En la audiencia de la comisión quinta del senado citada por la Senadora Piedad Córdoba, dos mil quinientas personas entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, reclamaron al gobierno colombiano por el proyecto de ley de tierras, que consideran la legalización del despojo: «es una ley inconsulta que pone las vidas en riesgo y legaliza el despojo». […]
En la audiencia de la comisión quinta del senado citada por la Senadora Piedad Córdoba, dos mil quinientas personas entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, reclamaron al gobierno colombiano por el proyecto de ley de tierras, que consideran la legalización del despojo: «es una ley inconsulta que pone las vidas en riesgo y legaliza el despojo». Consideran que el proyecto de Ley de Tierras del gobierno no ha sido elaborado pensando en ellos. Durante los últimos dos gobiernos, 5.3 millones de hectáreas han sido arrebatadas por la fuerza a sus propietarios.
La Ley de Tierras se presenta en los mass-media como lo que no es
En Colombia debe haber restitución de tierras a los desplazados; pero la Ley de Tierras de Santos no busca eso.
Primero: No en todo el país se aplicará la ley, sólo en los territorios que el gobierno decida (zonas de consolidación paramilitar-militar). Con lo cual los desplazados no podrán efectivamente ir a vivir en zonas dominadas por sus victimarios.
Segundo: La política agropecuaria deL gobierno es la continuidad de la política del gobierno de Uribe, en cuanto a que es una política neoliberal, que promueve el latifundio, el capital extranjero, la mega minería, los mono-mega-cultivos, la desprotección del campesinado y del sector nacional del agro frente a los productos subsidiados de USA y UE: una política de aniquilación de la soberanía alimentaria.
Se va a desmontar a la UAF (Unidad Agrícola Familiar) para montar grandes plantaciones en la altillanura. Se entregarán más tierras a multinacionales extranjeras. El Banco Mundial promueve la concentración de tierras y preconiza la titulación como etapa previa a la constitución de dichos monopolios. La titulación de tierras está siendo promovida por el gobierno ahora, cuando siempre la desechó; obviamente ahora la motivación es lograr traspasar las tierras de las manos campesinas a las manos del gran capital. El Banco Mundial preconiza: «Hay que promover la movilidad de los derechos de propiedad»
La política agropecuaria del gobierno de Juan Manuel Santos de fomentar el latifundio y el ‘ libre comercio’ conlleva la ruina agraria: más empobrecimiento, más desplazamientos masivos de poblaciones, más hambre y miseria, en un país cuya mayoría de la población vive ya en condiciones de miseria.
El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. La concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 11º país con más desigualdad social del mundo (puesto número 11 de coeficiente GINI de desigualdad), y es el país más desigual del continente americano. Hablamos de que hay, según las cifras más clementes, 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres. Mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición aguda (cifras de UNICEF), de cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padecen desnutrición crónica. Simultáneamente, y correlativamente a esta miseria, un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional y declaró ganancias de 1.250 millones de dólares en el último bimestre de 2009.
Esta injusticia social es mantenida por el empleo sistemático del Terror desde el mismo Estado, que implementa paramilitarismo para acallar la reivindicación social: hay en Colombia 4,5 millones de personas desplazadas, que han sido despojadas de sus tierras mediante las masacres comanditadas por el gran capital y ejecutadas por el paramilitarismo en conjunción con el ejército oficial. El Terrorismo de Estado en Colombia se puede resumir en 3 datos:
El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia por la herramienta paramilitar del Estado y multinacionales, o por agentes oficiales del Estado.
Sólo en los 3 últimos años, han sido desaparecidas más de 38.255 personas en Colombia (informe febrero 2010): La desaparición forzada es un crimen de Estado que busca eliminar la reivindicación social, eliminando a los que reivindican e infundiendo terror en los sobrevivientes (disuadir por el terror)
La eliminación física de todo un partido político, La Unión Patriótica (UP), más de 5.000 personas de la UP asesinadas por el Estado.
La Ley de tierras de Santos viene a legalizar el despojo operado mediante miles de masacres y profundiza el drama de la injusticia social en Colombia.