Existe en Chile un ascendente estado de efervescencia social que se inició en enero pasado con la protesta en Magallanes por el precio del gas. Desde mayo se vienen multiplicando en todo el país las movilizaciones, marchas, tomas de recintos universitarios y colegios, cortes de caminos, huelgas y otras manifestaciones de protesta que abarcan amplios […]
Existe en Chile un ascendente estado de efervescencia social que se inició en enero pasado con la protesta en Magallanes por el precio del gas. Desde mayo se vienen multiplicando en todo el país las movilizaciones, marchas, tomas de recintos universitarios y colegios, cortes de caminos, huelgas y otras manifestaciones de protesta que abarcan amplios y diversos sectores sociales. De particular magnitud han sido las marchas estudiantiles -exigiendo prioridad para la educación pública- y de ecologistas contra el proyecto HidroAysén en la Patagonia. La demanda social afecta no sólo a la derecha política y empresarial que está hoy en el gobierno. También interpela a la coalición opositora que gobernó durante 20 años y que pretende escabullir su responsabilidad en problemas que tienen su origen en la desigualdad que caracteriza a la sociedad chilena. La situación revela que la institucionalidad construida en lo fundamental por la dictadura, se encuentra atrapada en su propia trampa: un modelo económico, social, político y cultural que no incluye entre sus deberes solucionar los problemas del pueblo ni avanzar en la modernización de la sociedad a través de la autodemocratización del sistema. Se trata de una situación de empantanamiento muy riesgosa. Llevada a una situación límite puede gatillar los instintos más siniestros de un modelo portador de los genes del terrorismo de Estado. Las protestas de estudiantes y ecologistas, en que predominan las capas medias de la población, base social de apoyo tanto de la derecha como de la Concertación, catalizan un estado de ánimo que prevalece en los sectores que sufren en forma directa los tormentos que causa la economía de mercado. Nos referimos al endeudamiento desmesurado, los bajos salarios, la inestabilidad laboral, las alzas de precios de los alimentos, la pésima atención de salud, las dramáticas carencias habitacionales, la carestía del transporte y una educación discriminatoria que niega todo futuro a la inmensa mayoría de los jóvenes. De una u otra manera, las expresiones de malestar registran el rechazo a un modelo de sociedad basado en el lucro y en el individualismo; y cuestionan una institucionalidad sorda que impide la participación ciudadana.
El control oligárquico ha dejado de ser un método de dominación exclusivo de la derecha. Hoy lo comparte con la centro-izquierda que también profita del autoritarismo. Más de cuarenta años de aplicación del modelo neoliberal y la vigencia -todavía incólume en lo esencial- de la espúrea Constitución de 1980, se han hecho insoportables. El modelo de dominación de origen dictatorial se encuentra agotado porque el país al que le fue impuesto a punta de bayonetas, cambió. Como ha cambiado el mundo desde 1980, entrando a una nueva época que aspira a la libertad, la igualdad de derechos, el pluralismo y la solidaridad entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza. En otras palabras, el modelo institucional vigente en Chile es incapaz de resolver los profundos problemas y las vigorosas demandas ciudadanas, que requieren otro enfoque social y político. Mirado desde la torre de marfil de la macroeconomía, todo marcha bien y no hay porqué preocuparse. El Banco Central, por ejemplo, prevé para este año un crecimiento del 6 al 7 por ciento, una moderada inflación del 4 por ciento y una tasa de desempleo del 7 por ciento. Sin embargo, el malestar social -que ya se tomó la calle- está diciendo que esas cifras son un espejismo candoroso a espaldas de la sociedad real. Mucho más elocuentes -porque demuestran la desigualdad- son las escandalosas utilidades de las grandes empresas -en especial del sector financiero-, en el primer trimestre de este año: más de 8 mil millones de dólares. La segmentación y polarización social aumentan sin cesar. El índice Pisa, que se aplica en educación, demuestra que Chile es uno de los países donde hay más segregación educativa. Ese apartheid social se extiende a la salud, la vivienda, las oportunidades de trabajo e incluso, a la alimentación. Lo que comen los pobres es proporcionalmente más caro, de inferior calidad y menos nutritivo que el alimento que consumen los sectores de mayores ingresos. En Chile hay situaciones indignantes que no admiten espera. Miles de damnificados por el terremoto de febrero de 2010 soportan un segundo invierno en casuchas de madera, húmedas e insalubres, en medio del barro y la lluvia. En los consultorios, niños y ancianos sufren un calvario para recibir atención médica, mientras el gobierno inyecta cuantiosos recursos a las clínicas privadas convirtiendo un drama social en un negocio. ¡La pobreza subvencionando a los ricos! Se ha hecho normal que los pobres paguen intereses usurarios por los créditos de consumo. El endeudamiento se ha convertido en una pesada condena que puede durar muchos años. La colosal estafa de la multitienda La Polar es sólo una muestra de los procedimientos mafiosos del sistema financiero que capitanea al conjunto de la economía.
La presión social -sin embargo- está haciendo reventar las costuras del sistema. El ex ministro de Hacienda de Bachelet, Andrés Velasco, acaba de «descubrir» que el 10 por ciento de los hogares más ricos de Chile tienen un ingreso per cápita 78 veces mayor que el 10 por ciento más pobre; y que las siete familias más ricas, poseen un patrimonio conjunto de 75 mil millones de dólares, lo cual supera tres veces el PIB de Bolivia. Por añadidura un millón de trabajadores ganan el salario mínimo(*). Este Marco Polo de la desigualdad social, sin embargo, manejó durante cuatro años las finanzas del país y no hizo sino aumentar la brecha entre ricos y pobres. No obstante, a pesar de las movilizaciones, el modelo se mantiene a pie firme porque no hay una alternativa que lo desafíe. Los movimientos sociales expresan la acción de las ideas, su dinamismo y potencialidad, pero todavía no aseguran una articulación tras objetivos precisos y viables. Tampoco lo hacen los partidos y movimientos políticos, embebidos en sus cálculos sobre las próximas elecciones y la posibilidad de seguir gobernando, unos, o de volver a hacerlo, otros, en este ritornelo binominal que ha sumido en el desprestigio a los partidos. Por su parte, la Izquierda comienza a reorganizarse pero aún no recupera la fuerza, la confianza en sí misma y la claridad ideológica necesarias para entrar a disputar el poder. Ese proceso reorganizativo se retrasa, entre otros factores, por la obcecada inclinación electoralista de algunos que la lleva a diluirse como fuerza autónoma y a ufanarse de servir de furgón de cola del «mal menor».
Los problemas de Chile requieren una nueva Constitución generada por la soberanía del pueblo. Pero esto no debe hacer perder de vista que es posible lograr avances de un efecto democratizador acumulativo, como los plebiscitos vinculantes, el término de la educación municipalizada y el fortalecimiento de la educación pública, la reforma tributaria, el control del retail y de las cadenas de farmacias, la defensa del medioambiente y aquellas medidas que permitan mayores espacios de participación ciudadana. No será fácil, y habrá que emplear toda la fuerza necesaria para alcanzar objetivos de ese tipo. Pero ellos permitirían trazar un camino de fortalecimiento y autonomía para derrotar finalmente al modelo autoritario.
(*) Seminario sobre las desigualdades, CEPAL-OIT, 15/06/2011.
Editorial de la revista «Punto Final» (edición Nº 736, 17 de junio, 2011)
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