Las casi dos horas y 44 páginas que insumió el discurso del Presidente Sebastián Piñera en su primera Cuenta Pública a la Nación, fueron, en primer término, una manifestación de ansiedad megalómana, toda vez que el mismo sabe que planteó un vasto conjunto de metas imposibles de ser cumplidas en el marco del actual sistema […]
Las casi dos horas y 44 páginas que insumió el discurso del Presidente Sebastián Piñera en su primera Cuenta Pública a la Nación, fueron, en primer término, una manifestación de ansiedad megalómana, toda vez que el mismo sabe que planteó un vasto conjunto de metas imposibles de ser cumplidas en el marco del actual sistema político chileno, y menos en cuatro años.
Luego, se trató de una hábil pieza oratoria que conjugó ese lenguaje inclusivo, conciliador e incluso paternal, que Piñera conoce bien cómo le gusta a los chilenos, con fervientes llamados a la unidad nacional y gestos de amistad cívica, aderezada con esa concurrencia de invocaciones mesiánicas, frases hechas y lugares comunes que ya parece formar parte de su sello.
Pero, en lo fundamental, representaron la expresión de un inédito populismo de derecha en Chile, que detrás de unas pocas concesiones en materia de política social y redistribución -las cuales, en rigor, la Concertación no se atrevió a plantear en veinte años- confirmó la orientación tecnocrática fundada en el dogma del mercado, propia de este modelo, y pasó de contrabando algunas de las obsesiones de la derecha económica y el empresariado, tales como la «modernización» del Estado y del mercado de capitales, la seguridad ciudadana, la desregulación laboral y las privatizaciones de segunda generación en servicios básicos como infraestructura pública, salud y educación.
Tal vez lo más parecido a un programa político fue el Plan de Reconstrucción, que se propone metas tales como 135 mil subsidios para reconstrucción de viviendas y 65 mil para reparación; la reconstrucción o reparación de 1.300 escuelas, liceos y salas cuna; la reconstrucción o reparación de 13 hospitales y un centenar de postas y consultorios, y la reconstrucción o reparación de infraestructura pública, como caminos, puentes, puertos, aeropuertos, caletas de pescadores, sistemas de agua potable y edificios públicos.
El problema radica en que el plan tiene un costo total de US$ 8.400 millones, del cual sólo está programado un financiamiento de US$ 3.235 millones, mediante el incremento transitorio al impuesto de primera categoría a las empresas, una sobretasa transitoria a las contribuciones del 5% de las propiedades de mayor valor y un aumento, también transitorio, del royalty a las grandes empresas mineras, sin perjuicio de que en el largo plazo el resultado neto de esas medidas determina nuevas ventajas y exenciones tributarias a los grandes capitales.
El remanente, un nada despreciable 61,9%, en rigor un poco menos si se consideran los US$ 300 millones que se espera recaudar con la recién aprobada Ley de Donaciones -que también abre nuevas brechas tributarias a los grandes capitales- será financiado, dijo Piñera, «con un esfuerzo de austeridad, un uso moderado y responsable de ahorros externos y endeudamiento público, reasignaciones del Fondo de la Ley Reservada del Cobre, ventas de activos prescindibles y disminución de la evasión tributaria».
Al dejar indeterminada una porción tan amplia del financiamiento de la reconstrucción, deja el tema al arbitrio del Ejecutivo y contiene el peligro, de una parte, que una vez más el costo se le endose al conjunto de la población, y de otra, que se aproveche la oportunidad para seguir liquidando el patrimonio de todos los chilenos.
De atenerse a las pulsiones del modelo, cabe apostar sobre seguro que el peso mayor de la fracción indeterminada del financiamiento se le cargará a los «esfuerzos de austeridad», esto es, a la reducción y/o contención del gasto público; a la venta de «activos prescindibles», o sea, la enajenación o reducción de los porcentajes accionarios del Estado en las empresas de servicios públicos, ya controladas por privados, y el control de la evasión de la tributación indirecta, es decir el IVA, toda vez que las brechas tributarias para los grandes capitales serán ampliadas con las medidas anunciadas.
El siguiente acápite del discurso, relativo los Siete Pilares del Programa de Gobierno, es el que contiene el mayor número de gatos por cada unidad de liebres.
Así, para recuperar la capacidad de crecer al 6% anual y alcanzar el ingreso per cápita de países como Portugal o República Checa, detrás del señuelo de exenciones tributarias para la pequeña y mediana empresa, se desliza el objetivo estratégico: modernización del Estado, modernización del mercado de capitales e incorporación de cientos de miles personas y PYMES a los mercados financieros formales.
