La Corte Suprema de Justicia condenó al ex congresista Álvaro García, a quien consideró como el autor intelectual de la masacre que cometieron los paramilitares el 16 de octubre del 2000, en la que asesinaron a 15 campesinos en Macayepo, Sucre. También por concierto para delinquir con los ‘paras’ y peculado.
La Sala Penal de la Corte condenó al ex senador de Sucre por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado y ser responsable de la masacre de Macayepo.
El Alto Tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía, que argumentó que habían pruebas suficientes para condenar a ‘El Gordo’ García por sus vínculos con grupos paramilitares en Sucre y como autor intelectual de la masacre de Macayepo, en el año 2000, y en el homicidio de una testigo electoral del municipio de San Onofre, en 1997.
La Corte también decidió que iniciará un proceso contra el ex senador por el desplazamiento forzado de cientos de familias después de la masacre de Andrés Alberto Álvarez Palacios, Líderes Rafael Tapias Terán -sepultado bajo el nombre de su hijo Maximiliano Tapias-, Manuel De Jesús Julio Gutiérrez -sepultado como Manuel De Jesús Palacios Meléndez-, Orlando Rafael Oviedo Moguea, Alcibiades Mendoza, Hugo Adolfo Díaz Díaz y Juan Manuel Feria Álvarez.
En el fallo se ordenó compulsar copias de este expediente para abrir una investigación en contra del coronel de la Armada Nacional, Hernando Alfonso Jama Arjona, «… en su calidad de Comandante (e) de la Primera Brigada de Infantería de Marina con asiento en la zona, pudo facilitar la incursión paramilitar mediante el desplazamiento de las tropas hacia otros sectores de la región, pese a contar con información oportuna y confiable a través de la cual se le avisó del plan criminal y de su desarrollo».
También se condenó a García Romero por el asesinato de Georgina Narvaez, maestra de San Onofre. El fiscal argumentó que el testimonio de alias ‘Pitirri’ prueba que García se alió con paramilitar Salomón Feris Chadid alias ’08’- para asesinar a Narvaez, ya que ella fue testigo de un fraude electoral que permitió a Erick Morris, candidato de García a la gobernación de Sucre en 1997, ser elegido.
De igual forma, se condenó a García por el delito de peculado, por la desviación de dineros del municipio de Sucre (Sucre) para patrocinar el Frente Mojana de las Auc.
En el fallo se anunció que se oficiará al Fiscal General de la Nación para que se acelere la investigación en contra de los defensores principal y suplente del ex congresista Eric Morris Taboada, por el presunto delito de corrupción de testigo y que además se investigue a los paramilitares
investigue a Éder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, Sadys Enrique Ríos Pérez, Samir Antonio Otero De La Ossa, alias ‘Computador’ y Jairo Alberto Verbel Villadiego, por el posible delito de falso testimonio.
Esta es la segunda condena que la Corte dicta contra un político por su responsabilidad en asesinatos que cometieron los paramilitares. En la primera, condenó a 40 años de cárcel al ex gobernador de Sucre Salvador Arana, quien fue hallado responsable del asesinato de Edualdo Díaz, ex alcalde de El Roble.
Estas condenas son producto de una nueva jurisprudencia de la Corte, la cual establece que los políticos involucrados con grupos armados al margen de la ley también pueden ser procesados por su responsabilidad en la comisión de los delitos de lesa humanidad.
Las pruebas contra García Romero
Lo que queda claro para la Corte es que Álvaro García Romero participó desde 1997 en la conformación de las autodefensas en Sucre. Según el Alto Tribunal, el entonces senador asistió en ese año a un reunión en la finca Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín, en la que se decidió unificar los diferentes grupos de paramilitares y conformar el Bloque Héroes de los Montes de María.
A esa reunión asistieron, según el relato de la Corte, comandantes de las autodefensas, reconocidos integrantes de la dirigencia política local y acaudalados ganaderos del centro y norte del departamento.
