El Gobierno remitió al parlamento un proyecto de ley que termina con la Ley Reservada del Cobre, la que estableció el insólito impuesto del 10% de las ventas de Codelco, destinado a la compra de armamento para las Fuerzas Armadas. Los defensores del cobre en manos cien por ciento nacionales siempre se opusieron a este […]
El Gobierno remitió al parlamento un proyecto de ley que termina con la Ley Reservada del Cobre, la que estableció el insólito impuesto del 10% de las ventas de Codelco, destinado a la compra de armamento para las Fuerzas Armadas.
Los defensores del cobre en manos cien por ciento nacionales siempre se opusieron a este impuesto que le resta competitividad a la única empresa del país cuyos excedentes van en su totalidad a financiar el presupuesto fiscal. Pero no se puede sino advertir que causa mucha preocupación el hecho de que el envío de ese proyecto coincida con numerosas señales en dirección a la privatización, que se han visto en los últimos días.
Entre ellas, la principal es, sin duda, la modificación del gobierno corporativo de Codelco, que como hemos venido advirtiendo, reduce la presencia de los trabajadores en el directorio de Codelco, al bajar de dos directores a uno; traslada la fiscalización directa de Codelco de la Corporación Chilena del Cobre a la Contraloría General de la República; somete la regulación a las mismas normas exigibles a las sociedades anónimas que cotizan en bolsa; aumenta las atribuciones del Ministerio de Hacienda, y sobretodo, establece la designación de directores por ternas que propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública, cuya composición en la práctica garantiza la designación conforme los criterios de la actual configuración binominal.
Pero, claramente, no es la única señal.
Dos de los candidatos presidenciales en competencia, Sebastián Piñera y Marco Enríquez O. anunciaron formalmente que en caso de resultar electos, privatizarán una proporción de la propiedad de Codelco.
Marcos Lima, ex Presidente Ejecutivo de Codelco, entre los años 1996-2000, es decir, el mismo período presidencial de un tercero de los candidatos, señaló hace unos días que Chile había perdido una gran oportunidad al no vender Codelco en cien mil millones de pesos hace dos años, cuando supuestamente valía ese precio, y que con esa cantidad se hubiese podido financiar el desarrollo del país.
Primero, eso es una falacia. Con los actuales niveles de reservas, con las que eventualmente se puedan descubrir y con la ampliación de las posibilidades de extracción mediante la incorporación de tecnología, Codelco vale fácilmente unas diez veces esa cantidad. Segundo, no hay una sola experiencia exitosa en el mundo que demuestre que utilizando los recursos obtenidos de la privatización de empresas públicas en gasto corriente, se avance hacia el desarrollo.
Pero aún cuando Codelco valiese lo que señala Lima, entonces menos puede entenderse la lógica de los privatizadores, considerando que entre 2004 y 2008, en el ciclo de precios altos del cobre, las transnacionales sacaron del país ochenta mil millones de dólares por concepto de utilidades e intereses. En otras palabras, en cuatro años se llevaron casi lo mismo que el valor total de Codelco, según el cálculo de Lima. Siguiendo esa misma lógica, le regalamos al capital transnacional casi los mismos recursos que requiere el desarrollo de Chile.
En suma, una verdadera confesión de partes.
Es en ese contexto que no puede dejar de preocupar el hecho de que justo ahora se envíe el proyecto de ley que termina con esa sangría para Codelco. Cabe la fundada y legítima sospecha de que, menos que beneficiar a Codelco, la medida apunta a asegurarle la rentabilidad a los eventuales «inversores», y que, en consecuencia no sea sino un nuevo paso en la refinada estrategia que están llevando a cabo los privatizadores para lograr un propósito que no pueden alcanzar de manera directa.
Una segunda reflexión que mueve a la inquietud dice relación con el eventual destino que se le asigne a los fondos que en virtud de ese proyecto de ley, queden liberados. Si esos recursos van a fondos generales de la nación, Codelco quedaría exactamente en el mismo lugar, y en proyecto de ley no lo habría beneficiado para nada. Cuando se discutió el mal llamado royalty, las mineras transnacionales pusieron el grito en el cielo e hicieron uso de su considerable capacidad de lobby, cuando se les fijó un impuesto del 5% a las utilidades, con el argumento de que se les estaba cambiando las reglas del juego.
Sin embargo, los mismos tránsfugas que permitieron la segunda desnacionalización del cobre, son los que critican acerbamente la caída de la productividad de Codelco y el aumento de sus costos, y los que omiten en sus análisis, la verdadera sangría que significa este impuesto no ya a sus utilidades, sino a sus ventas. Son los mismos que en su papel de exegetas y propagandistas del modelo de desarrollo vigente, sostienen la necesidad de la reinversión para mantener la competitividad de la empresa privada, y por tanto legislaron para darle los máximos beneficios tributarios imaginables al capital transnacional. Pero esa sencilla máxima de la economía se les olvida en el caso de Codelco, así como en su momento olvidaron la sacrosanta ley de la oferta y la demanda, y permitieron que la sobreproducción generada desde Chile deprimiera el precio internacional del cobre durante casi una década, ocasionándole al país pérdidas incalculables.
Una tercera razón que genera desasosiego dice relación con la exigencia de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que se les asegure un «piso» para la adquisición de armamento, con cargo al presupuesto general de la nación. Si el parlamento accede a esa exigencia, como es del todo previsible, y esos recursos se suman al presupuesto corriente de las Fuerzas Armadas y a la enorme carga para el Estado que significa el faraónico régimen previsional que las beneficia, se tendría uno de los gastos militares más altos del mundo, en proporción al Producto Interno Bruto.
Se trata no sólo de recursos que se le restan a la educación, la salud y la seguridad social del resto de los chilenos, sino que perfectamente inútiles.
En efecto, la mejor garantía para la paz duradera en la región es avanzar en forma rápida y decidida hacia la integración regional, en lugar de caer en el garlito de la carrera armamentista que está impulsando la potencia imperial, con el fin de desestabilizar los procesos políticos progresistas y de emancipación nacional, que cursan en América Latina.