La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales acaba de publicar su sexto informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile. La lectura del informe deja un sabor amargo, dada la cantidad de situaciones irregulares en las cuales sigue incurriendo actualmente el Estado de Chile en materia de derechos humanos, cuando ya están prontas a […]
La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales acaba de publicar su sexto informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile.
La lectura del informe deja un sabor amargo, dada la cantidad de situaciones irregulares en las cuales sigue incurriendo actualmente el Estado de Chile en materia de derechos humanos, cuando ya están prontas a cumplirse dos décadas del fin de la dictadura pinochetista y de la vuelta a la democracia.
El siguiente extracto de la introducción del informe resume adecuadamente la vivencia cotidiana de los DD.HH. en el pais:
Una república que se apresta a celebrar doscientos años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe. Existen dificultades para comprender cómo el Estado de Chile permite las humillantes condiciones en las que miles de adolescentes privados de libertad se encuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia o con las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se registran en diversas cárceles de Chile.
Asimismo, un Estado que no reconoce adecuadamente el derecho a la huelga de sus trabajadores, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital. A su vez, un sistema de justicia que no logra garantizar acceso efectivo y de calidad para los más desaventajados económica y socialmente justifica, en el tiempo, una justicia para ricos y otra para pobres. En el mismo sentido, un estado de derecho que, a pesar de haber sido condenado internacionalmente, mantiene un sistema de justicia militar para juzgar a civiles por delitos comunes, abusando del mismo para la represión política, traiciona su lealtad con el debido proceso.
En fin, un Estado que se llama protector, pero que carece de personal e infraestructura para la adecuada prestación de servicios sanitarios, que humilla a sus mujeres al no reconocerles su autonomía sexual y reproductiva, que concentra el impacto negativo ambiental en los sectores más desaventajados, que hace un uso excesivo de la represión policial y penal con sus pueblos originarios y que permanece generalmente pasivo frente a la discriminación de sus minorías sexuales y el desarrollo de una política integral de su población discapacitada, parece tener serias dificultades para mirar de frente a sus ciudadanos. Ése parece ser, lamentablemente, el caso de Chile.
El informe completo puede descargarse aquí