La necesidad de que de una vez por todas se determine con rigor científico y certeza judicial si la muerte del presidente Salvador Allende fue suicidio u homicidio resulta irrefutable y cualquiera sea el veredicto nada disminuirá ni la dignidad del mandatario ni la responsabilidad de los generales traidores en su muerte. Su vida concluyó […]
La necesidad de que de una vez por todas se determine con rigor científico y certeza judicial si la muerte del presidente Salvador Allende fue suicidio u homicidio resulta irrefutable y cualquiera sea el veredicto nada disminuirá ni la dignidad del mandatario ni la responsabilidad de los generales traidores en su muerte. Su vida concluyó en un palacio sitiado, bombardeado, asaltado por militares cobardes que con tanques y armas poderosas masacraban al pequeño grupo que defendió ese último bastión democrático. Hay contradicciones no aclaradas, versiones diferentes, peritajes divergentes, igualmente respetables, y se agravia a una de las figuras notables de nuestra historia que ni siquiera se esclarezca la causa precisa de su muerte. Demasiada tardanza, pero hoy se lleva a cabo y eso es lo que cuenta. La exhumación, que hace tiempo solicitamos en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, molesta a los golpistas contumaces. Un reciente editorial de La Segunda , vinculada a la dictadura y cuyos crímenes justificó, plantea objeciones a la medida decretada por el ministro Mario Carroza. Lo hace sibilinamente, planteando la contradicción de justicia y política bajo el título «¿Judicializar la historia?»
A los hipócritas cabe señalar que la vida entera está vinculada a la política, la que suele discurrir por carriles judiciales, y a su vez la actividad de los tribunales siempre ha estado influida de un modo u otro por el peso de la clase política y económicamente dominante. Sobran los ejemplos. Hoy mismo en Chile recientes fallos de la Corte Suprema muestran que la tendencia es a dejar sin efecto o disminuir drásticamente las condenas de primera instancia a violadores de derechos humanos, pero al mismo tiempo ha crecido la criminalización de la protesta social y la aplicación desproporcionada de penas gravísimas a luchadores, como es el dramático caso de nuestros mapuches. Respetables autoridades religiosas del país han alzado sus voces para exigir respeto a los derechos de quienes sólo reclaman justicia. La legislación «antiterrorista» fue creada precisamente por terroristas de verdad, luego aplicada por gobiernos de la Concertación, y se ha profundizado bajo este gobierno derechista. La odiosa campaña contra Manuel Olate no es sino política reaccionaria anticomunista. Como lo es la persecución a niñas de educación básica del Liceo Carmela Carvajal de Providencia, que dirige doña Rosa del Valle, por el solo hecho de simpatizar con las Juventudes Comunistas y defender causas nobles. Se las interroga policialmente y se intenta condenarlas en tribunales.
Mención especial merece el caso del tristemente célebre fiscal Alejandro Peña, hoy flamante empleado del gobierno, denunciado entre otros por el diputado Sergio Aguiló por su ofrecimiento de recompensa en dinero a informantes falsos para inculpar a los detenidos en el llamado «caso bombas».
Resulta igualmente repudiable la maniobra «de inteligencia» de la PDI al detener y presionar a una persona a objeto de infiltrarlo en grupos anarquistas para obtener información que permita al régimen sostener la represión. En fin, los escándalos de la Van Risemberghe primero y de la ministra Matte después, reposicionan en la escena criolla los vínculos de política y tribunales.
A su vez el largo camino judicial iniciado con la querella del Partido Comunista de enero de 1998 que ha esclarecido crímenes de la dictadura derechista, constituye por sí misma, y aunque no fuere su objetivo, una valiosa contribución no siempre bien entendida al proceso de transición a la democracia que, con avances y retrocesos, sigue su curso. Es por estas razones que optamos por refrescar la memoria con estos asuntos de la contingencia y privarnos por ahora de referirnos a Gonzalo Rojas y a los 19 años del fallecimiento del inolvidable Rector, con mayúsculas, el camarada Enrique Kirberg.