«Colombia es una Nación fallida que vive una profunda crisis humanitaria y de dignidad; por eso tenemos la idea equivocada de que la dignidad nos va a venir de la protección que nos dé otra Nación, o de las armas, o de la seguridad del Estado», sostuvo en desarrollo de su charla en el marco […]
«Colombia es una Nación fallida que vive una profunda crisis humanitaria y de dignidad; por eso tenemos la idea equivocada de que la dignidad nos va a venir de la protección que nos dé otra Nación, o de las armas, o de la seguridad del Estado», sostuvo en desarrollo de su charla en el marco de la Cátedra Orlando Fals Borda, el superior provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, Francisco de Roux Rengifo.
El sacerdote jesuita hizo un análisis de la realidad colombiana a partir de la dignidad humana, el conflicto armado y el modelo económico imperante. Dijo que Colombia podrá salir de su encrucijada política, ética, social e institucional si logra mejorar las condiciones de vida de su población mediante la construcción de ciudadanía, democracia, desarrollo social y profundo respeto por la dignidad humana.
En ello su mensaje fue enfático: «La dignidad se da en cada persona como valor absoluto siempre. La dignidad no depende del sistema social y no se recibe del Estado, ni de ninguna institución nacional o global, religiosa o secular. La dignidad se tiene simplemente por ser humanos y no puede ser violada por ninguna institución. La dignidad no puede hacerse crecer. La dignidad de las personas no aumenta por el crecimiento económico de un país, ni por los estudios que las personas hagan, ni por ser pobladores de una potencia internacional; ni es menor por ser poblador de un país pobre. La dignidad no puede ser desarrollada. Lo que se desarrolla son las condiciones para que cada persona pueda proteger y expresar libremente su propia dignidad, de la manera como quiere vivir este valor absoluto. Estas condiciones son los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y de género convertidos en realidad, en la forma como la personas de una comunidad decidan».
De Roux culminó sus estudios como licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana en 1968. Posteriormente hizo un Magíster en Economía en la Universidad de los Andes en Bogotá. En el año 1973 inició sus estudios de Teología y fue ordenado sacerdote en 1975; trabajó en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de la capital colombiana en la promoción de empresas comunitarias y como investigador. Más adelante obtuvo el doctorado en Economía en la Universidad de la Sorbona de París, en 1980, y el Magíster en esa disciplina en London School of Economics, en 1981.
Tuvo un importante liderazgo y jugó papel protagónico en gestiones de reconciliación y promoción social como director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una zona muy conflictiva localizada en el centro oriente colombiano. Ha recibido varias condecoraciones, entre ellas, la medalla «Caballero de Honor de la Legión Francesa » otorgada por el presidente François Miterrand y el Premio Nacional de Paz en el 2001. A partir de octubre de 2008 es el Provincial de los jesuitas en Colombia.
Crisis humanitaria profunda
Dada su amplia experiencia en conciliación en una de las zonas más conflictivas de la geografía colombiana, opina que «la paz será posible si se logra el desarrollo de la gente con dignidad, mediante procesos en medio del conflicto. Hay que transformar cada conflicto en proyectos para atacar las causas estructurales del mismo con miras a hacer las transformaciones».
Su diagnóstico sobre el país es preocupante: «Colombia -dice- vive una crisis humanitaria muy profunda, hay ruptura del ser humano que termina afectando a la comunidad internacional. Al mismo tiempo, hay un problema ético por lo que se hace urgente hacer valer la dignidad humana. Esa es la razón por la cual en este país se recibe más ayuda internacional en comparación con el resto de países de América Latina». «Es el Estado el llamado a proteger y garantizar la dignidad, por lo que es indispensable y prioritario generar las condiciones para que el pueblo pueda escoger la manera de como vivirla», agrega.
No obstante que atribuye a todos los habitantes de esta nación su cuota de responsabilidad: «Todos en Colombia somos responsables por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer».
Modelo económico de expoliación
Criticó, igualmente, el modelo económico en Colombia, al que calificó de «explotación primaria» y de expoliación de recursos naturales. En contraste, se requiere posibilitar, dijo, un modelo eficaz de desarrollo social en armonía con el medio ambiente. De esta manera, explicó, «se producirá la vida que desean los pobladores, involucrándolos a todos en el progreso de su región, creando confianza colectiva».
En ese sentido y siguiendo los preceptos constitucionales de la Carta del 91 consideró que Colombia es un país que debe desarrollarse y gobernarse por regiones para mejorar sus posibilidades de democracia y participación ciudadana, y está en mora de hacerlo.
Destacó la experiencia político-administrativa de Bogotá en donde se ha logrado avanzar en cultura y convivencia ciudadanas, pese a que es una capital atravesada por las consecuencias del conflicto interno. Por ello, aseveró, su liderazgo «debe ser el motor de la paz en el país».
La «Seguridad Democrática»: un discurso de miedo
Preguntado por el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET, si tras ese diagnóstico suyo, Colombia es un Estado fallido, De Roux manifestó: «Creo que es mucho más profundo, creo que estamos frente a una Nación fallida. Los colombianos no hemos logrado resolver el problema de la construcción de una nación entre los ciudadanos. La construcción de Estado es muy precario y si no lo hacemos desde lo más hondo como los principios básicos de una ética pública, siempre tendremos fragilidades en las elaboraciones constitucionales que desarrollemos y tendremos resquebrajamientos en las autoridades públicas que designemos».
Frente al controvertido tema de la entrega de bases militares colombianas a Estados Unidos, el sacerdote ignaciano manifestó que el mismo «está conectado con la dignidad nacional y plantea además la situación de hombres y mujeres que no acabamos de reconocernos los unos a los otros en nuestra grandeza, en nuestra autonomía, en nuestra soberanía, en la necesidad de confiar en que lo que vale de nosotros es la grandeza humana que compartimos y que tenemos que proteger. Tenemos la idea equivocada de que la dignidad nos va a venir de la protección que nos dé otra Nación, o de las armas o de la seguridad del Estado. No, eso es nuestro y nosotros tenemos que constituir el Estado soberano y protegerlo».
Criticó la política de «Seguridad Democrática» del presidente Uribe, a la cual calificó como «un discurso del miedo, porque busca que unos colombianos se protejan a través de las armas de otros colombianos, y eso constituye una amenaza».
Tras advertir que el presupuesto nacional para 2010 destina más recursos en armamento que en educación, dijo que ello contribuirá a profundizar «la guerra entre colombianos».