Entre los que participaron estuvieron el ganadero Joaquín García Rodríguez, reconocido auspiciador de esta clase de organizaciones; Javier Piedrahíta, otro entendido en la materia; Salvatore Mancuso y el Senador Álvaro García Romero, en la cual, luego de finiquitados los temas de financiación y sostenimiento del nuevo grupo, Piedrahíta postuló para su comandancia a Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’.
También da cuenta de que, entre 1997 y 1998, en el restaurante «Carbón de Palo» de Sincelejo, se produjo otra reunión con la asistencia del ganadero Joaquín García, Salvador Arana Sus, Miguel Navarro y Ángel Daniel Villarreal Barragán, ex Alcalde y Alcalde en ejercicio del municipio de Sucre (Sucre), respectivamente, y varios jefes paramilitares de la región de La Mojana, entre ellos Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana, escenario en el cual se acordó que el grupo de este último operaría en la jurisdicción territorial de los municipios sucreños de Guaranda, Majagual y Sucre, entre otros, que conforman las provincias de La Mojana y San Marcos, al sur del departamento. Según contó Jairo Castilla Peralta, alias ‘Pitirri’, allí se acordó que el Senador García Romero y Arana Sus, gestionarían la consecución de sesenta millones de pesos ($60.000.000) para dotar de armamento y demás aspectos logísticos al grupo.
Estas dos reuniones le dan a la Corte la justificación para plantear que hubo un pacto criminal entre paramilitares y varios sectores de la sociedad sucreña que contó con el apoyo en el Congreso de García Romero y el ex representante a la Cámara Erick Morris Taboada, también condenado.
La Corte condena a García porque producto de estos nexos con los paramilitares, éstos cometieron crímenes en contra de la población civil, en particular la masacre de Macayepo, ocurrida entre el 9 y el 16 de octubre de 2000.
Y también se le condenó por el asesinato de Georgina Narváez, ocurrido en San Onofre el 19 de noviembre de 1997, suceso ligado estrechamente al cuestionado resultado electoral que permitió la llegada de Eric Morris Taboada a la gobernación de Sucre en octubre de 1997, al cual fue seriamente vinculado García Romero a través del testimonio de Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirri’.
A García Romero la Corte también lo encontró culpable por el delito de peculado, por haber negociado con el alcalde de Sucre (Sucre), Ángel Daniel Villarreal Barragán y Octavio Otero un contrato para la construcción de un terraplén, y cuyos recursos sirvieron para la conformación del Frente La Mojana de las Auc.
La Sentencia de la Corte muestra cómo García Romero negociaba y pactaba con los paramilitares cuotas burocráticas, contratos y los constantes encuentros entre el senador y el sanguinario jefe paramiliar Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’.
«Los constantes encuentros entre el senador García Romero y ‘Cadena’ fueron ratificados en el juicio, como lo anunció Mancuso en su versión ante Justicia y Paz cuando se refirió a la reunión de «Varsovia» y sus fines políticos, coincidiendo con lo que ya había advertido cinco meses atrás el señor Otero De La Ossa, alias «Computador», en su entrevista ante la Sijín, la cual ratificó en una declaración ante el fiscal segundo especializado de Sincelejo. La Fiscalía le resta cualquier efecto a la retractación posterior de este testigo, en extrañas circunstancias.»
La Corte también le dio peso a la versión de dos personas que señalaron haber visto a ‘Cadena’ reunido con el entonces senador García.