No se trata de un alarmismo huero u oposición anacrónica.
Los chilenos sabemos por experiencia lo que ha representado la «modernización» del Estado en el modelo neoliberal. Modernización en los términos de Piñera, sólo puede significar reducción en la planta de funcionarios públicos, o hacer depender una parte creciente de su salario de variables de desempeño.
No se puede «modernizar» el mercado de capitales sin abrir todavía más la cuenta de capitales, lo que significa mayor transnacionalización y por tanto vulnerabilidad de nuestra economía.
La incorporación de cientos de miles de personas y pymes a los mercados financieros formales no apunta a otro objetivo que ampliar la esfera de circulación del crédito, donde invariablemente, y por definición, sólo gana la banca.
Peor aún, esas medidas garantizan acumulación de capital, pero no crecimiento, ni menos desarrollo.
Similar es el panorama del segundo pilar, recuperación de la capacidad de generación de empleo. Conviven medidas técnicas, como incremento a la capacitación, la Bolsa Nacional del Empleo y la modernización de la Dirección del Trabajo; incentivos financieros, como bonos para la capacitación e intermediación laboral, y declaración de intenciones, como nuevo trato a las pymes, desarrollo de una cultura del emprendimiento y respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores. Pero eso es sólo el juego distractivo.
En lo esencial, el programa de Piñera oscila entre concesiones de las que la Concertación no fue capaz de sacar adelante, como la ampliación de las materias susceptibles de ser negociadas colectivamente y la corrección de las prácticas que distorsionan el concepto de empresa, como los múltiples RUT
-no es accesorio recordar que cuando se plantearon, la derecha votó en contra- con una oblicua ofensiva de flexibilización laboral que incluye el fomento al teletrabajo, el perfeccionamiento del seguro de desempleo y la adaptabilidad horaria y los sistemas de turnos de la jornada de trabajo. En cambio, ninguna mejora en la capacidad negociadora de los trabajadores, que pasa por la negociación por rama de producción, el incentivo, la promoción y la defensa del derecho a sindicalización, y el refuerzo del derecho a huelga, para hacerlo efectivo.
Respecto del tercer pilar, lucha contra la delincuencia y el narcotráfico , sólo cabe decir que mientras no se avance efectivamente hacia una sociedad más justa, con redistribución del ingreso efectiva, igualación de oportunidades y trabajo como derecho social, todas las medidas propuestas se estrellarán con la dura realidad, en que paralelamente al alza en inversión en policías, sistema de justicia y construcción de cárceles, siguen aumentando la población penal y los índices de delincuencia, tal como viene sucediendo desde hace 37 años.
Argumento parecido se puede aplicar al cuarto, calidad y equidad de la educación. Mientras se deje al mercado la asignación de oportunidades, y se impida que el Estado sea el garante de las mismas, seguiremos teniendo un sistema de educación altamente diferenciado, con elevada calidad de una educación pagada que busca generar cuadros de gerencia y dirección, conviviendo con una educación pública de pésima calidad, que apunta a generar mano de obra de baja calificación, a la que se le pueda pagar salarios cercanos a la subsistencia.
En el quinto pilar, calidad y equidad de la salud, algunas liebres políticamente correctas, como terminar con las listas de espera de cirugía y enfermedades AUGE dentro de los próximos dos años, bono automático AUGE, garantizar acceso y financiamiento a medicamentos de calidad a precios competitivos, ocultan gatos estratégicos orientados a profundizar el proceso de privatización de la salud: igualar garantía entre pacientes de Fonasa e ISAPRES, lo cual pasa por compra de servicios a proveedores privados; construcción de al menos diez nuevos hospitales en la modalidad de concesiones y rediseño de los hospitales autogestionados y los centros experimentales.
El sexto pilar, lucha contra la pobreza y las desigualdades excesivas, es un autorretrato de los estrechos márgenes del modelo. Se limita a una medida de cuño burocrático y del todo inconducente, como la creación de un Ministerio de Desarrollo Social y al establecimiento de un ingreso ético familiar de 250 mil pesos. En primer término, aún cuando se implemente, eso no elimina la pobreza, que no es sólo monetaria, sino que tiene que ver con calidad de vida asociada a derechos básicos como vivienda, trabajo, educación, salud y seguridad social. Luego, no es una meta muy ambiciosa, toda vez que supera levemente la suma de los subsidios sociales establecidos por los gobiernos de la Concertación.
