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Denuncia violaciones del Derecho nacional e internacional por el Gobierno venezolano

Comunicado del PCE rechaza la entrega ilegal de Joaquín Pérez al Estado colombiano

Fuentes: Rebelión

RESOLUCION DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA SOBRE LA ENTREGA A COLOMBIA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PRENSA ANNCOL El Partido Comunista de España ha apoyado y apoya sin reservas el proceso revolucionario bolivariano emprendido en Venezuela tras la llegada a la Presidencia de la República del compañero Presidente Hugo Chávez Frías. Siempre hemos saludado […]

RESOLUCION DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA SOBRE LA ENTREGA A COLOMBIA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PRENSA ANNCOL

El Partido Comunista de España ha apoyado y apoya sin reservas el proceso revolucionario bolivariano emprendido en Venezuela tras la llegada a la Presidencia de la República del compañero Presidente Hugo Chávez Frías. Siempre hemos saludado y seguimos haciéndolo, los importantes logros y avances que tanto en el terreno social, como económico y en especial en materia de defensa y garantía de todos los derechos humanos para todos los venezolanos y venezolanas ha emprendido el gobierno bolivariano de Venezuela. El PCE siempre ha mantenido este apoyo aunque ello nos haya significado descalificaciones y enfrentamientos con los medios de comunicación y con los distintos gobiernos españoles.

Por ello, queremos manifestarle nuestra mas enérgico rechazo y condena a la reciente entrega a Colombia efectuada por el gobierno de Venezuela del súbdito sueco y antiguo refugiado político colombiano en Suecia Don Joaquín Pérez Becerra, Director de la agencia de prensa ANNCOL, agencia de prensa que, además de dar una visión de Colombia mucho mas ajustada a la realidad que la difundida por los grandes monopolios informativos mundiales -quienes esconden sistemáticamente los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades colombianas contra su pueblo- también se ha caracterizado por una defensa cerrada de la revolución bolivariana venezolana. Joaquín Pérez fue concejal de la Unión Patriótica en los años 80 y como tal victima del genocidio político al que fue sometida esta fuerza hasta su practico exterminio -con el silencio cómplice de la comunidad internacional- , lo que obligó a Joaquín y a muchos otros miembros de la UP a abandonar Colombia y buscar asilo político en Europa.

Joaquín Pérez Becerra fue detenido al llegar a Venezuela a petición del gobierno colombiano, quien en una nueva maniobra fraudulenta a través de la INTERPOL, organismo que cada día muestra mas claramente su falta de imparcialidad y supeditación a las ordenes recibidas de los EEUU, puso en circulación una orden de detención cuando el compañero Pérez Becerra volaba hacia Venezuela. Recodemos que Colombia es el país del mundo donde más violaciones de los derechos humanos se perpetran, en la inmensa mayoría de los casos, por agentes del estado o los paramilitares a su servicio.

El único «delito» cometido por Joaquín Pérez Becerra ha sido defender y practicar la libertad de expresión, aunque desde el 11 de septiembre de 2001, cualquier manifestación de independencia informativa o política respecto a los interés de la gran potencia y sus lacayos – caso del gobierno colombiano y la oligarquía de este país- sea sistemáticamente tachada de «terrorismo», calificación que en numerosas ocasiones ha merecido – por parte de los grandes monopolios de la comunicación y de los gobiernos al servicio de los interés del imperialismo e intervencionismo de los EEUU- el propio Presidente Hugo Chávez .

Respecto a las graves acusaciones formuladas contra el compañero Joaquín Pérez Becerra por el Gobierno de Colombia, queremos manifestar nuestro enérgico desacuerdo con la actuación del Gobierno de Venezuela en este caso, toda vez que entendemos que el gobierno de Venezuela ha vulnerado, además de la confianza puesta en él por el movimiento internacional de solidaridad con Colombia y de defensa de los derechos humanos, las siguientes leyes internacionales e internas venezolanas, tal y como vienen poniendo de manifiesto estos días innumerables organizaciones y organismos defensores de los derechos humanos:

1º.- Convención de Ginebra de 1951 sobre Estatuto de los refugiados: establece claramente que ninguna persona que ostente o haya ostentado el estatuto de refugiado- incluso aunque este estatuto haya sido cesado o revocado- podrá nunca ser entregada a las autoridades del país donde sufrió la persecución. Las autoridades venezolanas han violado flagrantemente la anterior norma al entregar a Joaquín Pérez Becerra a las autoridades colombianas

2º.- Convenio de Viena sobre asistencia diplomática y consular: que establece que durante su detención en un tercer país, cualquier ciudadano tendrá derecho a entrevistarse y contar con la asistencia de su embajada. Las autoridades suecas en Venezuela y los abogados del compañero Pérez Becerra han denunciado la negativa de las autoridades venezolanas a permitir la realización de esta asistencia consular al ciudadano sueco detenido, quien fue entregado a Colombia sin poder ser atendido por funcionarios diplomáticos suecos

3º.- Convenios internacionales y legislación interna venezolana sobre extradición: las normas internacionales que contemplan la extradición, así como las leyes venezolanas aplicables, establecen la obligación de sustanciar un procedimiento de extradición respecto a cualquier solicitud de entrega cursada por un tercer país referida a un ciudadano detenido en Venezuela. La substanciación de este procedimiento es fundamental para garantizar el derecho a la defensa del solicitado en extradición e impedir situaciones de indefensión como la padecida por Joaquín Pérez al haber sido entregado a Colombia sin ser sometido al debido proceso de extradición

4º.- Convención contra la Tortura de 1984: establece esta Convención la no entrega de ningún ciudadano a las autoridades de un país donde pudiera ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Son numerosos los informes de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, de la Organización Internacional del Trabajo e incluso pronunciamientos de órganos judiciales de terceros países (Dinamarca o Chile entre otros) donde se señala que la tortura a los detenidos y presos es una practica habitual en Colombia. Simplemente por ello, Venezuela no debería haber entregado a Pérez Becerra a Colombia, habiendo incumplido al hacerlo la Convención sobre Tortura. Recordamos la lamentable situación que atraviesan los miles de presos políticos hacinados en prisiones colombianas, defensores de los derechos humanos, dirigentes campesinos o comunitarios, sindicalistas, etc, que mueren o contraen gravísimas enfermedades en prisión debido a los malos tratos padecidos, la infra alimentación y la ausencia de tratamiento medico durante su estancia en cárceles colombianas.

Las organizaciones defensoras de la revolución bolivariana, y en especial el PCE, siempre nos hemos sentido orgullosos de la actitud del gobierno bolivariano de Venezuela en materia de defensa de los derechos humanos y en especial respecto a quienes se han tenido que refugiar en Venezuela debido al ya largo Conflicto Armado Interno que padece Colombia. Lamentablemente, la entrega del Pérez Becerra a Colombia cambia sustancialmente este comportamiento y nos sitúa ante la cruda realidad de una grave violación de los derechos humanos de este ciudadano cometida por el gobierno de Venezuela.

Por todo ello, pedimos diáfana y respetuosamente a las autoridades hermanas venezolanas que soliciten a Colombia la devolución de Joaquín Pérez Becerra a Venezuela, para que en su caso este ciudadano sueco pueda hacer frente en este país a las graves acusaciones que le hace el gobierno colombiano conforme a las normas del Estado de Derecho que imperan en Venezuela gracias a la constitución bolivariana, esto es, garantizándole el ejercicio al derecho a la defensa y evitando la situación de indefensión a la que se ha visto sometido por su entrega ilegal a Colombia

 

COMITÉ FEDERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

Madrid, 30 de abril del 2011