La aparición de la asignatura de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» ha generado polémica social y jurídica entre el gobierno del PSOE y algunos sectores sociales (Partido Popular, Iglesia Católica y algunas asociaciones cercanas). Si analizamos la carga horaria de esta materia, sus contenidos y los cambios que supone, es incomprensible tanta […]
La aparición de la asignatura de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» ha generado polémica social y jurídica entre el gobierno del PSOE y algunos sectores sociales (Partido Popular, Iglesia Católica y algunas asociaciones cercanas).
Si analizamos la carga horaria de esta materia, sus contenidos y los cambios que supone, es incomprensible tanta polémica. Con respecto a la carga horaria, «Educación para la Ciudadanía», como tal, tiene una asignación de 85 horas a lo largo de toda la etapa de enseñanza obligatoria (50 en Educación Primaria y 35 en 3º de E.S.O.) En otros curso, estas enseñanzas se incluyen en otras materias que ya existen: en 4º de ESO, la actual «Vida Moral y Reflexión Ética» se transforma en Educación Ético – Cívica; y en lo que respecta a Bachillerato, la «Educación para la Ciudadanía» se incluye dentro de «Filosofía y Ciudadanía». En cuanto a los contenidos oficiales de la materia nos encontramos con una educación en valores de diálogo, participación, respeto a la diversidad, solidaridad, igualdad social y de género; un análisis de los derechos humanos y las relaciones entre valores democráticos y bienestar social; problemas sociales del mundo actual (globalización, conflictos armados, pobreza…); las teorías éticas, una cultura para la paz, etc.
Paradójica es la oposición a esta asignatura por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica pues la Enseñanza Religiosa (adoctrinamiento moral) se imparte como asignatura optativa en todos los cursos de enseñanza preuniversitaria, desde Infantil hasta el Bachillerato, con una asignación horaria de unas 665 horas en total; siendo, además, una enseñanza costeada por el erario público sostenido por todos los ciudadanos, creyentes o no. ¿Dónde está el desequilibrio y el adoctrinamiento?
También es difícil de entender la llamada a la objeción de conciencia hecha por algunas asociaciones católicas pues si el argumento es que mediante esta asignatura se educa en valores que pueden cuestionar o ser contrarios a los valores morales que transmite la familia «cristiana», por el mismo motivo, podrían pedir la objeción de conciencia a materias como Filosofía, Historia, Biología, Ética y otras que incluyen contenidos que pueden entrar en contradicción con sus valores morales o religiosos.
Toda esta oposición ha dado sus frutos y todo hace indicar que el Ministerio de Educación tenía pensada una asignación horaria más amplia para esta asignatura. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el gobierno de Zapatero ha cedido a esas presiones y otras que han podido surgir incluso dentro del propio PSOE.
Menor difusión ha tenido el rechazo que esta asignatura ha generado en sectores sociales de la izquierda y en algunas asociaciones de profesores, rechazo motivado por distintas causas: asignación horaria escasa, modificación de asignaturas como Filosofía o Ética, temario oficial poco crítico con la realidad sociopolítica y económica, etc.
La pregunta clave sería: ¿es necesaria una educación para la ciudadanía?
Parece importante que las personas aprendan a vivir en sociedad, es decir, a convivir, a ser ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes; aunque la cuestión que ya no está tan clara es si esa formación se debe hacer desde una asignatura, o si debe desarrollarse como un contenido transversal en todas las materias.
En el desarrollo de esta problemática se han alzado voces para defender la idea de una educación «neutra» desde el punto de vista ético, pero resulta que eso no es posible porque el propio sistema, los educadores, los libros de texto, etc., transmiten, con mayor o menor intencionalidad, diversos valores. Además, pienso que tampoco es deseable porque el sentido último de la educación debe ser la formación integral de la persona y, sin duda, los valores éticos y políticos forman parte de esa formación.
Parece por tanto inevitable una educación en valores, el problema es ponerse de acuerdo sobre los valores que deben prevalecer.
El argumento de la jerarquía católica y algunas asociaciones cercanas a ella para rechazar la «Educación para la Ciudadanía» es que la educación de valores corresponde a la familia y no al estado; pero quizás lo que están rechazando es que se enseñen otros valores distintos a la moral católica. Seguro que si esta nueva asignatura tuviese como eje de enseñanza los valores del catolicismo no habría tal rechazo. No hace tantos años, la Iglesia Católica sí era partidaria de que el estado impartiese a todos una educación en valores de forma obligatoria; eso sí, se trataba de difundir los valores del catolicismo. Sospecho que en los centros privados y concertados bajo su tutela, como el temario admite cierta flexibilidad, esta asignatura se habrá convertido en una especie de religión católica II.
Si el objetivo fundamental de la educación es que los jóvenes den lo mejor de sí mismos y aprendan a ser ciudadanos, a convivir en comunidad, a integrarse en ella y en sus problemáticas de una forma libre, responsable, participativa y crítica; todo ello va a tener que ser desde unos valores. La cuestión es, ¿desde qué valores? Parece razonable que frente a valores restrictivos y sectarios prevalezcan aquellos más acordes con lo que supuestamente es una sociedad democrática: dignidad e integridad de cada persona – ciudadano, libertad y responsabilidad en un contexto de reciprocidad, igualdad de derechos y deberes, justicia social, respeto y tolerancia, diálogo, solidaridad, verdadera participación política… En fin, todos aquellos valores que nos hagan avanzar en el camino hacia una verdadera democracia.
Claro que una educación basada en estos valores chocaría con una realidad social en la que la ciudadanía tiene poco contenido. En el sistema socioeconómico en el que vivimos, con grandes carencias democráticas y donde priman la competitividad, el individualismo y los intereses de una minoría, el ciudadano no es más que una pieza que produce y consume al ritmo que marcan quienes dirigen esta orquesta, y se le convierte en protagonista sólo por un momento en procesos electorales muy controlados, pero todo ello no deja de ser una escenificación muy lejana de lo que es la democracia. Alguna vez tendríamos que exigir a nuestros gobernantes que nos expliquen qué quieren decir cuando dicen «democracia».
Es hora de desenmascarar la mentira en la que vivimos: «democracia», «derechos humanos», «igualdad» … ¡Demagogia y pura palabrería! No existe la democracia porque los ciudadanos están muy lejos de los centros de poder y se gobierna (decide) sin su participación, es decir, la ciudadanía está prácticamente vacía de contenido político. Con respecto a los derechos humanos, eje central de esta nueva asignatura, hay que decir que son un espejismo para mucha gente y que se pisotean cada día por quienes deberían protegerlos y promocionarlos.
Hay que cuestionarse la relación entre democracia y liberalismo económico (capitalismo) pues presenta grandes contradicciones. Si lo que prima y gobierna es la economía de mercado, entonces queda poco espacio para la acción política, la democracia y la ciudadanía democrática. Es necesario dotar de contenido a la ciudadanía y someter la economía a decisiones políticas democráticas. Sólo así tendrá sentido hablar de ciudadanía democrática y de democracia.
Bartolomé Miranda Jurado es profesor de Filosofía.