En diferentes instancias de la ONU se han revelado ultimamente las deficiencias y la inexistencia de voluntad política del gobierno para mejorar la defensa y asegurar el ejercicio de los derechos humanos (DDHH), sobretodo en relación al pueblo mapuche. En primer lugar, en el Examen Periodico Universal sobre DDHH de la ONU, luego, en el […]
En diferentes instancias de la ONU se han revelado ultimamente las deficiencias y la inexistencia de voluntad política del gobierno para mejorar la defensa y asegurar el ejercicio de los derechos humanos (DDHH), sobretodo en relación al pueblo mapuche. En primer lugar, en el Examen Periodico Universal sobre DDHH de la ONU, luego, en el informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y en las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Estas instancias han puesto al gobierno chileno en una posición crítica frente a la opinión internacional, que descubre como se han conservado prácticas dictatoriales, como se ha estancado el proceso de ampliación de las libertades democráticas en el país y como falta todavía mucho por hacer con respecto a los DDHH en Chile.
El Examen Periodico Universal (EPU) es un nuevo mecanismo de control donde se revisa la situación general de los DDHH de cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU, y al que cada país está obligado de someterse cada 4 años. Los Estados miembros controlan y recomiendan a los Estados examinados. En esta ocasión Chile recibió 71 recomendaciones como resultado del diálogo entre Estados celebrado el 8 de mayo pasado, donde el ministro y secretario general de la presidencia de Chile, José Antonio Viera Gallo, presentó el informe nacional y respondió a los cuestionamientos de los Estados miembros. Las recomendaciones apelaban principalmente a la ratificación de Convenciones y Tratados internacionales, y a asegurar el cumplimiento de los ya adoptados. Del total de recomendaciones, Chile rechazó las relativas a revisar la legislación que penaliza el aborto en cualquier situación y a asegurar el acceso a todas las personas a información sobre planificación familiar y regulación de la fertilidad. Y, además, dejó cuatro pendientes: la ratificación de la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; la protección de los derechos de la familia; la realización de investigaciones exhaustivas de los presuntos casos de arresto y deportación de periodistas y cineastas que tratan los problemas de los Mapuche; y la revisión de la ley antiterrorista y su aplicación de modo que no pueda hacerse de ella uso abusivo para perseguir a miembros de las comunidades indígenas, en particular la Mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso. Por último, Viera Gallo anunció en esta oportunidad el compromiso voluntario de elaborar un «Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos que en su conception misma, se apoyará antes de su lanzamiento en amplias consultas con la sociedad civil». El anuncio sobre la elaboración de este Plan había sido dado por Bachelet en febrero de este año, en cuya ocasión expresó que el gobierno presentaría un Plan Nacional de DDHH en Octubre 2009. Hasta la fecha podemos constatar que no ha existido participación de la sociedad civil en su elaboración.
Para aprobar el EPU y responder sobre los puntos pendientes, el gobierno, representado por el Embajador Permanente del Estado chileno ante la ONU, Carlos Portales, expuso en Ginebra el 24 de septiembre ante el Consejo de DDHH de la ONU. En cuanto a los temas más delicados, Portales sostuvo que la libertad de expresión está protegida por la Constitución. Sin embargo, la modificación a esta ley, por la que se pretendía asegurar y proteger el trabajo de documentalistas, con respecto al secreto profesional y la seguridad de la fuente de información, acaba de ser rechazada en el Senado. En cuanto a ley antiterrorista, el embajador de Chile aseguró que entre el año 1999 y 2009, esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos, en sólo dos ocasiones a personas de origen indígena y negó ante el Consejo de DDHH de la ONU que el país hubiera utilizado abusivamente su ley antiterrorista en perjuicio de la comunidad mapuche. Sin embargo, sólo durante el gobierno de Bachelet son cinco las personas de origen mapuche a quienes se les ha aplicado esta ley y nunca por atentados a la vida, sino a la propiedad privada o por daño material. En su exposición, Portales no dió mayor cabida a los asuntos indígenas, siendo que gran parte de las recomendaciones adoptadas por Chile se referían a asegurar la observancia plena de los derechos de los pueblos indígenas, pero presentó como un mérito chileno la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, no explicó que su aplicación comienza violando el propio Convenio al no haberse sometido a consulta de las instituciones representativas de los pueblos indígenas conforme a la exigencia literal de dicho instrumento internacional. Los Estados miembros se mostraron satisfechos con la exposición de Portales, pero las 12 ONG internacionales aportaron un poco de realidad a la sesión, desmintiendo con argumentos sólidos gran parte del informe nacional. En representación de la Sociedad para la Defensa de los Pueblos Amenazados, Reynaldo Mariqueo señaló que «Chile se define a sí mismo como un país unitario de forma que desconoce en su singularidad a pueblos como el mapuche». Agregó que al impulsar una uniformidad cultural de base eurocéntrica, se mantiene la dominación y el colonialismo. Y que al denegar sus tierras ancestrales, se priva a los Mapuche de su identidad cultural, lo que representa una política de etnocidio. Por último, señaló que Chile tiene tratados acordados y violados no sólo con Wallmapu, sino también con Rapa Nui. Danielle Mitterrand, viuda del difunto ex presidente francés, quien dirige la Fundación «France Libertés», acusó a Chile de «criminalizar las demandas del pueblo Mapuche, aplicando una cruel represión», de la cual fue testigo. Denunció demás «la limitación de la libertad de expresión que sufren sectores que solidarizan con la causa Mapuche», así como la aplicación injustificada de la ley antiterrorista, «heredada de la dictadura militar (…) engendra pérdida de garantías de un proceso equitativo, mantiene en secreto una gran parte de la investigación, impone la prisión preventiva como medida de precaución y agrava las penas que la ley penal ordinaria aplica a los delitos comunes y de seguridad interior del Estado contra ese pueblo» y señaló que los atropellos a los DDHH «subsisten aún en democracia». Andrea Marifil, de la Asociación Internacional contra la Tortura afirmó que «Las protestas pacíficas que forman parte de los derechos constitucionales son continuamente reprimidas (…) en los últimos 6 años, 6 mapuches han sido asesinados por la policía, aun cuando los autores de dichos delitos están identificados, ninguno de ellos ha sido condenado». Demostrando con esto que en Chile no se está persiguiendo a los actuales violadores de los DDHH de los pueblos indígenas. Esto conduce igualmente a lo planteado por el gobierno como otro mérito, que es la creación del Instituto Nacional de DDHH, sin explicitar que su alcance está limitado, pues concierne únicamente a los crímenes del pasado y no tiene facultad para investigar ni juzgar los crímenes que se comenten hoy en día.
