Dos abogados colombianos que hasta ahora guardaron el secreto han contado a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos. Ya estaba totalmente acordada la traición de dos mandos guerrilleros que entregarían a los dos estadounidenses secuestrados a cambio de una fuerte suma de dinero ofrecida […]
Dos abogados colombianos que hasta ahora guardaron el secreto han contado a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos. Ya estaba totalmente acordada la traición de dos mandos guerrilleros que entregarían a los dos estadounidenses secuestrados a cambio de una fuerte suma de dinero ofrecida por los servicios de inteligencia estadounidenses. Los dos guerrilleros podían terminar asilados en Francia. Sin embargo, el gobierno de Colombia interceptó la operación para atribuirse los honores del rescate, los dos guerrilleros creían estar entregando a los retenidos según lo negociado y acabaron burlados.
Esta versión se ajusta perfectamente a la argumentada por la dirección de las FARC, quien afirmó que fue traicionada por los dos mandos responsables de la custodia, y demostraría que el gobierno Uribe sólo se dedicó a interceptar -y poner en serio peligro- una negociación que ya estaba cerrada. El gobierno de Colombia camufló aviones militares con color blanco para que pareciesen de una organización humanitaria y disfrazó a los militares de miembros de la Cruz Roja y periodistas de Telesur sin importarle violar la Convención de Ginebra. De esta forma, los dos guerrilleros creían estar entregando a los secuestrados según lo negociado y terminaron engañados. Y, de paso, se creaba suficiente desconfianza en la guerrilla para cerrar cualquier otro posible acuerdo humanitario.
Detalles inéditos de la Operación
Jaque GONZALO GUILLEN / ENH BOGOTA 
Los helicopteros de fabricación rusa utilizados por el ejército fueron pintados de blanco para la operación
A medida que pasa el tiempo, se conocen nuevos detalles de los esfuerzos que se hacían tras bastidores en varias partes del mundo para buscar una solución a la angustiosa situación de un grupo de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre quienes se encontraban la ex congresista Ingrid Betancourt y tres contratistas del gobierno de Estados Unidos.
Dos abogados colombianos que guardaron en secreto su participación en uno de esos esfuerzos, le contaron a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos.
Carlos Arturo Toro López, uno de los abogados que más casos de extradición ha llevado en Colombia, y su colega, que prefirió no ser identificado, sostienen que cuando escucharon la propuesta que hicieron intermediarios de las FARC para la liberación del grupo de secuestrados, contactaron a la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Según ellos, se comunicaron con funcionarios de agencias federales de inteligencia de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como con una fiscal colombiana especializada de la división de antiterrorismo y un agente especial del CTI [Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Colombia] que estuvo al tanto durante todo el proceso.
También contactaron al abogado penalista de Atlanta, Georgia, Jeffrey Manciagli, quien agregó al grupo a un socio suyo. Ambos aceptaron encargarse de llevar el caso ante las autoridades norteamericanas, porque «si tú negocias aquí [Colombia] y no negocias con los gringos, no has negociado nada», dijo el socio de Toro López en diálogo con este reportero.
Los dos penalistas colombianos y Manciagli comenzaron a preparar la entrega de secuestrados a través de un fluido cruce de correos electrónicos al cual El Nuevo Herald tuvo acceso.
El 21 de mayo le informaban a Manciagli: «Como sabes, estamos tratando de llevar a cabo una negociación muy importante, donde necesitaríamos tu colaboración para cuadrar la compensación por la gestión profesional de nosotros y la cual debe desarrollarse en tu país. De otro lado, de ser cierto los acercamientos que estamos haciendo sobre el tema, tendrías que viajar a Colombia en estos días [. . .] ¿podemos contar contigo?»
El 5 de junio los dos abogados colombianos insistieron en la necesidad de que Manciagli viajara a Colombia, a lo cual éste respondió: «Lo que sí puedo confirmar es que el gobierno americano ofrece una recompensa de $350,000 por los tres [estadounidenses] y que el gobierno tiene un fondo de $100,000,000 para dar recompensa para los que logran la libertad de ellos y a Ingrid. Estoy muy interesado en esto».
El asunto avanzaba y el 23 de junio Manciagli ya tenía un socio para el caso y ese día le escribió a Toro López: «Hablé con mi colega [aquí el nombre del colega] y está listo tan pronto sea necesario. O lo llevo a Colombia dos veces, pero tiene casi dos años que no ha ido y tiene muchas ganas de regresar. Esperamos lo mejor. Atentos saludos, Jeffrey».
El contacto principal que mantuvo el puente entre los abogados y los dos carceleros de las FARC expuso que »ellos van a dar unas coordenadas a las que hay que llegar en helicópteros, los dos guerrilleros se subirán con los rehenes, se producirá la liberación y se les debe garantizar que no van a ser extraditados a Estados Unidos», contó el abogado no identificado.
«Un requisito que quedó muy claro era que no se iba a hacer ni un solo disparo porque la zona a la que llegarían los helicópteros iba a estar llena de guerrilleros y en caso de comenzar un tiroteo los dos jefes de las FARC se pondrían con sus fusiles del lado de su gente», agregó el abogado no identificado.
