La Fiscalía de Colombia ha revelado actuaciones ilegales del servicio secreto (DAS), durante el Gobierno de Uribe, en el que se investigó a defensores de derechos humanos colombianos y de otros países.
Durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), el servicio de inteligencia colombiano investigó a fiscales, políticos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que se consideraban contrarios a la política de Uribe. Se diseñó un plan de «guerra política», según consta en un informe de la Fiscalía de Colombia que ha investigado estos hechos a través de miles de documentos incautados en la sede del servicio secreto, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en febrero de 2009.
El allanamiento de las oficinas del servicio de inteligencia se produjo tras varias denuncias y escándalos que apuntaban posibles conexiones entre Gobierno y paramilitares. La Fiscalía señala en su informe que no sólo se actuó contra ciudadanos colombianos, también se investigó a personas de otros países, entre ellos varios españoles, de organizaciones de derechos humanos.
El citado documento dice que las actividades ilegales del DAS se cometieron entre 2004 y 2005. Pero, las confesiones de varios acusados y la documentación aparecida posteriormente indican que estas prácticas se produjeron durante todo el mandato de Uribe. Además, dos ex altos cargos del DAS han declarado que el presidente conocía su trabajo, les felicitó y les instó a continuar.
En uno de los documentos del DAS se dice que se pretendía «defender la Democracia y la Nación y crear condiciones sobre las consecuencias de un sistema comunista». Los medios del DAS para combatir a esos ‘enemigos’ eran: «El desprestigio a través de los medios de comunicación, distribución de panfletos, grafitis (…), libros, creación de páginas web (…), el sabotaje a partir del terrorismo explosivo (…), las amenazas y el chantaje».
Miles de documentos del DAS En los miles de folios decomisados figuran hasta 275 «blancos», ciudadanos con nombres y apellidos a investigar, entre los cuales estaba el actual vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, de quien se afirma que tuvo contactos con la cúpula de las FARC. El DAS dio órdenes a los paramilitares para atentar contra algunos de esos «blancos», como fueron los asesinatos de varios sindicalistas y del profesor Alfredo Correa.
El trabajo del Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3), creado por el DAS, no se limitó sólo a Colombia, sino que fue «una empresa criminal» que trascendió fronteras, según afirmó el magistrado Jaime Arrubla. En el citado informe se establece que el DAS bautizó un caso como «Transmilenio», cuyo objetivo general era «neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y en el mundo», y específicamente «el esclarecimiento de vínculos con organizaciones narcoterroristas, en busca de su judicialización».
Para ello pusieron en marcha, entre otras, la Operación Europa, cuyo fin era paralizar «la influencia en el sistema jurídico europeo: Comisión de DD HH del Parlamento Europeo, la oficina del Alto Comisionado de la ONU y gobiernos nacionales», según la Fiscalía. Incluso se nombró a un agente para estas actividades, Germán Villalba, subdirector de Fuentes Humanas del DAS, actualmente detenido. Los fiscales han detectado, hasta ahora, nueve actuaciones delictivas del DAS en el Estado español o contra ciudadanos y ciudadanas españolas en Colombia. A Villalba le ordenaron el «cubrimiento» de los eventos que realizó en Valencia, en 2004, la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, una plataforma de la que formaban parte Amnistía Internacional, la Comisión de Ayuda al Refugiado, Colectivo Sur Cacarica, CEPS, Ospaaal y SodePau- PV, entre otras. A la organización Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, una coordinación de organizaciones europeas, le interceptaron numerosos correos electrónicos enviados a asociaciones colombianas e investigaron a sus activistas mientras estaban en Colombia, en la ciudad de Arauca, donde el DAS estableció un «plan de trabajo» para buscar «relaciones entre algunas ONG y las FARC», según el informe.
Tampoco se salvó del espionaje la organización Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, entre cuyos integrantes figuran la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Se tiene constancia de que fueron interceptadas comunicaciones electrónicas y telefónicas entre la Taula y el Colectivo de Abogados de Colombia José Alvear (CAJAR), una de las ONG que más ha sufrido las agresiones del DAS.
El abogado español José Luis Galán, de la Asociación Libre de Abogados, ha sido víctima del mismo delito: se chuzaron (interceptar) sus correos con el CAJAR y consta una conversación con el abogado colombiano Alirio Uribe. El G-3 también puso su punto de mira en la prensa crítica. Un correo que Alèxia Guilera, corresponsal en Colombia y colaboradora de varias ONG, mandó en 2004 al periodista sueco Dick Emanuelsson acabó en manos de Jaime Ovalle, del G-3. A Emanuelsson le borraron la memoria del ordenador y le alertaron de que un terrorista con su descripción iba en un vuelo a Costa Rica. La Fiscalía informa también de que la entonces diputada de IU, Isaura Navarro, fue investigada durante su visita a Colombia en 2004.
Además, el informe recoge las actuaciones contra tres defensores de derechos humanos colombianos exiliados en el Estado español. Dos de ellos presentaron el 26 de octubre una querella contra el presidente Álvaro Uribe, el ex director del DAS, Jorge Noguera, y Germán Villalba, agente del DAS en Europa. Esta denuncia está avalada por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia integrada por más de 50 organizaciones.
Santos: distintas formas, mismos crímenes
El relevo de Álvaro Uribe por Juan Manuel Santos en la Presidencia de Colombia provocó ciertas expectativas de cambio que la realidad de los hechos ha situado en su justa medida. Santos fue ministro de Defensa de Uribe, por tanto responsable, al menos políticamente, del ataque en territorio ecuatoriano al campamento de las FARC y de la práctica de los falsos positivos.
Las madres de varios jóvenes de Soacha -población cercana a Bogotá- asesinados por miembros del Ejército han acusado al presidente Santos, de «estar involucrado» en los asesinatos de sus hijos en 2008, ya que en esa fecha tenía el mando sobre las fuerzas militares. Varias de estas mujeres recorren en estos días ciudades europeas para contar sus casos.
Un informe de la Coordinación Colombia Europa EE UU -coalición de organizaciones colombianas de defensa de los derechos humanos- denuncia que en los primeros 75 días de Santos ha habido un «cambio en el lenguaje», pero continúa la vulneración de derechos: 25 sindicalistas, indígenas, defensores y campesinos han sido asesinados.
Fte: Diagonal, nº 137. 12 de noviembre de 2010
http://www.diagonalperiodico.net/El-servicio-secreto-de-Colombia.html