El primero en revelar estos encuentros fue Samir Otero de la Ossa quien en entrevista con funcionarios de la Sijín de Sincelejo, en forma espontánea, y ratificada ante un fiscal, dijo que conoció a Álvaro García Romero en el sitio conocido como el Palo de Caucho, en reuniones con ‘Cadena’. Lo mismo que Sadys Ríos, empleado de un granero administrado por una hermana de ‘Cadena’, quien aseguró que había visto a García y Cadena, el 1 de diciembre de 2006, el mismo día en que capturaron a Otero de la Ossa. «Es decir, durante el mismo día pero en lugares diferentes, escuchadas por autoridades diversas, dos personas que no se conocían entre sí estaban suministrando la misma versión, esto es, que el senador se reunía con alias Cadena en aquel sitio», dice un extracto de la sentencia del Alto Tribunal.
Otero de la Ossa relató además, que el 1 de diciembre de 2006, conoció a Oswaldo Ayala (el mismo que nombraron secretario de Educación de Jorge Anaya, exgobernador del departamento de Sucre) en una reunión con el senador y ‘Cadena’, en la que discutieron sobre el cargo que le iban a dar a Ayala. Meses después se ratificó tal información, pues, en su versión Mancuso dijo cómo Wíller Covo le informó de una reunión en Varsovia, en la que Arana Sus, García Romero y ‘Cadena’ acordaban el apoyo a Jorge Anaya y pactaban la entrega de la Secretaría de Educación y la de Salud para las Auc.
Ríos Pérez aseguró por su parte que ‘Cadena’, en 2003, solía reunirse frecuentemente en las fincas El Palmar, Los Ángeles y La Setenta con varios dirigentes políticos, entre los que destacó a García Romero. «En una de ellas, la de Los Ángeles, lo recordó bien el testigo, la reunión debió interrumpirse por la intempestiva presencia de la fuerza pública, lo que ocasionó entre otras cosas la furia del comandante, quien ejecutó a uno de los integrantes de los anillos de seguridad por no cuidar bien de la acordada clandestinidad», dice en un aparte de la sentencia.
La Corte también le dio total credibilidad al testimonio de Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirri’, quien fue el primero que denunció las Convivir de Piedrahíta, de Mancuso y Salomón Feris Chadid como la fachada de los paramilitares; seis años después el mismo Salvatore Mancuso ratificaría esto en el juicio.
«…Si a la presencia de García Romero en reuniones como la de la finca «Las Canarias», se agregan las gestiones que habría de realizar en pro de la consecución de recursos para la fundación de «La Mojana», la inferencia acerca de su directa intervención en el auspicio y organización de dichas organizaciones armadas ilegales se torna incuestionable», dice la Corte.
Rodeado de ‘paras’
Otro aspecto que resalta la Corte es que el entorno de García Romero era afín a los paramilitares. Una prueba es la cercanía del ex senador con el ganadero Joaquín García, «reconocido auspiciador de las autodefensas unidas de Colombia, precisamente el mismo con quien conversó acerca de la incursión paramilitar a Macayepo».
Uno de los testigos de esta relación fue Orlando Rodríguez Martínez, antiguo líder político del grupo de García, quien dijo haber conocido a «Joaquín García por intermedio del senador en su propia oficina, donde el primero se ufanaba de ser financiador paramilitar» y quien pregonaba repetidamente que quien no le cancelaba sus deudas se las tenía que ver con las Auc y con un tal ‘Cadena’.
Rodríguez contó cómo Joaquín García se jactaba de utilizar al Senador para que moviera sus influencias en la Armada Nacional. «Asuntos que revelan de nuevo la vinculación innegable de García Romero con la promoción y el respaldo a la causa paramilitar, dato además relevante en torno al cargo elevado contra el ex Senador por los hechos violentos conocidos como «Masacre de Macayepo»…»
«De otra parte, los diputados a la Asamblea de Sucre Ángel Villareal, Johnny Villa, Nelson Stamp y Walberto Estrada, con quienes García Romero había conformado una alianza política en Sucre, fueron también procesados por concierto para delinquir agravado por tener vínculos con organizaciones paramilitares, circunstancia reveladora si se considera que se trata de personas con las cuales el procesado desarrolló su actividad política en Sucre.
