Las claves de legitimar el sistema de financiación autonómica y local y la prestación de los servicios públicos que se realizan con éstos, corresponden a acertar con los criterios que hagan al sistema, ingresos y gastos, equitativo (para toda la ciudadanía); suficiente (capaz de abordar los costes de las competencias y calidades de los servicios […]
Las claves de legitimar el sistema de financiación autonómica y local y la prestación de los servicios públicos que se realizan con éstos, corresponden a acertar con los criterios que hagan al sistema, ingresos y gastos, equitativo (para toda la ciudadanía); suficiente (capaz de abordar los costes de las competencias y calidades de los servicios públicos transferidos, reponer las inversiones de capital físico inherentes a aquellos y la posibilidad de generar nuevas, de forma autónoma, en función de unos criterios asumidos, población residente, etc., por ejemplo); pero también progresivo, la recaudación que provenga proporcionalmente más de aquellas personas con más ingresos.
La distribución de los recursos, no hay que decirlo, tienen que estar en función de las necesidades.
Doble asimetría. Por lo tanto hay una doble asimetría: Se recauda de las personas que tienen mayores recursos y éstos se distribuyen a quienes tienen más necesidades.
Esto complementa a la necesaria trasparencia informativa. A la distribución personal que se estudia, se puede realizar la composición geográfica de ingresos y destino de éstos, pero remarcando la composición personal de quienes sufragan y quienes reciben. También, por pura lógica, es necesario saber el coste unitario y su composición geográfica de las plazas de educación, sanidad, etc. Esto último puede facilitar las tareas de distribución de los fondos de nivelación y de corregir políticas públicas o lograr mejoras en la eficiencia y en la armonización de los servicios públicos.
Errores de equidad, suficiencia y progresividad. Sin embargo, las directrices de los últimos Gobiernos son erróneas con los supuestos fiscales anteriormente enunciados. Así, existiendo un deterioro de la relación trabajo-capital indudable, el porcentaje de los salarios con respecto a los beneficios se ha reducido en estos ocho últimos años, las reformas fiscales han ido siempre limando y reduciendo la progresividad fiscal, reforzando el índice de desigualdad de Gini, tal y como las estadísticas de la OCDE revelan. Se reducen los tipos superiores del IRPF, se pone una tarifa única y menor a la mediana en los tipos que gravan los ingresos de capital, se supera con exceso al salario mínimo las deducciones por planes de pensiones, etc. La recaudación se sostiene en época de bonanza y a pesar de las reducciones fiscales que atacan a la progresividad, la recaudación crece ya sea en el impuesto sobre la renta, sociedades y en los que afectan al consumo, el IVA, que lo soporta proporcionalmente más los trabajadores. Pero la elasticidad de ingresos ante la desaceleración económica es diferente en cada figura tributaria, mientras que los gastos públicos, por la misma razón de la marcha de la economía y la dinámica demográfica, se mantienen o crecen
Es en este marco recaudatorio, donde las Comunidades Autonómicas tienen al alcance impuestos propios, cedidos y posibilidad de tarifas autonómicas en el IRPF, donde se discute la reasignación de ingresos públicos entre las diferentes administraciones y los mecanismos presupuestarios de fondos de nivelación.
Líneas de respuesta: Se debe mejorar la progresividad del sistema fiscal. Es una temeridad suprimir el impuesto de patrimonio como pretende hacer el Gobierno socialista y la derecha, sin oposición aparente de las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta que es una tributo propio. Los 1.800 millones de euros que reciben algunas Comunidades Autónomas, si se suprime, debería compensarse con otros ingresos. Se elimina una figura que afecta a un número limitado de ciudadanos, contemporáneamente a la pérdida de progresividad del IRPF, por lo que se ahonda en la regresividad.
Algo parecido sería el mantenimiento recaudatorio del céntimo sanitario que se grava con los carburantes en determinadas Comunidades Autónomas, en lugar de incrementos en la tarifa autonómica.
La capacidad normativa a la baja, con la experiencia acumulada desde figuras menores como actos jurídicos documentados, hasta de relevantes figuras que afectan a la localización empresarial como el impuesto de sociedades, ha formado parte de la estrategia liberal, que en último extremo defiende los paraísos fiscales. Provoca una carrera a la baja que afecta como una termita a la capacidad a medio plazo de proveer servicios públicos, dando ganancias inestables al que se anticipe en la baja tarifaria y perjudicando al último, en primer lugar y a todos, después. Quizá, si hubiera sentido federalizante, la capacidad normativa tendría que ser sólo al alza. También, alternativamente, con la actual normativa que permite la guerra impositiva, empezando por los territorios concertados, País Vasco y Navarra, a poner en la balanza para su compensación, el diferencial de recaudación en función de movimientos tarifarios.
La doble asimetría y suma cero. Si aún aceptamos la doble asimetría, recaudar más de quién más tiene, invertir más de quién más necesita, hay un problema no resuelto que es la diferente elasticidad de los ingresos (y de los gastos). Podemos aceptar que sea el ‘Estado’ el que realice la función de suma cero (déficit o superávit) del sistema, es decir si fijamos los criterios de gasto y la asunción de las diferencias entre lo previsto y lo liquidado de los impuestos en cada autonomía. En este sentido es más que conveniente que la Agencia Tributaria sea compartida y que los programas de lucha antifraude sean comunes.
Si compartiéramos estas ideas no serían tan dramáticas el acierto de los porcentajes de los impuestos compartidos (en función de lo que se recauda y la evolución de éstos en cada territorio). Habría una garantía de suficiencia, de equidad y progresividad.
La ciudadanía no está interesada en gurús que ‘acierten’ con una cesta quiromántica de impuestos (a costa del error ajeno), sino en una estabilidad presupuestaria (dentro de los vaivenes de la economía real), calidad en los servicios públicos y en que sea cual sea su lugar de origen o vecindad, sean equivalentes en cualquier parte del país.