Destituidos en inhabilitados durante diez años resultaron dos agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de Bogotá, Esmad, por su responsabilidad en la muerte del menor Nicolás Neira, quien falleció tras ser vícitima de un golpiza durante las manifestaciones del primero de mayo, hace más de cuatro años. La decisión cobija al capitán Julio César Torrijos […]
Destituidos en inhabilitados durante diez años resultaron dos agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de Bogotá, Esmad, por su responsabilidad en la muerte del menor Nicolás Neira, quien falleció tras ser vícitima de un golpiza durante las manifestaciones del primero de mayo, hace más de cuatro años.
La decisión cobija al capitán Julio César Torrijos Devia, en su condición de comandante de la Primera Sección del Esmad de la Policía Metropolitana de Bogotá y al subteniente Edgar Mauricio Fontal Cornejo, comandante de la Tercera Sección de la misma unidad.
Para el Organismo de Control, los agentes de la fuerza pública incumplieron sus deberes al no ejercer las acciones tendientes a garantizar la protección a la vida e integridad física de los manifestantes y, pese al conocimiento de sus competencias, en este sentido, permitieron que el adolescente fuera objeto de los golpes contundentes que acabaron con su vida.
Según lo han expresado numerosos testigos, el menor perdió el conocimiento luego de ser golpeado brutalmente por agentes del Esmad, al igual que otros activistas como Leonardo Luna, que fueron trasladados a un centro de salud cercano para que atendiera sus heridas.
Los galenos que examinaron a los afectados, encontraron que Nicolás Neira sufrió un trauma craneoencefálico severo, por cuanto fue trasladado a la clínica Jorge Piñeros Corpas, donde falleció, luego de entrar en estado de coma.
El caso de Neira, un niño de 15 años que cursaba el grado noveno en el Colegio Hermano Miguel de la Salle en mayo de 2005, ha sido emblemático para algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, en la que milita Yuri Neira, el padre del menor asesinado.
Este activista ha sido objeto de un sinnúmero de atentados en distintas partes del país, el último de los cuales lo llevó a exiliarse en el extranjero y que hoy lo ha obligado a solicitar el auxilio de diferentes organismos multilaterales, pues su vida sigue corriendo peligro.
El 16 de enero de 2008, el defensor de derechos humanos estuvo a punto de ser alcanzado por dos desconocidos que intentaron irrumpir en las instalaciones del centro cultural, Casa Salmón, que éste dirigía, luego de un allamanamiento, al parecer ilegal, del que fue objeto el lugar la noche anterior.
Para Yuri Neira, es indudable que se trata de una persecución estatal, que se inició en el momento en que inició la lucha por esclarecer las condiciones en las cuales se produjo el homicidio de su hijo adolescente.