«Y aunque uno de ellos, el señor Stamp Berrío, aseguró que el congresista García Romero y Eric Julio Morris Taboada fueron objetivo militar del paramilitarismo, su dicho resultó completamente contraevidente y huérfano de cualquier respaldo en el restante material probatorio.»
Otro tanto ha de afirmarse de su estrecha relación con Salvador Arana Sus, ex Gobernador de Sucre, y con Eric Julio Morris Taboada, quien además de ocupar esa alta dignidad fue Representante a la Cámara en el periodo 2002 y 2006, ambos condenados por la Corte precisamente por sus vínculos con grupos paramilitares.
Asimismo, no sobra recordar que García Romero incluyó dentro de su fórmula a la Cámara en las cuestionadas elecciones parlamentarios de marzo de 2002 al señor Jorge Luis Feris Chadid, llamado a juicio como uno de los políticos que suscribió el «Pacto de Ralito», quien además es hermano del comandante paramilitar Salomón Feris Chadid, alias «08».
Todas estas alianzas, sin duda, revelan que García Romero estaba en esa época rodeado de personas e intereses manifiestamente afines con la causa paramilitar, sostiene la Corte.
La masacre de Macayepo
Lo que empezó como un pacto defensivo, se volvió un acuerdo para delinquir de la manera más atroz. Con la justificación de sacar a la guerrilla del campo sucreño, las Auc cometieron decenas de masacres de campesinos desarmados, hombres, mujeres, niños, con torturas y vejaciones con pocos precedentes aún en la violenta historia nacional.
Una conversación en particular grabada en octubre de 2000, que fue publicada en la revista Semana en 2002, puso a García tras las rejas. En ella el ganadero Joaquín García dialoga con Álvaro García Romero sobre la necesidad de conseguir el apoyo del entonces gobernador de Sucre, que era del grupo de García, para mover hombres en unas fincas entrando por los corregimientos El Aguacate y Pajonalito, vecinos de Macayepo.
Desde el mismo momento en que estalló el escándalo de la grabación, García Romero, dijo que el hacendado le pidió ayuda para recuperar su ganado robado. «Los ganaderos ya están cansados de darle plata a la guerrilla e incluso tres meses antes de Macayepo los subversivos dinamitaron fincas de la zona», le dijo entonces a Semana.
Sin embargo, según lo investigó la revista y luego lo verificaron las autoridades judiciales, justamente fue por El Aguacate fue por donde ingresaron los paramilitares que cometieron la matanza en Macayepo ocurrida el 16 de octubre de 2000. En la grabación, efectuada el 6 de octubre, el senador afirma que «…yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en 10 días…». Diez días después ocurrió la matanza de 15 campesinos.
Otra hecho que despertó sospechas entre las autoridades es que los dos interlocutores hablaron de un «man verde» que resultaba incómodo para sus proyectos. Se trataba del comandante de Policía del departamento de Sucre en ese entonces, el coronel Rodolfo Palomino, que había hecho operativos exitosos contra los paramilitares. El Coronel fue trasladado de su cargo cinco semanas después de la conversación.
García Romero se ha defendido diciendo que la conversación fue una fatal coincidencia, que jamás ha sido un criminal y que la cinta fue editada y acomodada para perjudicarlo. Por ser senador, le correspondía ser investigado y juzgado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. García renunció a su curul para evadir a la Corte, y su caso fue investigado por la Fiscalía. En abril de 2009 pidió un castigo de 60 años de prisión para García. El caso fue a un juzgado, pero más tarde la Corte resolvió asumir los casos en juicio directamente, y finalmente fue condenado por el Alto Tribunal a 40 años de cárcel.
La Procuraduría General también solicitó condena para García Romero. El 16 de de diciembre de 2008 la Procuraduría destituyó al ex senador y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por los próximos 20 años.
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/2229-condenan-a-40-anos-a-alvaro-el-gordo-garcia