La realidad económica, social y política del país confirma las aseveraciones sobre el impacto de la crisis económica del sistema capitalista y el agravamiento de la situación de las mayorías populares, en particular los trabajadores, por efecto del modelo fundado en la seguridad democrática, la confianza inversionista, la pretendida cohesión social y el Estado comunitario. […]
La realidad económica, social y política del país confirma las aseveraciones sobre el impacto de la crisis económica del sistema capitalista y el agravamiento de la situación de las mayorías populares, en particular los trabajadores, por efecto del modelo fundado en la seguridad democrática, la confianza inversionista, la pretendida cohesión social y el Estado comunitario. Ni el país estaba blindado, como coreaban los voceros oficiales, ni es cierto que lo más grave ya pasó. El régimen uribista cabalgó sobre un ambiente económico externo favorable pero esa circunstancia ya no existe. En el declive de su segundo mandato las medidas gubernamentales muestran su brutal entraña de clase favoreciendo, subsidiando o exonerando de impuestos a los más ricos y a las transnacionales. Se prepara un paquete de medidas laborales, pensionales y en materia de salud que favorecerán el desempleo, la inestabilidad laboral, la informalidad, el desconocimiento de los derechos laborales, el empobrecimiento de los núcleos familiares, la desescolarización y la desesperanza de la juventud.
En este contexto el imperialismo ha dado un paso más en América Latina tras su claro compromiso en el golpe de estado contra el presidente legítimo de Honduras. Le ha impuesto a Colombia las condiciones de un vergonzoso convenio de cooperación militar de carácter ilegal, encarnado en la utilización de siete bases, cinco aéreas y dos navales, que convierte el territorio nacional en una plataforma de la política intervencionista del Pentágono y el Estado en un apéndice de sus provocaciones frente a los países hermanos del continente, en particular contra el proceso de cambios que avanza en Venezuela.
El gobierno de Uribe es el ejecutor de semejante traición a la soberanía que ha agravado la desconfianza, la provocación y el intento de enfrentar a dos pueblos hermanos. Washington ha pretendido justificarse al acusar a Venezuela de complicidad con el terrorismo y el narcotráfico, en el marco de una estrategia de guerra preventiva, rechazada por todo el continente. Los comunistas, internacionalistas consecuentes, reafirman el camino de la amistad y la solidaridad bolivarianas, llaman a unir todos los esfuerzos de los pueblos y gobiernos latinoamericanos para expulsar la presencia yanqui de las bases destinadas a la defensa de la soberanía; a rechazar la IV Flota en aguas continentales; a reafirmar la solución política y el diálogo entre colombianos para alcanzar la paz sin interferencia de Estados Unidos; a consolidar la cooperación y convivencia pacífica entre los pueblos y su pleno derecho a adoptar el régimen social y político que libremente decidan.
El régimen uribista se ha consolidado como el de la peor corrupción, ventajismo y desconocimiento de la legalidad dominante. La represión, legal e ilegal, se ha mostrado en su escandalosa realidad en las denuncias sobre el espionaje del DAS, los vínculos de los aparatos de seguridad con el paramilitarismo, los asesinatos de sindicalistas, las amenazas en los barrios y las universidades, el señalamiento a los defensores de los derechos humanos, la persistencia de los crímenes de Estado, paralelo con ello la impunidad que ampara a los altos responsables. Crecen el número de presos de consciencia en las cárceles, las violaciones de los derechos humanos, los bombardeos sobre la población civil y la negación del derecho internacional humanitario, lo que hace más urgente la solución política y el diálogo para el canje humanitario.
Uribe se aferra a la reelección por la vía del referendo, ampliamente deslegitimado por las investigaciones judiciales y los manejos dolosos. En su defecto, aboga por el estado de opinión, que implica apoyarse en encuestas favorables y pasar por encima de la Constitución y la ley. De hecho, sucesivas contrarreformas constitucionales han ido recortando aún más la Carta y la actuación dictatorial ha creado choques con la Corte Suprema de Justicia. Al renunciar a seguir gobernando como antes y configurar un régimen arbitrario de contención social, contrario a los cambios democráticos necesarios, las clases dominantes buscan cerrar el camino a las fuerzas populares.
La lucha popular se ha expresado con fuerza en la Minga indígena, las huelgas obreras, las movilizaciones del magisterio, los universitarios, el encuentro de Cali por el acuerdo humanitario y las protestas contra las bases yanquis. La tarea de la hora es la lucha social y política que ponga en el centro la campaña electoral para avanzar hacia un gobierno democrático y popular que sustituya y rectifique el rumbo guerrerista. Su compromiso con la solución política es inseparable de las reformas esenciales, en particular la reforma agraria democrática, la ampliación de los derechos y libertades, el respeto por los derechos humanos, las medidas para enfrentar la crisis económica, el despojo de los trabajadores y sus efectos en la población. El Polo decidió una candidatura presidencial en cabeza del senador Gustavo Petro y debe convocar, en torno a su programa democrático, a las fuerzas del pueblo y a los sectores políticos dispuestos a comprometerse con el cambio. Entendemos la consulta con otras fuerzas como un proceso de acuerdos y compromisos con los intereses populares en dirección al cambio democrático. El Congreso del Pueblo puede ser el escenario que reafirme la candidatura presidencial unitaria de la izquierda.
Para los comunistas es un deber trabajar por fortalecer su presencia como fuerza unitaria del Polo, comprometida con su orientación de izquierda y con una representativa acción parlamentaria. Para el Senado levantamos el nombre probado de Gloria Inés Ramírez; para Cámara en Bogotá la candidatura de Carlos Lozano; de Ever Rodríguez, en Cundinamarca y Omar Romero, en el Valle; así como aliados en otros departamentos con el compromiso del apoyo a Gloria Inés Ramírez y a la presidencia de Gustavo Petro.
La lucha por un nuevo país pasa hoy por una ampliación de los procesos unitarios, la acción conjunta de nuevas fuerzas, especialmente cuando el imperio avasalla y pretende someter a Colombia y a los hermanos latinoamericanos. El PCC convoca a los colombianos (as), de todos los partidos y sectores de la sociedad, a construir el camino del cambio democrático, de la paz con justicia social, de la solidaridad continental, para honrar los 80 años de su existencia en el marco de la conmemoración del Bicentenario de las luchas libertadoras.
FUERA BASES YANQUIS DE COLOMBIA
VIVA EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
VIVA LA UNIDAD DEL PUEBLO COLOMBIANO
Bogotá, 27 de noviembre de 2009.