Gracias, pero no gracias, fue lo que dijo el padre Javier Giraldo al Ministro del Interior después de que este le ofreciera mejorar su esquema de seguridad. Giraldo, el director de Justicia y Paz, ha trabajado desde hace varios años con víctimas de la violencia, ha sido amenazado por grupos armados y es uno más […]
Gracias, pero no gracias, fue lo que dijo el padre Javier Giraldo al Ministro del Interior después de que este le ofreciera mejorar su esquema de seguridad. Giraldo, el director de Justicia y Paz, ha trabajado desde hace varios años con víctimas de la violencia, ha sido amenazado por grupos armados y es uno más de los ‘chuzados’ por el DAS. A principios de este mes, aparecieron en Bogotá varios grafitis que lo amenazaban de muerte, firmados por el grupo ‘AR NR’, y el gobierno prometió entonces proteger su vida.
El Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio le propuso al padre Giraldo un esquema de seguridad, pero este lo rechazó por cuarta vez en una carta: «por las mismas razones que lo hice en 1996, en 1998 y en 2006, tal como se lo expresé por escrito a los diversos organismos de seguridad del Estado que me insistieron en aceptar dichos esquemas». Y es que Giraldo considera absurdo ser protegido por las mismas instituciones que él denuncia por graves violaciones a los derechos humanos.
Imágenes de algunas de las pintadas sembradas en la ciudad de Bogotá desde el 22 de abril pasado, y que se atribuyen a sectores estatales y paraestatales, molestos por las denuncias del sacerdote contra los autores de masacres y violaciones de derechos humanos desde hace 30 años.
Giraldo denunció a un general del ejército, Rito Alejo Del Río, de estar implicado con las bandas paramilitares y de llevar el terror a la conflictiva región del Urabá, en los departamentos de Antioquia y Chocó. Del Río, ya en retiro, está en prisión por el asesinato de un campesino cuando se desempeñaba como comandante de una brigada del ejército en Carepa, departamento de Antioquia.
También acusó a un grupo de militares y paramilitares de ser los autores del asesinato perpetrado en el municipio de Apartadó (Antioquia) de ocho personas, entre ellas tres menores de edad. En la actualidad, 11 uniformados están en la cárcel como coautores de ese homicidio colectivo.
El sacerdote también denunció internacionalmente que en el municipio de Trujillo (Valle del Cauca), a unos 250 kilómetros al sureste de Bogotá, entre 1986 y 1994, una alianza conformada por militares, paramilitares y narcotraficantes asesinó selectivamente a unas 200 personas.
No obstante las amenazas, Giraldo aseveró que no las denunciará ante la Fiscalía porque no cree en la justicia colombiana. «La justicia está muy corrupta. Yo ya no acudo a este sistema de justicia», sentenció.
http://queridodiario.lasillavacia.com/2010/05/gracias-pero-no-gracias.html