Pocos días después, el 28 de septiembre, el Relator Especial sobre la situación de los DDHH y las libertades fundamentales de los indígenas, presentó ante el Consejo de DDHH de la ONU su informe luego de su visita a Chile en abril del 2009. En éste, James Anaya señala que «El Estado de Chile tiene la obligación de restituir las tierras ancestrales de los pueblos indígenas» y afirma que «no es sólo entregar tierra como en una reforma agraria, es determinar cuáles fueron de ellos». El relator recomendó al Estado de Chile que inicie un proceso para obtener la confianza de los pueblos indígenas, para que la iniciativas del gobierno puedan ser aceptadas por éstos, pues actualmente, sin participación indígena en las decisiones, las iniciativas, aunque sean buenas serán dificlmente aceptadas. Además agregó que «Hay que hacer un proceso de acercamiento intercultural, hay que empezar por las escuelas, desde pequeños, educando en la diferencia». A este informe, se suma el del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial presentado el 25 de agosto, en el que se observa con preocupación que en el derecho interno no existe aún una definición de discriminación racial conforme con el artículo 1 de la Convención. Así como el hecho que la Ley Antiterrorista haya sido aplicada principalmente a miembros del pueblo Mapuche por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionados con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales. Señalando también la preocupación ante la violencia ejercida por carabineros en la muerte de José Facundo Mendoza Collio, así como ante la situación de las comunidades mapuche en la región de la Araucanía, afectadas por actividades perjudiciales para el medioambiente, la salud y sus formas tradicionales de vida, entre otras razones, por la instalación de basurales dentro de sus comunidades y por los planes para el establecimiento de plantas de aguas servidas. Algunas de sus recomendaciones son que se intensifiquen los esfuerzos para acelerar el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, llevando a cabo una consulta efectiva con todos los pueblos indígenas, de conformidad con la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y con el Convenio No.169 de la OIT; Y que se tomen medidas efectivas para que los pueblos indígenas participen en la elaboración del Plan de Acción de DDHH. Por otra parte, el comité señaló que se han protagonizado en Chile episodios de discriminación y actos violentos en contra de indígenas y migrantes, recomendando que se adopte el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación y que penaliza actos discriminatorios.
Es alarmante constatar que las reacciones del gobierno frente a este tipo de cuestionamientos, sean la indiferencia y la autocomplacencia. Éstas responden a una política clara, concretada estos últimos veinte años con engaños e hipocresía. Una de las principales razones por las cuales los últimos gobiernos chilenos no han respondido ejemplarmente a las recomendaciones de la ONU, en la ratificación de convenciones y tratados internacionales, o dejando éstos en una posición inferior en la jerarquía legislativa, en favor de las leyes nacionales, es la protección de la actual constitución chilena. Los gobiernos de la concertación han dado continuidad a las políticas dictatoriales instaladas en la constitución de 1980, cuyas reformas posteriores no responden a la instauración de una democracia plena. Al contrario, la legislación actual permite las constantes violaciones a los DDHH, y particularmente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los Derechos Colectivos de los Pueblos, como lo han demostrado estas tres instancias, así como las diferentes demandas de la sociedad cuando se trata de situaciones que corresponden por ejemplo al derecho al trabajo, entravando la sindicalización o cuando se trata de apelar por el derecho a la vivienda, ignorando las demandas de los deudores habitacionales. Por eso, es importante para el movimiento social y político de contestación considerar situaciones como éstas en las que el Estado Chileno enfrenta la opinión y la crítica internacional, para darnos cuenta de que tenemos multiples elementos para argumentar nuestras demandas y exigir al Estado a ejercer su deber para con los ciudadanos. Nuestras revindicaciones se enmarcan dentro de acuerdos internacionales que deben ser respetados por los Estados, pero es nuestro deber el hacerlos respetar dentro de nuestro país, y sólo podremos lograrlo con una práctica comprometida de organización, movilización e iniciativas que generen propuestas que emanen de las diferentes expresiones de la sociedad civil.
Nanette Liberona es miembre del Polo Izquierdo de la Memoria
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