La pasada semana, en el Club Diario Levante, el alcalde de Puerto Real, Juan Antonio Barroso (IU) imputado por el juez Grande Marlasca, de la Audiencia Nacional, por un posible delito contra la Corona que le puede costar la cárcel, aseguró que aquel discurso que si fue casual, ahora ya se ha convertido en una […]
La pasada semana, en el Club Diario Levante, el alcalde de Puerto Real, Juan Antonio Barroso (IU) imputado por el juez Grande Marlasca, de la Audiencia Nacional, por un posible delito contra la Corona que le puede costar la cárcel, aseguró que aquel discurso que si fue casual, ahora ya se ha convertido en una estrategia.
La del desafío y la toma de conciencia sobre la «opacidad» y la «inimputabilidad» que la Constitución española reconoce a la familia real y que, según añadió, «ha favorecido un enriquecimiento delictivo tanto de él como de su entorno familiar acreditado y reconocido en los foros políticos e intelectuales de este país».
Durante el acto se presentaba el Fòrum per la III República impulsado por la Unidad Cívica por la República. Y hacía poco que el diputado de ERC, Joan Tardá, había lanzado el «muerte al Borbón», pero matizando su afirmación, lo que dio pie al alcalde a considerar, con su desparpajo andaluz, que el catalán «se ha cagado» y apuntarse otro tanto en la rebeldía. «No es que yo quiera matar al Borbón. Quiero que rinda cuentas él y su familia ante la justicia de este país; que vea el advenimiento de la III República como manifestación de la madurez del Estado español y su pueblo; que se vea ante el juicio de la historia y ante el juicio ordinario, para que acredite su ingente fortuna estimada en 1.800 millones de euros», afirmaba Barroso, que no le perdona ni «la obtención ilícita de su fortuna, ni la manera obscena de abandonarse al más deplorable de los consumos a costa del erario público, ni su condición amoral por los polvos pagados con fondos del Estado».
Según Barroso, para que ese proceso se acelere, se pone en «desacuerdo» con los que esperan la asunción intelectual de los valores republicanos. Para Barroso, el cambio de modelo pasa «por la denuncia de las tropelías de la monarquía y su deslegitimación, como todos los actos del franquismo».
Su estrategia ahora consiste en no limitar su imputación a un debate sobre la libertad de expresión. «El juicio tenemos que convertirlo en un juicio a la monarquía con peritaje histórico por el que vayan discurriendo todos los que tienen algo que decir, como el intento de intervenir para que el gobierno autorice la venta de Repsol. ¿Para qué? para pasar el platillo».
Según sus palabras, «lo más estratégico para acelerar este proceso es la liquidación moral del Borbón», decía Barroso, para quien «el impulso republicano ha de beber de la denuncia de las fallas morales, éticas e históricas del Borbón y sus predecesores». Barroso los llama «corruptos, traidores, ladrones, amorales, golpistas, sediciosos?» y no contento, insta a «romper el cinturón de seguridad sanitario que les impermeabiliza» y que «impide que ninguna mácula pueda afectarle». Entre otras cosas, por la «connivencia de una prensa y de una clase política, en su mayoría, cortesana, bovina, genuflexa y sometida».
Para Marga Sanz, secretaria general del PCPV, el momento actual vive una esperanza que no es abstracta. Y es que «el velo impuesto de autocensura en la Transición ha caído y esa opción republicana que se nos negó como posibilidad política frente a la monarquía en la salida del franquismo empieza a surgir ligada a procesos emancipatorios y reivindicativos», tales como el feminismo, la igualdad, el ecologismo….
En su opinión, «el pacto constitucional que articuló la Transición está roto», y ha llegado el momento en que todas las instituciones y poderes reales del Estado «se sometan a la elegibilidad del ciudadano, incluyendo los que nunca han sido sometidos al veredicto de las urnas, como la jefatura del Estado». Su intención es «desenmascarar al privilegiado». Porque, como señalaba el coordinador del Club, Josep Lluís Galiana, citando a Platón: «el hombre libre no puede aprender nada como esclavo».
De hecho, para José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional y coordinador del acto, «aquí estamos explicando lo evidente», en pos del pacto de silencio. Pitarch recordaba que «no hay muerte como el olvido», al que calificó «gran socio de la impunidad», con lo que consideró la Transición, una transacción. Para Sanz, «la memoria histórica debe entenderse como un eje de resarcimiento de la verdad» y el problema aquí es que la Transición se hizo «manteniendo intactos algunos componentes nucleares del aparato del Estado franquista: el Ejército, la policía y la justicia», afirmaba.