Un informe sobre ejecuciones masivas y extrajudiciales en Colombia será elevado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, informó el relator Philip Alston, al tiempo que lo contextualizó en el marco del programa denominado «Seguridad Democrática» que impulsa el Presidente Álvaro Uribe. Sin señalar una política de exterminio con responsabilidad […]
Un informe sobre ejecuciones masivas y extrajudiciales en Colombia será elevado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, informó el relator Philip Alston, al tiempo que lo contextualizó en el marco del programa denominado «Seguridad Democrática» que impulsa el Presidente Álvaro Uribe.
Sin señalar una política de exterminio con responsabilidad del Estado, el relator detalló en su informe una macabra acción de destrucción de grupos sociales por parte de militares, ex militares, paramilitares y presuntos mercenarios, quienes deberán ser investigados, procesados y enjuiciados.
Se trata de indagar con jurisdicción internacional al menos los 1250 casos documentados entre los años 2002 y 2008 de los asesinatos sistemáticos de civiles conocidos «falsos positivos» al ser presentados como guerrilleros muertos en combate para mostrar «éxitos» en la guerra contra la insurgencia del país sudamericano.
Después de una década de diversificadas prácticas de terrorismo y crímenes de lesa humanidad que llegaron al paroxismo social, la política contrainsurgente encabezada hoy por el presidente Uribe no sólo lleva entre sus destinatarios a la base social y grupos simpatizantes de organizaciones rebeldes, sino realizar una guerra total contra la población, sobre todo pobre.
Producto de la combinación de tácticas y estrategias de confrontación directa institucional e indirecta clandestina, el Estado colombiano sumó cadáveres y desapariciones aún sin develarse en su totalidad ni mucho menos quienes componen las fuerzas ejecutoras. Los falsos positivos son resultado de una cadena de complicidades y políticas de exterminio que alcanzan a toda la población, esté implicada directa o no en el conflicto armado.
La Organización para los Derechos Humanos (Codhes) asegura que sólo en el año 2002 fueron desplazas 412 553 personas, 4512 asesinatos políticos, 544 masacres con 2447 muertos, 744 desaparecidos y 783 arrestos arbitrarios de civiles. Al llegar al 2008 se triplicaron las cantidades. La población es el blanco de una estrategia global de Terrorismo de Estado.
Tres pilares son los que sostienen esta política: el Plan Colombia que delineó Estados Unidos en 1999 y que se extendió al Plan Andino; la guerra total internacionalizada en la región, territorio rico en recursos naturales y minerales controlada por empresas multinacionales, y la cada vez mayor actividad y protagonismo de las Corporaciones Militares Privadas (CMP).
Poco se sabe de éstas últimas, pero son el componente que abraza las «iniciativas de seguridad».
En estos últimos diez años, se registra la existencia de al menos 14 compañías de este tipo. Las CMP son el brazo directriz, difuso pero efectivo, que alienta, permite y posiblemente ejecuta las acciones que resultan en falsos positivos, entre otras desquiciadas funciones del terrorismo estatal.
Entre las empresas con jugosos dividendos se encuentra la DynCorp con sede en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ésta suministra entrenamiento de grupos especiales de reacción inmediata, vende servicios de seguridad y mantiene procesos de reclutamiento de mercenarios para actuar en el teatro de guerra.
Air Scan, por ejemplo, vigila los campos de extracción de Petróleo y oleoductos. Tienes aeroplanos Ceesnas-337 con cámaras de vigilancia de video e infrarrojos. Según fuentes informativas de prensa (Los Angeles Times, 17 de marzo de 2002), la firma realiza tareas de espionaje y sobre vuelos en territorio supuestamente bajo control de las guerrillas.
La Defense System Colombia (DSC), filial de la británica Defense System Ltd (DSL) se dedica a la vigilancia de oleoductos de la British Petroleum.
Amnistía Internacional denunció que DSC compró material militar para la XIV Brigada del Ejército colombiano «que tiene un historial atroz de violaciones de los derechos humanos.»
Quien asumió este proyecto de seguridad y «vigilancia energética» fue Roger Brown, un ex oficial de servicio secreto británico. Adquirió en 1997 armas para el ejército a través de la empresa de seguridad israelí Silver Shadow.
El objeto de venta fue un equipo sofisticado para la guerra antiguerrilla, tecnología de vigilancia y vehículos aéreos no tripulados para la inspección. Se entrenaron unidades policiales y del ejército en tácticas de contrainsurgencia, contención social y guerra psicológica.
Las empresas del terror llegaron silenciosas, pero efectivas para ofertar la muerte y convertirla en aparentes triunfos.