La Ministra del Trabajo, Claudia Serrano, declaró el 11 de Abril: «Los desempleados actuales aumentarán desde los 600.000 actuales». No dice hasta cuánto ni hasta cuándo. Pero muchos economistas de gobierno y derecha admiten que en pleno invierno tendremos más de un 12% de la fuerza de trabajo total, abiertamente desempleada, desde el 8% actual. […]
La Ministra del Trabajo, Claudia Serrano, declaró el 11 de Abril: «Los desempleados actuales aumentarán desde los 600.000 actuales». No dice hasta cuánto ni hasta cuándo. Pero muchos economistas de gobierno y derecha admiten que en pleno invierno tendremos más de un 12% de la fuerza de trabajo total, abiertamente desempleada, desde el 8% actual. Esto significa llegar a unos 900.000 cesantes y esto sin contar los que, desalentados de encontrar trabajo, se quedarán en sus casas y son borrados de la estadística de la fuerza de trabajo. Todos reconocen también que aún en el supuesto optimista de que la recuperación productiva se inicie en el último trimestre del año, la desocupación seguirá muy alta. Si nada cambia y el modelo neoliberal continúa, pasarán años antes de volver a un desempleo moderado, como antes de la crisis. Así, los que aseguran que de todos modos estaremos mejor que durante los duros años de la crisis asiática, (1998-2002) van camino de equivocarse rotundamente.
La Ministra explicó que el gobierno está financiando puestos de trabajo de emergencia a través de los municipios. Esto es una ayuda para 25.000 personas, o sea, favorece a 4 de cada 100 de los actuales cesantes. Luego por aumento de la inversión y el gasto público se podría contratar a otros 60.000 desocupados, esto representa un 10% adicional. Finalmente por el capítulo de subsidios a la contratación de mano de obra juvenil, habría una cantidad adicional, muy difícil de estimar porque es muy posible que los empleadores despidan gente para recontratarlos con salarios más bajos, aprovechando el subsidio, pero los actuales cesantes seguirían esperando, aunque una parte menor de ellos se acoja al seguro de cesantía, por unos pocos meses. Con mucho optimismo podríamos llegar a la conclusión de que todos estos paliativos beneficiarían a lo más a un 18% del total de los cesantes del país. Para el 82% de ellos nada.
La Ministro dijo también que frente a los despidos, «no responsabilizamos a ningún sector específico porque la crisis se originó afuera». Olvidó reconocer la responsabilidad de los gobiernos de la Concertación que alegremente nos han hecho más dependientes de «afuera», con un sin fin de Tratados de Libre Comercio, sin resguardos ante una globalización descontrolada a la cual presidentes y ministros, parlamentarios de la concertación y de derecha le han cantado loas sin descanso. Claudia Serrano recuerda que «pedimos en todos los tonos» a los patrones que la última decisión sea el despido». Está claro que los ruegos de nada sirven. La industria Fanaloza del grupo pinochetista Briones despidió de una vez 210 trabajadores de su planta de Coronel. Y ahora otros 300 obreros de Penco que ganaban en promedio 400.000 pesos mensuales fueron enviados a sus casas por un plazo incierto, con un subsidio de 130.000 pesos mensuales. Por su parte, en el mes de Abril, la cadena de tiendas Inaudito se ha declarado en quiebra, dejando en la calle a más de 500 trabajadores. Tampoco se resuelve con ruegos la situación dramática que afecta a los 750 trabajadores de Bellavista Tomé, la fábrica más importante de esa ciudad que ya padece una alta cesantía y que después de un año y meses sigue paralizada. En circunstancias similares, el gobierno de Allende aplicó la legislación de entonces, intervino la empresa y los trabajadores volvieron a recibir sus salarios. Hoy la Derecha se opone con furia a que se restablezca una ley que permita poner en funcionamiento industrias paralizadas y para eso le sirve el sistema electoral binominal para aumentar sus cupos, mediante la exclusión.
En vez de ser la última decisión, el despido es la primera medida que aplican los gerentes, para aprovecharse de la crisis como pretexto. Eliminan así a los que reclaman contra los abusos, a los que promueven el derecho a sindicalizarse, a los que oponen a las jornadas excesivas o extenuantes. Quedan así con las manos libres para bajar los salarios de los que quedan. Los primeros juicios del trabajo bajo la nueva ley han demostrado que las demandas de los asalariados contra sus empleadores eran justas y los tribunales les dan la razón en la mayoría de los casos. Pero todavía se necesitarán más unidad, organización, consciencia y espíritu de lucha para que la clase trabajadora, que constituye el 70% de la población, recupere sus justos derechos arrebatados desde la dictadura y quienes han aceptado mansamente que las cosas sigan igual.
– José Cademártori fue el último ministro de Economía del Gobierno del Presidente Salvador Allende.