Cuando el plan de entrega planteado por las FARC estaba claro, los abogados hablaron con un funcionario del FBI, con otro de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), y otras agencias.
«Los gringos [de las agencias de inteligencia] mostraron total interés», contó el abogado no identificado.
»Nos dijeron que apenas hubiera algo concreto ellos entrarían a aportar todo el asesoramiento, el apoyo y todo lo que fuera necesario», pero «ellos decían que para dar el primer paso se necesitaban indefectiblemente pruebas de supervivencia, pero nunca las hubo».
Simultáneamente, antes de llegar a la liberación física de los rehenes, los abogados colombianos le dieron al contacto principal copias de un poder de representación judicial que debía llevarles hasta la clandestinidad a Antonio Aguilar, alias César, y Alexander Farfán, alias Enrique Gafas, para que los firmaran autorizando las gestiones y el mandato que iban a llevar a cabo.
El Nuevo Herald obtuvo copia del poder en que los dos abogados colombianos previeron la mayor cantidad posible de circunstancias para actuar que incluía «aproximaciones, contactos, consultas…», con autoridades con el objeto de acordar «todo lo atinente al suministro por mi parte, de información sobre temas específicos de interés para la seguridad nacional y la paz del país, en especial, dentro del marco de la política de seguridad democrática del actual gobierno de Colombia, que pudieran conducir al descubrimiento y la incautación de bienes en general, armas, material de intendencia, instalaciones estratégicas y valores de procedencia ilícita, y/o a la localización y captura de personas miembros de grupos armados al margen de la ley».
Copias del poder les fueron entregadas a oficiales de las agencias de inteligencia estadounidenses, a la fiscalía colombiana y al agente especial del CTI que asistió a todo el proceso. Por los días en que los abogados se cruzaban correos electrónicos y mantenían al tanto del asunto a agentes legales y policiales de los dos países, el presidente de Francia, Nicolás Sarcozy, estaba empeñado personalmente en una campaña por la liberación de Ingrid Berancourt, quien tiene nacionalidad francesa. Sarkozy había ofrecido dar asilo a los guerrilleros que liberaran a rehenes de manera unilateral.
Mientras las copias del poder viajaban hacia el sur de Colombia en manos del intermediario para que las firmaran los dos carceleros en sus guaridas amazónicas, el 13 de junio del 2008 el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reveló que Ingrid Betancourt aparentemente formaría parte de un grupo de secuestrados que iban a ser liberados por guerrilleros que esperaban beneficios a cambio, entre ellos el de no ser extraditados a Estados Unidos.
«A un guerrillero que está ofreciendo que va a entregar a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados, se le mandó una carta que él pidió. La mandó la directora del DAS [policía secreta] con mi autorización, de que si cumple con eso no se le extradita. Ojalá esto sea verdad», dijo Uribe aquel 13 de junio durante un discurso en Bogotá pronunciado en un foro llamado Inseguridad, dolor evitable, al que asistieron varios ex presidentes de América Latina.
Dos días después, el comité de apoyo a Betancourt que funcionó durante años en París pidió ayuda del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para obtener la liberación de los secuestrados en poder de las FARC, incluyendo a los tres ex militares estadounidenses contratistas del Pentágono (Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes), quienes quedaron en poder de las FARC el 13 de febrero del 2003, cuando cayó a tierra en el departamento de Caquetá el avión Cessna Caravan-208 que tripulaban durante un vuelo de rutina en busca de plantíos de coca y de posiciones guerrilleras.
«Pedimos a George W. Bush que haga todo lo posible para que sus conciudadanos y todos los rehenes de las FARC sean liberados por fin, en condiciones que garanticen su supervivencia», pidió el Comité con motivo de una visita de dos días de Bush a Francia en el desarrollo de una gira por Europa.
Con las firmas otorgando poderes a los abogados el proyecto entraría en la etapa final: los secuestrados serían liberados y saldrían de la selva en dos helicópteros junto con sus dos principales carceleros. Estos quedarían al amparo de un tercer país, preferiblemente Francia, para recibir asilo.
Pero el emisario que debía regresar con el poder firmado comenzó a tardar. Los abogados creen que habían transcurrido unos 15 días cuando fueron sorprendidos por las noticias el 2 de julio: los tres estadounidenses, Ingrid Betancourt y 11 militares y policías colombianos habían sido liberados en el transcurso de una operación de rescate «exactamente igual a la que nosotros habíamos preparado».
La única diferencia consistía en que los mandos militares colombianos sostenían que los dos jefes carceleros habían sido engañados por los servicios de inteligencia, que los redujeron a golpes y con sedantes en pleno vuelo mientras los rehenes comenzaron a saltar emocionados dentro de uno de los helicópteros después que un oficial les anunció: «Somos el Ejército de Colombia, están libres».
Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana habían sido pintados de blanco y rojo simulando ser de rescate y salvamento y eran tripulados por oficiales encubiertos que sacaron a los secuestrados fingiendo ser una misión humanitaria internacional que los llevaría, junto con los carceleros, hasta el campamento clandestino de Guillermo Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, máximo jefe de la organización terrorista.
