El Estado español recibió en 2008 el número de solicitudes de asilo más bajo en 20 años. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Ley de Asilo que recorta las garantías legales de protección El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Ley de Asilo que, de prosperar en sus términos actuales, […]
El Estado español recibió en 2008 el número de solicitudes de asilo más bajo en 20 años. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Ley de Asilo que recorta las garantías legales de protección
El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Ley de Asilo que, de prosperar en sus términos actuales, supondrá un grave retroceso en el compromiso del Estado español con la protección de las personas refugiadas. Personas que huyen de su país por fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado y opiniones políticas.
En denuncia a este retroceso, Harresiak Apurtuz, CEAR-Euskadi y SOS Racismo llevaron a cabo ayer una movilización contra el recorte de derechos de las personas refugiadas en Bilbao.
Las ‘medidas’ de cierre de fronteras realizadas por el Gobierno español (de manera independiente o en operaciones de FRONTEX [1]) hacen que cada vez sean más las personas que fallecen en su intento de llegar a Europa. Según la APDHA [2], 581 personas perdieron la vida en 2008 intentando alcanzar las costas del Estado (342 en el Mediterráneo y 239 en el Atlántico). A esta cifra escalofriante hay que sumar las personas fallecidas en la travesía del desierto, más de 2.319, según la misma fuente.
El refuerzo del control de las fronteras pone en peligro la vida de muchas personas, constituye una violación del derecho humano a la libre circulación e impide a las personas refugiadas desplazarse a un país seguro en el que ejercer su derecho a solicitar la protección internacional. Estas medidas constituyen una clara violación de los tratados de protección de los derechos humanos y de protección de las personas refugiadas y vulneran derechos fundamentales de las personas migrantes.
En 2008, 4.516 personas solicitaron asilo en el Estado español. Es la cifra de solicitudes más baja en 20 años. Cayeron un 41,08% el número de solicitantes de asilo con respecto a 2007. Más de la mitad de las solicitudes fueron inadmitidas a trámite (50,78%), es decir, rechazadas sin ser sometidas a un estudio. El ministro de Interior sólo firmó la concesión del estatuto de refugiado a 151 personas (el 2,91% de las resoluciones).
En cambio, en Francia 24.353 personas solicitaron asilo en 2008 y 11.441 recibieron protección internacional.
La política de asilo que viene practicando el Gobierno español es sumamente restrictiva. Entre las personas refugiadas que logran llegar al Estado cada vez son menos las que solicitan asilo y las que lo hacen sufren una denegación sistemática. El Estado deniega la protección al 97%. La nueva legislación en trámite reduce ahora las garantías legales de protección que ya eran papel mojado, dejando en la más absoluta vulnerabilidad a quienes vienen huyendo de una persecución en sus países de origen.
En 2007, 1.598 refugiados iraquíes solicitaron asilo al Gobierno español a través de le embajada española en Egipto. Tras rechazar las solicitudes, el nuevo proyecto elimina la posibilidad de solicitar asilo desde una embajada o consulado español. Devalúa el papel de ACNUR [3] en el Estado; introduce el concepto de ‘países seguros’ que ampara el rechazo de las solicitudes de quienes proceden de esos países sin estudiar los casos -los Gobierno están considerando a Estados como Marruecos países ‘seguros’-; no especifica con claridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita contemplada en el actual marco vigente y no menciona expresamente la Disposición Adicional de la Ley de Igualdad en la que se reconoce el derecho a solicitar asilo de las extranjeras que huyen de sus países por motivos de género.
El proyecto avanza además en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en lugar de reforzar el estudio de los casos, incrementa aún más el margen de maniobra del Ministerio del Interior para descartar peticiones de protección internacional sin una valoración suficiente y justa.
El Gobierno español debe poner freno a las políticas internacionales que generan desplazamientos forzosos y asumir su responsabilidad en la acogida de las personas que se ven obligadas a huir de sus países a consecuencia de dichas políticas. No hay argumento alguno que justifique la pérdida de las garantías de los derechos humanos.
COMUNICADO ANTE LA NUEVA LEY DE ASILO
En defensa del derecho de asilo
Desde la defensa de los Derechos Humanos nos dirigimos al Gobierno español y a los partidos políticos para expresar que:
1. Constatamos con preocupación que el refuerzo del control de las fronteras europeas y el recientemente aprobado Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo suponen graves obstáculos para la protección de las personas refugiadas y vulneran derechos fundamentales de las personas migrantes.
2. En este contexto actual de construcción de un sistema europeo común de asilo, el Consejo de Ministros del Gobierno español ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Asilo. Esta reforma supone un retroceso en garantías y derechos hasta ahora reconocidos. Nos preocupa especialmente la devaluación del papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la utilización de listas de ‘países seguros’ y la eliminación de la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en las misiones diplomáticas españolas, así como el incumplimiento de las garantías alcanzadas en la Ley de Igualdad respecto a la protección de las mujeres perseguidas por motivos de género.
3. A pesar del compromiso de participar por fin en los programas de reasentamiento de personas refugiadas de ACNUR con un cupo anual, este avance queda eclipsado por el retroceso global que supone el proyecto de Ley.
4. La legislación en materia de asilo sólo debe modificarse para fortalecer y ampliar sus garantías, asumiendo la solidaridad con las víctimas desplazadas y refugiadas ante los nuevos y complejos conflictos que golpean diariamente la vida de millones de personas en muchas regiones del planeta.
Ante esta situación, reivindicamos que:
1. El Estado español debe cumplir sus compromisos con las personas refugiadas, respetando su dignidad y sus derechos, de acuerdo con las obligaciones legales contraídas.
2. El asilo debe proteger sin paliativos al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y a las mujeres perseguidas por motivos de género, sometidas en muchos lugares del mundo a prácticas como el matrimonio forzoso, la ablación genital o la violencia machista. Además, la lucha en defensa de los derechos humanos de otras mujeres es un trabajo político invisibilizado y muchas veces perseguido.
3. El asilo debe proteger también a las personas extranjeras que son víctimas de trata, una práctica que sufren en el Estado español con especial gravedad las mujeres con fines de explotación sexual.
4. El Estado español debe poner freno a las políticas internacionales que generan desplazamientos forzosos y asumir su responsabilidad en la acogida de las personas que se ven obligadas a huir de sus países a consecuencia de dichas políticas.
5. Las enmiendas al proyecto de Ley realizadas por las organizaciones sociales deben ser tenidas en cuenta y debe llevarse a cabo la reflexión serena y el debate profundo que ha faltado hasta el momento.
6. Pedimos que durante la discusión y tramitación del proyecto de ley en el Parlamento, el Gobierno asuma los compromisos adquiridos durante el plazo de enmiendas y asegure que la nueva Ley respete la Convención de Ginebra de 1951, el artículo 13.4 de la Constitución y todas las obligaciones adquiridas por el estado español al adherirse a los instrumentos internacionales de protección del derecho de asilo y, en general, de los derechos humanos.
Asimismo, llamamos al conjunto de la sociedad a reafirmar los valores de solidaridad y respeto hacia las personas refugiadas y a trabajar por construir un mundo donde los derechos humanos no sean papel mojado para la inmensa mayoría de la humanidad. Exhortamos al conjunto de la sociedad a movilizarse en la defensa del derecho de asilo, cada día más amenazado, un derecho imprescindible en la construcción de la convivencia, la justicia y la paz.
Para sumarse al comunicado: [email protected]
[1] Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX )
[2] Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía.
[3] Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados