La cita del G-20 en Toronto (Canadá), cuya cobertura periodística se deleitó en los choques entre grupos de manifestantes y las fuerzas policiales, ha sido una nueva expresión de la dirección y velocidad que han tomado las grandes políticas en el mundo. Es un sentido impreso por las grandes corporaciones y, especialmente, por los grandes […]
La cita del G-20 en Toronto (Canadá), cuya cobertura periodística se deleitó en los choques entre grupos de manifestantes y las fuerzas policiales, ha sido una nueva expresión de la dirección y velocidad que han tomado las grandes políticas en el mundo. Es un sentido impreso por las grandes corporaciones y, especialmente, por los grandes poderes financieros, que legitima y consolida todas las medidas a su favor tomadas por los Estados como herramientas para salir del colapso económico que vivió el mundo hacia finales de 2008. Pero también ahonda estas medidas, y lo hace de una forma que ha comenzado a generar malestar social -con protestas masivas- en las economías desarrolladas.
La reunión del G-20, grupo de veinte naciones que finalmente está controlado por las ocho grandes economías del mundo, no sólo ha consolidado esta vez el descaro de los billonarios salvavidas financieros que los Estados otorgaron a los bancos y otras entidades especuladoras, sino que ha ido aún más lejos: ha endosado los costos de estas ayudas y regalías a los ciudadanos, a los trabajadores, a los pensionados. Ni una sola exigencia a los bancos. Ni hablar de impuestos a los flujos especulativos del capital financiero. La cuenta ha sido endilgada a los más pobres.
La declaración de este grupo de poderosas naciones parece haber sido redactada por los bancos beneficiados, lo que no es ajeno totalmente de la realidad. Porque si no obliga a nada a las entidades financieras, sí instruye a los gobiernos a recortar su déficit fiscal a la mitad para los próximos tres años. Un proceso que ya comenzó en Grecia y España, pero que se extiende al resto de las naciones industrializadas. Hay anuncios en Gran Bretaña, Alemania, Francia que implican disminución de los empleos públicos, jubilaciones anticipadas, abiertos recortes salariales, como en España y Grecia, y el fin de numerosos subsidios.
Es una aplanadora política impulsada desde el poder financiero por sobre países con una larga tradición de derechos ciudadanos y seguridad social. Las políticas que se realizaron en Chile en los ochenta y los noventa, las «reformas estructurales» dirigidas por los organismos económicos internacionales, están ahora extendiéndose en Europa. Pero la reacción de los ciudadanos organizados ha sido otra: los trabajadores y estudiantes no aceptarán estas reformas de brazos cruzados. Huelgas y movilizaciones se expanden por las capitales de Europa.
Decretar recortes salariales o impulsar millones de despidos son medidas inéditas y extremas, no observadas en la reciente historia económica. Pero tampoco lo es el discurso beligerante y amedrentador. José Durao Barroso, ex primer ministro de Portugal y actual presidente de la Comisión Europea, ha advertido a los sindicatos y movimientos populares de Europa que de no aceptar los cambios, podrían instalarse dictaduras militares en España, Grecia y Portugal.
Las concesiones, privatizaciones encubiertas
La máquina económica de las grandes corporaciones avanza también por nuestras latitudes. En Latinoamérica, donde en muchos países impuso reformas en décadas pasadas -desde la reducción y la claudicación de los Estados frente a la privatización de prácticamente todas las empresas públicas y la desregulación de todos los mercados para convertirlos en monopolios-, surge hoy un renovado y abierto interés por redoblar el libre y ancho acceso a la explotación de cada vez más recursos naturales. No sólo la minería, la agricultura y monocultivos, también la energía y la pesca. Sin ir muy lejos, en nuestro país tenemos proyectos extremos en todos y cada uno de esos sectores: en la minería está Pascua Lama, de Barrick Gold, proyecto que prevé remover un glaciar para extraer oro; en la energía, HidroAysén, que busca instalar una serie de represas hidroeléctricas en la Patagonia para llevar la energía a lo largo del país y servir las necesidades de los enclaves mineros transnacionales del norte; y en la salmonicultura, las concesiones marinas, que han significado la última de las privatizaciones de la Concertación: la del mar.
El gran capital, que ha comenzado a dictar sus órdenes en los países europeos, tiene también nuevos intereses en Chile. Y no sólo en los recursos naturales. Una nueva vuelta de tuerca es posible en los servicios, que no son sólo agua, electricidad o comunicaciones, sino también educación y salud. Ya está en carpeta la venta de lo que le queda al Estado en las sanitarias (35 por ciento en Aguas Andinas y 43,4 por ciento en Essbio), ya privatizadas durante el gobierno de Eduardo Frei. Bajo el actual estatuto de estas empresas, el gobierno de Piñera sólo espera contar con un buen comprador. Lo que tenemos hoy es un anticipo de un futuro monopólico. Porque actualmente, sólo dos empresas, Aguas Barcelona y la canadiense OTPP, controlan el 75 por ciento del «negocio» del agua potable en Chile.
El proceso de concesiones privadas desarrollado por la Concertación ha sido elogiado por fundamentalistas del libre mercado, como Hernán Büchi y Carlos Cáceres. El modelo, aplicado en áreas como las sanitarias, los puertos y, por cierto, las autopistas nacionales y urbanas, tuvo su última expresión en las costas marinas, entregadas en concesión a la industria salmonera transnacional para hipotecarlas a favor de la gran banca privada, con la que mantiene una deuda de cuatro mil millones de dólares que equivale al 30 por ciento del patrimonio de la banca. El modelo, tan alabado por los mismos creadores en Chile del patrón neoliberal, no es otra cosa que una privatización.
Desde la instalación de las reglas del mercado el discurso de sus oficiantes ha sido claro: el sector privado es el motor de la economía, en tanto el Estado debe replegarse y realizar funciones mínimas, como la asistencia a aquellos grupos de ciudadanos que quedan fuera del mercado. Es lo que ha ocurrido en Chile en todas las áreas de la producción y los servicios, con excepción de algunas unidades productivas como Codelco y Enap, y el BancoEstado, en los servicios financieros. Para nadie es un misterio que la derecha y los grupos económicos tienen a estas empresas en la mira. El BancoEstado tiene aproximadamente un quinto del mercado de las colocaciones bancarias, en tanto Codelco es el principal productor de cobre del mundo, con el 25 por ciento de la producción chilena y activos por más de 13.700 millones de dólares.
Nuevo clima de movilizaciones
En esta línea, inaugurada por los gobiernos de la Concertación, el gran capital olfatea hoy nuevamente más negocios. Y qué mejor que nuevas vueltas de tuerca en sectores masivos, tan variados y básicos como la salud y la educación. Las declaraciones del jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, que sondeaban la intención de eliminar los aportes fiscales directos a las universidades estatales, apuntan a consolidar y fortalecer en esta área al sector privado. Debilitar las instituciones públicas es una estrategia clásica de las políticas del libre mercado, que busca traspasar todas las actividades económicas y sociales al sector privado. Es un nuevo paso en el proceso de mercantilización de actividades que algún día fueron en Chile consideradas como derechos adquiridos de los ciudadanos.
El consenso en torno al modelo privado no separa a la Concertación y la derecha, lo que se expresó con claridad tras la unión de estos dos bloques ante la presión de los estudiantes secundarios, que pedían el fin de la Loce y el regreso de la educación a la tutela del Estado. La Lege (Ley General de Educación) fue resultado del consenso entre la dupla gobierno-oposición, que elaboró y aprobó un texto a espaldas de los estudiantes para cautelar los intereses privados en la educación básica y media.
Bajo el modelo de las concesiones, el actual gobierno intenta introducir elementos propios del sector privado en la gestión de la salud pública, lo que avanza junto al interés por traspasar los consultorios a las municipalidades, tal como ocurre actualmente con la educación básica y media municipalizada. En una declaración pública difundida el mes pasado, la coordinadora de los gremios de la salud de la Confenats expresó su rechazo a la construcción de establecimientos hospitalarios que entregan al sector privado unidades y servicios de apoyo clínico, supuestamente para abaratar los costos de construcción de esos edificios.
Para estos gremios, los problemas endémicos de la salud pública no se solucionan sólo con la construcción y reconstrucción de la infraestructura. «Afirmar esto es engañar a la ciudadanía. Se requiere una actitud más decidida de parte de todos los actores involucrados, en especial del gobierno de turno para construir una real solución a los problemas que enfrenta el sistema público de salud en beneficio de la población usuaria». El paro que realizaron los trabajadores de los hospitales San Juan de Dios y Félix Bulnes el 2 de julio, calificado de «inmoral e ilegítimo» por el ministro del ramo, Jaime Mañalich, fue un llamado de alerta al gobierno y a la comunidad por las malas condiciones de los servicios públicos de salud.
Pero las externalizaciones ya estaban en marcha desde los gobiernos anteriores. Según la coordinadora de gremios de la salud, la población usuaria, los trabajadores de la salud y los ciudadanos «no pueden pagar los costos de las políticas privatizadoras implementadas durante la dictadura, mantenidas y profundizadas en los últimos veinte años a través de la externalización de servicios, autogestión hospitalaria, compra de servicios al sector privado, entre otras medidas para evitar aumentar el aporte del Estado a la salud y de esta forma justificar la imposición de reformas en el sector, dirigidas expresamente a esconder las falencias mediante soluciones parciales a los problemas de salud».
En reciente entrevista, el presidente de la Confenats, Roberto Alarcón, declaró: «La concesión de los hospitales es una política que se originó en la dictadura, que continuó la Concertación y que hoy profundiza Piñera. La Concertación, desde 1990 dijo que había mejorado la salud en el país, y que duplicó el gasto presupuestario. Es cierto. Pero lo que pasa es que Pinochet invirtió apenas un 0,8 por ciento del PIB en el sector. Hoy es el 1,6 por ciento. Pero la comparación es mañosa, porque en la dictadura los hospitales se caían a pedazos». Si se compara el gasto en salud pública con un país de la OCDE, grupo al cual Chile pertenece desde este año, la diferencia es abismal: Portugal destina el 7,1 por ciento; Alemania, el 8; España, el 6,1 por ciento; Finlandia, el 6,1 y Japón el 6,7.
Los trabajadores de la salud, ya en junio advertían sobre sus movilizaciones, las que tendrán un carácter creciente si no hay una respuesta clara del gobierno. «Por ser la defensa del sistema público de salud una demanda histórica de los trabajadores del sector, independientemente de los gobiernos de turno, llamamos a todos los actores sociales involucrados a sumarse a las acciones de movilización que emprenderemos próximamente».
De la misma manera que en Europa, los trabajadores chilenos del sector público han comenzado un proceso de movilizaciones. Así como puede observarse en el área de la salud, también sucede en otras reparticiones públicas. La Anef (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores, ha declarado que de continuar la ola de despidos en la administración pública, esta organización llamará a un paro nacional. Según ha declarado la vicepresidente de la CUT, Silvia Aguilar, «el gobierno está creando un escenario que lleva a la movilización de empleados y trabajadores» y que si no se respetan sus derechos, «hay una organización silenciosa que está lista para convocar a los trabajadores».
El mismo clima de alerta ronda a los estudiantes. La Confech (Confederación de Estudiantes de Chile), que convocó a una exitosa movilización el pasado 1º de junio, observa con inquietud los nuevos aires privatizadores en el sector educación. Y tal como los estudiantes, la CAT (Central Autónoma de Trabajadores) también tiene convocada una manifestación este mes contra el proceso de privatizaciones, los despidos masivos y las alzas de tarifas del Transantiago.
(Publicado en «Punto Final», edición 713, 9 de julio, 2010)