ambientalistas se trata de una cacería comercial velada.
El grupo de trabajo creado en Santiago responde a la inmovilidad que afecta a la CBI, puesto que ni conservacionistas ni balleneros poseen 75 por ciento de los sufragios necesarios para aprobar reformas de fondo.
Ambos bloques desean modificar el actual statu quo para responder, desde su punto de vista, a los cambios registrados en las poblaciones de cetáceos y en la valoración social de esas especies. Los balleneros postulan que hay especies con poblaciones abundantes, que pueden ser cazadas de forma sustentable. Países asiáticos y africanos se adhieren a esta postura.
Los conservacionistas, por su parte, pretenden que se mantenga la actual suspensión y que se prohíba la caza con fines científicos en el Santuario del Océano Austral (Antártida). En reemplazo, promueven el uso no letal de cetáceos, como el turismo de avistamiento, que reporta a América Latina unos 278 millones de dólares al año, según un estudio publicado esta semana.
Este bloque está encabezado por el llamado «Grupo de Buenos Aires», que congrega a una decena de países latinoamericanos, y lo integran también Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea.
La primera señal de acercamiento en Santiago fue la decisión de no someter a votación peticiones que no contaban con la mayoría requerida para su aprobación, como la creación del Santuario Ballenero del Atlántico Sur, impulsado por Brasil y Argentina con el patrocinio de Sudáfrica, y la reapertura de la caza comercial de ballenas en cuatro comunidades costeras de Japón. La única medición de fuerzas fue el rechazo a la propuesta de Dinamarca, en representación de su territorio autónomo de Groenlandia, que pedía aumentar la cuota de caza para sus comunidades aborígenes en 10 ballenas jorobadas anuales, durante cinco años. El proyecto, que contaba con el visto bueno del comité científico, recibió 36 votos en contra, 29 a favor y 2 abstenciones, tensionando los ánimos.
Mientras los miembros favorables a la caza plantearon que con esta decisión se negaba el derecho de la población de Groenlandia a su seguridad alimentaria, algunas organizaciones ambientalistas denunciaron que parte de esa carne es vendida en supermercados. «Nadie está satisfecho con el (actual) statu quo. Tenemos cada vez más ballenas que son muertas cada año, bajo objeción a la moratoria o bajo cacería científica. Nuestro interés es trabajar por mejorar la realidad que vivimos actualmente», explicó a IPS Bernardo Veloso, comisionado de Brasil.
Pero «no estamos dispuestos a comprometer puntos que para nosotros son fundamentales, como la promoción del uso no letal de cetáceos, el Santuario del Atlántico Sur y el turismo de observación», enfatizó.
«Japón trabajará mucho para encontrar una solución conveniente a toda la CBI», dijo por su parte a IPS el portavoz de la delegación japonesa, Glenn Inwood, del Instituto de Investigación de Cetáceos de Tokio.
No obstante, aclaró, «como mínimo la CBI debe encontrar un modo de terminar la suspensión global a la caza comercial de ballenas y poner en práctica un esquema de dirección que restaure el mandato del organismo, es decir, la regulación de la cacería del recurso».
«Hay muchas naciones en el mundo que hoy cazan ballenas de forma sustentable para alimento. Japón seguirá con sus programas de investigación mortales en la región antártica y en el Pacífico noroeste, además de la caza sostenible de pequeños cetáceos en aguas japonesas», afirmó.
Pese a que la suspensión de la CBI sólo rige para los grandes cetáceos, delfines y marsopas también son mirados con atención. De hecho, el comité científico del organismo exhortó a Japón esta semana a reducir considerablemente la caza de marsopas de Dall (Phocoenoides dalli) en el norte del país, por su precaria situación.
Asimismo, el comité científico alertó sobre el crítico estado de la vaquita marina (Phocoena sinus) en las costas del golfo de México, país que dispuso un fondo de cinco millones de dólares para su protección. Según el reporte científico, no quedarían más de 150 ejemplares y, si continúa su pesca incidental, la especie se extinguiría en cinco años.
«Hoy es muy difícil vislumbrar una solución (para la confrontación en la CBI). Se habla de posibles paquetes, pero hoy es muy difícil saber si habrá convergencia. Los dos lados tienen dos posiciones muy distintas. El punto fundamental para nosotros es que no vamos a cambiar el statu quo por una realidad peor de la que tenemos hoy», adelantó Veloso.
«En general, la reunión fue positiva», indicó a IPS Susan Lieberman, directora del programa de especies del conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Pero otras organizaciones dedicadas a la protección de los cetáceos señalan que el encuentro sólo benefició a Japón y a los demás países balleneros, puesto que seguirán cazando, pese a que la CBI tiene una mayoría simple conservacionista.
El grupo de trabajo «tiene muchos temas que discutir y nos preocupa que hablen más de aspectos administrativos que de los puntos centrales», dijo Lieberman. También destacó que se haya acordado «realizar reuniones científicas en Costa Rica e Italia para discutir sobre el impacto del cambio climático en las ballenas».
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