La Brigada Vecinal para la Observación de Derechos Humanos (BVODH) ha presentado este jueves un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior con el objetivo de que cese el acoso a las personas que han ejercido de forma «legítima» la defensa de los Derechos Humanos y también han incluido en la solicitud la suspensión […]
La Brigada Vecinal para la Observación de Derechos Humanos (BVODH) ha presentado este jueves un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior con el objetivo de que cese el acoso a las personas que han ejercido de forma «legítima» la defensa de los Derechos Humanos y también han incluido en la solicitud la suspensión de pago de las multas, según ha informado en un comunicado la asociación.
Los días 22 de diciembre de 2010, 22 de febrero y 10 de mayo de 2011 varias personas que participan en una BVODH, fueron denunciadas por el Cuerpo de Policía Nacional. La acusación de la policía fue de «provocar reacciones en el público que alteran o pueden alterar la seguridad ciudadana».
Asimismo, las personas denunciadas documentaron los controles de identidad guiados por perfil racial, efectuados por la Policía Nacional en los espacios de uso público de la ciudad de Madrid, así como informar al vecindario tanto sobre dichos controles como sobre sus derechos fundamentales. La Delegación de Gobierno ha resuelto interponer sanciones administrativas a las personas denunciadas, pese a las alegaciones presentadas.
Según ha dicho BVODH, la interposición de dichas sanciones ha estado dirigida a obstaculizar la respuesta ciudadana a los controles de identidad racistas y las detenciones «preventivas» ilegales que realiza la Policía Nacional, por derivación del Ministerio del Interior.
Para la asociación, estos controles y detenciones han constituido «una persecución a una parte del vecindario, han segregado y han restringido la libertad de movimiento de las personas, impidiendo un uso igualitario del espacio público, sembrando el miedo y la desconfianza».
La BVODH ha señalado que las sanciones anteriormente impuestas han estado dirigidas a disuadir a las personas que participaban o habían podido participar en dicha asociación para realizar la labor de observación de Derechos Humanos y ejercer la libre expresión.
La asociación ha considerado que «la coacción no puede constituir un motivo para dejar de ejercer la libertad de expresión y opinión de forma pacífica en el espacio público, con objetivo de defender nuestros derechos».