Hay un segmento de la esfera institucional colombiana que no ha podido ser doblegado por el Estado mafioso y que constituye su piedra en el zapato: la Corte Suprema de Justicia. El resto de Cortes han sido virtualmente cooptadas. La Corte Constitucional, que unos años atrás fue paradigmática por su sapiencia, su rigor, su pulcritud, […]
Hay un segmento de la esfera institucional colombiana que no ha podido ser doblegado por el Estado mafioso y que constituye su piedra en el zapato: la Corte Suprema de Justicia. El resto de Cortes han sido virtualmente cooptadas. La Corte Constitucional, que unos años atrás fue paradigmática por su sapiencia, su rigor, su pulcritud, su transparencia, su enorme sensibilidad social que le permitió moderar la voracidad del modelo neoliberal y el capital financiero a fuerza de hacerles cumplir normas constitucionales que hacían prevalecer al hombre sobre la economía, esa Corte que presidió Carlos Gaviria -hoy presidente del Polo Democrático-, posteriormente fue contaminada y coadyuvó a la reelección de Uribe al hacerse la de la vista gorda ante el evidente cohecho que protagonizaron congresistas como Yidis Medina y altos funcionarios del Estado a más de otras irregularidades ostensibles y de conocimiento público. A la sazón, el presidente de la Corte, ficha de Uribe, avaló la reelección a cambio de la embajada en París para su padre.
No obstante, todo iba bien para la Corte Suprema en sus investigaciones sobre la parapolítica. A pesar del crecido número de parlamentarios que iban cayendo, uno investigados y otros detenidos, a Uribe solo le preocupaban sus proyectos en el Congreso. «Lo importante es que voten antes de que los encarcelen», dijo. Pero cuando se enteró en Washington, por los medios, que su primo entrañable, Mario Uribe -con quien hizo, hombro a hombro, su carrera política, y desde el principio- había sido apresado por concierto para delinquir, se descompuso y desde entonces inició un asedio implacable contra la Corte, en especial contra la Sala Penal de la misma y contra el brillante magistrado Iván Velázquez, coordinador general de las investigaciones sobre la parapolítica.
El primer golpe lo recibió a los pocos días de haber sido confinado Mario Uribe. Santiago Uribe, hermano del Presidente, fue el encargado de entregarle a éste una carta de ‘Tasmania’, un pavoroso paramilitar, en la cual se acusaba a Iván Velázquez de haberle hecho propuestas indecentes para hundir a ciertos presuntos parapolíticos, acusación que obligó a la Fiscalía a abrir una investigación contra el magistrado. La misma Fiscalía General de la Nación, en manos de un ex subalterno de Uribe, tuvo que cerrar el caso contra Velázquez, por considerarlo «un burdo montaje», en el cual se dejó entrever que sus artífices fueron Mario Uribe y Santiago Uribe, este último un verdadero personaje en los libros escritos sobre el mandatario colombiano en los cuales se le señala como el jefe de la banda paramilitar ‘Los doce apóstoles’ acusada de varios genocidios. (Sobra el comentario acerca del hermano de un Presidente que obra en calidad de mensajero de un tenebroso criminal para enlodar a un magistrado de las altas Cortes).
Posteriormente, cuando la Corte falló contra Yidis (en el famoso escándalo de la ‘Yidispolítica’) y la sentenció a pagar una pena por cohecho, en el cual aún no se ha fallado contra la otra parte que contempla a un ministro, a un embajador y al mismo mandatario, Uribe llegó a decir que algunos magistrados «tenían nostalgia del terrorismo agonizante» (revista Semana, 17-08-08), frase que pronunciada por el Presidente equivale a una pena de muerte en Colombia, a tiempo que acusaba a los senadores de la oposición Gustavo Petro y Piedad Córdoba de haber organizado un «cartel de testigos» para involucrar a sus adláteres en la parapolítica
En el hostigamiento incesante no dejan de actuar los mismos congresistas, los presidentes y ex presidentes del senado involucrados en investigaciones sobre parapolítica. El 13 de Agosto, según Semana, en reunión celebrada entre Uribe y su bancada uribista en la Casa de Nariño «lo que más llamó la atención fue el propósito del líder de envalentonarlos. ‘Insistentemente -contó un asistente a la revista- nos dijo: ¡no hay que tener miedo!» (Semana, 17-08-08). Porque es natural que los embargue el miedo al tener que enfrentar a la justicia con armas tan sucias teniendo semejante rabo de paja.
A estas alturas no se sabe si la Corte pidió auxilio a la Corte Penal Internacional o si fue una coincidencia que ésta enviara un carta al gobierno firmada por el argentino Luis Moreno, Fiscal de la CPI, en la que pide se le informe «Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluidos dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente aliados a los grupos desmovilizados» y pregunta si «la extradición de los jefes paramilitares a EE.UU presenta algún obstáculo para la investigación de estos políticos». Es decir que la CPI estaría más interesada en que se juzgue a los autores intelectuales que a los criminales confesos. Siempre se ha dicho que los paramilitares fueron, aún más, corrompidos por los políticos.
De todas maneras como estaba previsto, tenía que llegar un momento en que la justicia internacional hiciera presencia en el país, al fin de cuentas Colombia es signataria del Tratado de Roma.
«Lo que está en juego -dice la valiente periodista María Jimena Duzán- es la capacidad del Estado para desarticular el poder de una mafia que, lejos de haberse desmoronado, se ha ido incrustando en los círculos de poder; una mafia que opera desde adentro y no desde afuera, como lo hacía Pablo Escobar, y que se está haciendo sentir cada vez más en regiones como Norte de Santander o el Valle del Cauca, por no hablar del resurgimiento de la Oficina de Envigado. Una mafia que puede decretar asesinatos desde dentro del Estado como pudo haber sucedido con el de Álvaro Gómez, ordenado al parecer por un coronel de la Policía que era todo un jefe de la mafia, según se desprende de las revelaciones hechas por SEMANA sobre el testamento de Castaño. Es esa mafia la que está detrás de la para-política y de la campaña contra la Corte. Nada más ni nada menos». (Semana, 17-08-08).
Pero ese reducto de Estado no contaminado que es la Corte Suprema de Justicia está en ‘Jaque’ y requiere de urgencia la solidaridad nacional e internacional.