El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, tiene previsto limitar la subida salarial de los funcionarios al 2%. Esta medida afecta a casi 2,6 millones de empleados públicos correspondientes a la administración central, autonómica y local. Esto supone un fuerte recorte en el poder de compra del salario de los funcionarios si se […]
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, tiene previsto limitar la subida salarial de los funcionarios al 2%. Esta medida afecta a casi 2,6 millones de empleados públicos correspondientes a la administración central, autonómica y local. Esto supone un fuerte recorte en el poder de compra del salario de los funcionarios si se tiene en cuenta que la inflación estimada para julio se situó en el 5,3%.
Con esta decisión, será el colectivo de funcionarios el primero en pagar el coste de la crisis económica. Con ello se quiere enviar dos mensajes a la sociedad. El primero, que el Estado ha empezado a apretarse el cinturón elaborando para el próximo año unos presupuestos que han sido calificados de «austeros, rigurosos y solidarios» por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
El segundo mensaje es el de la moderación salarial. Se trata de utilizar al colectivo de funcionarios para concienciar al sector privado. El Gobierno teme que se esté produciendo una grave espiral precio-salario.
Según la encuesta de salarios, el aumento de sueldos en las grandes empresas hasta el mes de junio ha llegado al 6%. Los resultados de la negociación colectiva indican que los 7,3 millones de trabajadores que han firmado su convenio lo han hecho con aumentos por encima del 3,5%. La subida en los nuevos convenios ha sido del 4,1%. A estos incrementos hay que añadir el efecto arrastre de las cláusulas de revisión salarial y las derivadas (antigüedad, subida de categoría, etcétera). Por eso, las subidas reales superan el 5%. Así se pone de manifiesto en la encuesta trimestral de costes laborales, en la que se refleja que la subida salarial media se sitúa en el 5,3%.
Para el próximo año la espiral salarial se incrementará, según los expertos consultados, a pesar del fuerte aumento del desempleo a causa del efecto arrastre de las cláusulas de revisión.
Hay que tener en cuenta que las cláusulas de revisión se han generalizado ya en la negociación colectiva (se incluyen en el 78% de los convenios). Esta es la razón por la que tanto el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como el ministro Solbes reclaman desde antes del verano un pacto de rentas que modere los aumentos salariales. Se trata de que patronal y sindicatos firmen un pacto que supedite los aumentos salariales a la creación de empleo.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez, ya han anunciado que no pedirán sacrificios salariales a los trabajadores. Según argumentan, cuando el Gobierno decidió repartir 400 euros a cada contribuyente, el mensaje que se lanzó era la necesidad de gastar más para superar la crisis, es decir, estimular el consumo. Por eso consideran que sería contradictorio ahora recortar el poder adquisitivo de los salarios. «Los salarios no son los culpables de las elevadas tasas de inflación, sino el petróleo y los elevados beneficios empresariales», argumentan.
El Banco de España es partidario de una fuerte contención del gasto. Esto equivaldría a una congelación salarial para los funcionarios similar a la que hizo el propio Pedro Solbes en la crisis de 1994 y la que repitió Rodrigo Rato en la crisis de 1997.
Esta es una hipótesis que el Gobierno probablemente considerará en la reunión del Consejo de Ministros del próximo jueves 14. En principio el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no es partidario de una congelación salarial, ya que se trata de una medida políticamente muy impopular.
No obstante, el margen de actuación del Gobierno es muy limitado, ya que los gastos del Estado para el próximo año sólo subirán el 3,5%, sin contar los 1.500 millones extraordinarios previstos para afrontar el aumento de gasto en desempleo. El Gobierno ha decidido dar prioridad a los gastos que pueden contribuir a relanzar la actividad, como son las infraestructuras o la investigación. También se hará un esfuerzo para desarrollar la ley de Dependencia.
Esta es la razón por la que se recortará la oferta pública de empleo un 70% respecto a la realizada en el presente ejercicio, en que se han convocado 36.000 nuevas plazas de funcionarios. Para el 2009 apenas llegarán a 10.800 plazas.