Intelectualmente emocionante el caso del ex ministro Juan Manuel Santos en torno a la orden de captura emitida por el juez ecuatoriano, Carlos Jiménez, que lo acusa de ser el ordenador de la muerte de 25 personas en su territorio, tras la invasión que el ejército colombiano ejecutó en ese país en procura de cazar […]
Intelectualmente emocionante el caso del ex ministro Juan Manuel Santos en torno a la orden de captura emitida por el juez ecuatoriano, Carlos Jiménez, que lo acusa de ser el ordenador de la muerte de 25 personas en su territorio, tras la invasión que el ejército colombiano ejecutó en ese país en procura de cazar a sangre y fuego al líder de las Farc, Raúl Reyes.
Es un asunto complejo, como dicen los eruditos cuando por limitaciones de entendimiento o de tiempo quieren sacarle elegantemente el bulto al análisis de una situación en la que todo el mundo tiene interés y posiciones divergentes.
1) Empezado por las ramas, el juez ecuatoriano le sirve en bandeja de plata una plataforma electoral al ex ministro, aspirante a la presidencia, en el altar del nacionalismo que permite ver a un Uribe con una elevada imagen popular del 80 por ciento en Colombia por su enfrentamiento con Correa, la misma o parecida imagen popular que tiene Correa en Ecuador por su enfrentamiento con Uribe. Es decir, si la razón es la misma, el apoyo popular a uno y otro no es racional sino emocional, y a esto se le llama: nacionalismo. Es como en el fútbol, por citar este ejemplo clásico, en aras de mayor comprensión.
2) Bajando por el tronco, resulta tropical que a un caso de baranda vaya a reducirse la invasión de un país a otro, asunto que debe ventilarse en los tribunales internacionales correspondientes con todos sus elementos y consecuencias derivadas, empezando por el jefe de Estado del país invasor que momentos después de la operación se responsabilizó ante las cámaras de televisión de Colombia de cualquier situación que del hecho en sí pudiera derivarse.
3) En el mismo sentido me parece también apresurada, comprometida y temeraria la declaración del jefe del Partido Liberal, ex presidente César Gaviria, diciendo que «el sistema judicial ecuatoriano no tiene competencia para juzgar a funcionarios del Estado colombiano». Que se sepa, una vez renunciado el ministro Santos, no le reviste ningún fuero que lo inmunice de los estrados judiciales aquí o en el exterior. Si entre los dos países existe un tratado de extradición, creo que sí puede el juez dictarle orden de captura porque se trataría de un crimen cometido en territorio ecuatoriano y el responsable, si no está en su territorio, puede ser pedido en extradición. Si no, ¿porque opera tan oportuna y ágil la extradición de colombianos a Estados Unidos, inclusive dando prioridad a los crímenes cometidos allá, como resultó ser en el caso de la extradición de los paramilitares que dejó a los jueces colombianos sin reos y sin testigos en el proceso de la mal llamada ley de Justicia, Reparación y Paz?
4) Aterrizando, resulta inapropiado que el hábil ex ministro diga en lacónico comunicado que «no responde»; pero sí responde diciendo que la acusación del juez ecuatoriano es contra Colombia. Vea pues: el ex ministro quiere involucrarnos en su particular asunto a todos. Eso me recuerda el caso de dos campesinos adultos que decidieron confesarse por primera vez. Cuando el primero se arrodilló ante el cura, éste empezó a sermonearle por no saber el Padre Nuestro ni nada, ni siquiera que… «por su culpa habían matado a Jesús». Entonces el campesino salió despavorido arrastrando a su amigo fuera de la iglesia diciéndole: «vámonos hermano que aquí mataron un tipo y nos quieren echar la culpa a nosotros».
5) Entrando en la raíz del asunto, y tal vez contradiciendo lo dicho atrás, no parece tan descabellado que un juez condene a alguien que desde un país vecino ordena matar en el país del juez, entre muchos otros, a uno de sus conciudadanos. ¿Qué estaba en compañía de sujetos calificados de terroristas en el país agresor?, ese no es asunto suyo. Lo cierto es que se cometió un crimen en su país (el del juez) en donde no existe la pena de muerte; el occiso no tenía antecedentes de terrorista y, si fuere el caso, tampoco se le dio oportunidad de defensa como reza el derecho en todos los países civilizados.
Otro caso es que en el país del agresor, los civiles e inocentes puedan matarse a bombazos contra las Farc en los campos colombianos sin ninguna responsabilidad moral o penal; que crímenes de estos han ocurrido y ocurren en el país de Uribe/Santos.
Quizás por tener rabo de paja es por lo que el propio Presidente se apresuró a decir desde Washington, donde se encontraba, que no permitirá que «toquen» a su ex ministro de la Defensa. Resulta como en el ajedrez que el Rey defiende a muerte a sus peones porque sabe que si caen, su cabeza también rueda.