La sistemática persecución de la cual ha sido objeto la Corporación Jurídica Libertad por su trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado se ha incrementado en los últimos días. Las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Jurídica Libertad para buscar el esclarecimiento y […]
La sistemática persecución de la cual ha sido objeto la Corporación Jurídica Libertad por su trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado se ha incrementado en los últimos días.
Las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Jurídica Libertad para buscar el esclarecimiento y determinar la responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejercito Nacional, generaron en su momento airadas declaraciones del presidente de la república, quien pretendió banalizar esta práctica criminal y descalificar a las organizaciones no gubernamentales que han documentado cerca de 836 muertes ocasionadas bajo esta modalidad de terror estatal en los últimos siete años en el Departamento de Antioquia.
A través de informes de inteligencia elaborados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (RIME), se ha pretendido tendenciosamente asimilar la actividad que desarrolla la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones sociales a labores propias de grupos alzados en armas contra el Estado.
En el propósito de criminalizar el ejercicio del derecho de defender los derechos humanos de la población, organismos de inteligencia del Estado se han valido de informantes, que a cambio de dadivas económicas y jurídicas han vertido testimonios incriminatorios en contra de abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, los mismos que han servido de fundamento para iniciar actuaciones penales en su contra, investigaciones que han sido clausuradas con resoluciones de preclusión, toda vez que con amplio acervo probatorio se han logrado desvirtuar los montajes estructurados por la fuerza pública.
Igualmente como expresión de la «inteligencia ofensiva» desplegada en contra de la Corporación Jurídica Libertad, el año pasado circuló en internet un documento apócrifo, supuestamente suscrito por abogados de la Corporación, en el cual se señalaba a varios integrantes de organizaciones sociales y populares como integrantes de facciones insurgentes, pretendiéndose con este falso pronunciamiento respaldar los temerarios informes de inteligencia de la RIME y generar confusión en las distintas expresiones defensoras de derechos humanos.
En los últimos días se ha tenido información del pago de dinero a un grupo armado ilegal, asentado en el Barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín para que atente contra la vida e integridad física del abogado Bayron Ricardo Góngora Arango, integrante de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con los estudios sobre bandas criminales en la ciudad de Medellín, efectivamente, en este sector existen varias de esas agrupaciones con alta capacidad de operatividad, medios y personal para perpetrar el hecho para el cual fueron «contratados».
Es de resaltar que el Abogado Góngora Arango, ha asumido la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta delictual en la que pudieron haber incurrido los Generales Mario Montoya, del Ejército y Leonardo Gallego, de la Policía, referenciados por confesos paramilitares como los responsables de la coordinación de la fuerza pública y los paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión, con la cual se inauguró la implementación de la política de la seguridad democrática en el país, confirmándose de esta manera lo denunciado de tiempo atrás por los habitantes de la Comuna Trece y organismos de derechos humanos.
Los señalamientos proferidos en contra de las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos desde el alto gobierno y los organismos de inteligencia del Estado han incrementado la situación de riesgo de quienes cotidianamente en medio del conflicto social y armado que se vive en el país, nos proponemos el ejercicio legitimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, expresión y participación política.
Medellín, doce de febrero de 2010.