«Bueno, otra cosa que resultó distinta fue lo de Aguilar y Farfán. No estaba previsto que quedaran presos ni que fueran a ser extraditados a Estados Unidos», contó el abogado no identificado.
Mientras la prensa internacional transmitía la noticia de la liberación, Manciagli, confundido, escribió un correo electrónico a sus colegas colombianos:
«Es muy buena noticia que han liberado a estos rehenes. Pero tengo mis dudas que pasó como todos están diciendo. No creo que fue un rescate».
En conversación con El Nuevo Herald, Manciagli expuso:
«A mí me pareció muy extraña la manera como están diciendo que todo eso pasó, que los engañaron [a los carceleros de las FARC]. No creo la historia que dieron. Para mí, no fue así pero cuando eso salió en las noticias la primera cosa que yo pensé es que era un engaño, porque, como digo, me habían hablado exactamente de ese tema unas dos o tres semanas antes, el doctor Toro».
Manciagli sostiene: «Mi hipótesis es que sí había una negociación y que ellos [los guerrilleros] pensaron que estaban entregando a esa gente como habían negociado. Pero el gobierno [de Colombia] quiso tomar el crédito para ganar más publicidad y todo lo que viene. Eso es lo que yo creo».
La liberación es reclamada por Colombia como un rescate genial de su inteligencia militar y así es reconocida internacionalmente.
Hace dos semanas los abogados defensores de los dos carceleros, los penalistas Rodolfo Ríos y Eduardo Matías, aseguran que agentes del FBI habrían participado en la Operación Jaque y renunciaron a ejercer la defensa alegando que sus clientes los habrían engañado ocultándoles información valiosa sobre el caso.
A raíz de la protesta de Ríos y Matías se supo que en el pedido estadounidense a Colombia para la extradición de Aguilar y Farfán se revela que el FBI posee una computadora de este último. Esto, de acuerdo con los defensores, lo desconocía la propia justicia colombiana.
«Conocimos en la solicitud de extradición, hace apenas cinco días, que al momento de la captura de Alexander Farfán le fue incautado por agentes del FBI un computador con valiosa información», dijo uno de los abogados defensores de los carceleros cuando anunciaron su renuncia.
«Se ha convertido al defensor en un simple espectador, sencillamente para que se simule que hay defensa como requisito formal, pero totalmente limitada en el ejercicio de la defensa técnica y de refutación de prueba», agregó.
Ríos y Matías protestaron también porque, aseguran, durante los dos meses en que ejercieron la defensa de los terroristas no pudieron conocer el contenido de grabaciones hechas a conversaciones que Aguilar había sostenido con miembros de la jefatura de las FARC a través de teléfonos satelitales y comunicaciones radiales.
Los abogados también protestaron porque no les entregaron copias de grabaciones inéditas de video que alias Farfán filmó durante la entrega de los rehenes con una cámara que le fue incautada cuando fue arrestado a bordo del helicóptero.
El informe policial en que se basa el pedido de extradición de los dos carceleros, elaborado por el agente del FBI, Lázaro Andino, asegura que de acuerdo con la información en el computador incautado se ha podido determinar que Farfán viajó a Brasil en el 2003 para cambiar un cargamento de cocaína por armas de guerra.
En cuanto a Aguilar, el informe dice que durante el 2007 hizo múltiples llamadas a una empresa telefónica de Estados Unidos con el objeto de que le indicaran cómo manejar un teléfono satelital que le había dado, a cambio de cocaína, el narcotraficante colombiano José María Corredor Ibagué.
Estos vínculos con el narcotráfico son los puntales para conseguir que la Corte Suprema de Justicia de Colombia conceda la extradición de los dos hombres.
¿En qué punto los abogados contactados para la entrega de los rehenes salieron del libreto y en cuál los terroristas carceleros perdieron la posibilidad de obtener los beneficios que pedían a cambio de su gesto de ‘buena voluntad’ »?
Una fuente de la fiscalía colombiana que confirmó la versión de los abogados, aportó una hipótesis a El Nuevo Herald. Una atractiva guerrillera, con el alias de Doris Adriana, que estuvo en las FARC desde los 16 hasta los 36 años, era amante de Aguilar en el momento de caer en manos de las autoridades colombianas en febrero del 2008.
Contactada por agentes de inteligencia estadounidenses en la cárcel, a última hora habría hecho el papel intermediario que les quitaron a los abogados. De este modo, los amantes podrían volver a reunirse. De ser así, se le debería a Doris Adriana una buena parte del éxito de la Operación Jaque.
Toro López, su colega colombiano y Manciagli no creen por completo en la versión oficial colombiana sobre el rescate.
Cualquier conversación con ellos sobre este caso termina entre risas con una anécdota, contada por el abogado no identificado.
«Apenas se conoció la liberación comenzaron a llamarnos amigos del FBI, de la policía y de la fiscalía para felicitarnos. Hay quienes no quieren creer que nosotros no pudimos llegar hasta el final de lo que salió calcado a lo que planeamos desde mayo».