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En el séptimo pilar, perfeccionamiento de la democracia, es donde brillan las principales ausencias. A pretexto del proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario y del condicionado derecho a voto a los chilenos que residen en el extranjero, se deja intacta la piedra angular del actual modelo de democracia limitada y protegida, como es el sistema electoral binominal, reforzado por los quorums calificados para las reformas de naturaleza constitucional.
El tercer módulo del mensaje presidencial remite a lo que el texto del mensaje denomina Otros Anuncios Relevantes del Programa de Gobierno 2010-2014.
Se trata de un vasto conjunto de medidas en 21 ejes temáticos, donde coexisten propuestas programáticas, medidas técnicas y declaración de intenciones.
Pero al carecer de respaldo tanto de formas de financiamiento como de iniciativas de ley, es difícil discriminar entre las que el Ejecutivo se dispone efectivamente a impulsar, de aquellas que orbitan en la visión del deber ser que obsesiona al actual Presidente. Al menos cabe consignar que no venía el Mapocho navegable, lo que no significa que lo haya desechado.
Entre las más importantes, cabe consignar:
En vivienda, 600 mil soluciones habitacionales para las familias más vulnerables y de clase media; en regionalización, transferencia de funciones, atribuciones y recursos del gobierno central a regiones y comunas y elección directa de consejeros regionales; para tercera edad, eliminación del 7% de descuento para la salud y extensión del sistema de pensiones solidario del 50 al 55%, lo que implica incrementar la pensión máxima solidaria de 150 mil a 250 mil pesos mensuales.
En materia de energía hacia 2020 el 20% de la matriz eléctrica debiera provenir de fuentes limpias y renovables. En el marco del actual modelo, la exigencia de que toda inversión en este rubro debe tener respeto a la gente y comunidades y respeto a la naturaleza y cumplimiento riguroso de la legislación ambiental, es poco más que pirotecnia retórica.
En obras públicas se anuncia la profundización de las concesiones y competencia del sistema, y en transporte y telecomunicaciones, un plazo hasta 2011 para corregir los errores de diseño e implementación del Transantiago, lo cual pasa, como hemos visto, por elevar sustancialmente sus tarifas.
En minería, el mensaje asegura que Codelco seguirá siendo una empresa pública, sin perjuicio de anunciar la modernización del gobierno corporativo de Enami, lo que dicho sea de paso, ya se consiguió en Codelco.
En defensa, el mensaje anunció el Reemplazo de la ley reservada del cobre por un sistema de financiamiento plurianual de las adquisiciones para las Fuerzas Armadas.
En justicia, se anunció una reforma procesal civil y un plan piloto de justicia vecinal, para la resolución de conflictos menores a nivel comunal.
En materia de pueblos originarios, el Presidente invocó un reencuentro histórico con el pueblo mapuche, que pasa por un reconocimiento constitucional y la promoción del desarrollo integral de esos pueblos.
Huelga decir que es letra muerta en tanto no se respeten su cultura, su estructura de propiedad colectiva de la tierra y formas avanzadas de autonomía política.
En cultura, la reforma a la ley de donaciones para ampliar la base de donantes y reducir los impedimentos, abrirá nuevas brechas tributarias al gran capital.
En modernización del Estado, destacan la profundización del Sistema de Alta Dirección Pública y la creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, organismos que elitizarán la función pública.
En relaciones internacionales, hay poco más que consolidar la calidad e miembro pleno de la OCDE.
Sin perjuicio de las materias omitidas en este suscito recuento, Piñera, que es un tipo intelectualmente dotado y técnicamente preparado, sabe perfectamente que es imposible lograr en cuatro años ni siquiera una aproximación al conjunto de las metas y medidas propuestas en su megalómano programa.
Un ensayo de explicación a qué obedece, deja poco más que dos hipótesis.
La primera, es que hablar es gratis, y que el marketing es el sucedáneo de la impotencia que genera un sistema político en empate sistemático.
La segunda, apunta a que toda esta enorme parafernalia retórica busca disimular los objetivos estratégicos del gobierno de Piñera, encubiertos bajo un astuto populismo de derecha.
El punto es que una vez más, lo traicionó el temperamento.
En una salida de libreto, hacia el final de su discurso dijo que su gobierno será evaluado más por sus resultados que por los proyectos e intenciones.
Desde ese punto de vista, no se equivoca: la historia lo juzgará.