Una de las demandas del movimiento social (que dejó de ser estudiantil) es por la gratuidad de la enseñanza superior, para lo cual deben darse ciertas condiciones. El control del financiamiento de la educación, por parte del Estado y el fin del lucro. Piñera ha respondido que «la educación es un bien de consumo, que […]
Una de las demandas del movimiento social (que dejó de ser estudiantil) es por la gratuidad de la enseñanza superior, para lo cual deben darse ciertas condiciones. El control del financiamiento de la educación, por parte del Estado y el fin del lucro.
Piñera ha respondido que «la educación es un bien de consumo, que significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor los instrumentos y las oportunidades de la vida…». Es decir, la cabecita de Piñera cree que la educación está al servicio de personas aisladas y que por lo tanto sólo servirá para su bienestar individual. No entiende que un Estado debe tener un proyecto de desarrollo nacional, que va más allá del poder comprador que tenga cada uno de sus habitantes.
Por eso Piñera «piensa» que todos quienes exigen gratuidad de la educación son realmente bolseros: …si quieren «entender mejor, tener más cultura…»; ¡páguenlo! Pero hay un detalle, aparte de ser pagada por los estudiantes o por sus familias, gran parte del financiamiento anual que mueve la educación superior, ya fue cancelada por el propio Estado. ¡Cómo! Con el Crédito con Aval del Estado (CAE).
El economista Manuel Riesco ha sintetizado la información que se ha publicado oficialmente sobre este tema y ha concluido que el CAE es un verdadero escándalo. Una institución, llamada Ingresa, (que la componen representantes del Estado, de las Universidades del Consejo de Rectores y fuera de éste, además de CFTs y de Institutos), arma «paquetes» de deudores y los pone a disposición de los bancos.
Los bancos después de que han tomado estos «paquetes» le venden al Estado porciones de éstos. Riesco afirma que, durante el 2006 y el 2010, «se cursaron CAE por un total de 658.453 millones de pesos, de los cuales el fisco recompró a la banca un total de 250.000 millones de pesos, con un recargo en beneficio de esta última de 95.338».
Es decir, los bancos le vendieron al Estado cerca del 40% de los CAE, pero con un recargo del 38% de todo lo que le vendió. De esta manera, toda la plata que el Estado le ha pagado a los bancos (contando este recargo) es equivalente al 52% de los CAE.
Así es como, el Estado ya ha pagado más de la mitad de los CAE cursados desde 2006 al 2010. O sea, pudo haber condonado la mitad de la deuda a todos los estudiantes, pero no lo hizo, porque sencillamente compró la deuda, que deberán pagar los estudiantes.
El Fondo Monetario Internacional, en un informe sobre el funcionamiento del CAE, plantea que, un estudiante puede demorarse en pagar su deuda hasta 20 años y que el caso de algunas profesiones, el pago de este crédito, puede significar, hasta un tercio de sus ingresos. A lo que suma el derecho a embargo, que tienen los bancos (retención de devolución de impuestos, descuentos por planilla, etc)
La explicación de esta aberración, solo está en las ganancias que los bancos experimentan a partir de este crédito. Pero, ¿quiénes fueron sus artífices?
El CAE se aprobó en junio de 2005, dentro de la ley 20.027 que estableció nuevas normas para el financiamiento de la educación superior. Antes de ésta, los estudiantes de las Ues del Consejo de Rectores (CRUCH) accedían al Fondo Solidario, donde el Estado prestaba la plata directamente, por ello las luchas eran para que éste inyectara más plata a este Fondo.
Los estudiantes que accedían a los centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades no pertenecientes al CRUCH, accedían a créditos Corfo o de consumo. La cantidad de estudiantes de ese entonces, en esas instituciones era muy inferior a la de ahora.
La defensa de la clase política al CAE, giró en torno a la supuesta «democratización» del acceso al crédito. Porque, estaba a disposición de todos los estudiantes, incluso los de las FF.AA. Alejandro Navarro, que en ese momento era diputado, planteaba que con el CAE «se restablecerá el principio de la igualdad ante la ley para que cualquier joven chileno pueda postular en igualdad de condiciones a las Universidades de Chile o Católica o a la Escuela Militar del General Bernardo O’Higgins»
Carolina Tohá preocupada por la cobranza, celebraba que se hayan creado «modalidades para que estos créditos se cobren en forma efectiva, como la renuncia al secreto tributario, los descuentos por planilla…»
Camilo Escalona ve con gran expectativa la compra y venta de deudas que vimos recién. Plantea que «un pilar del sistema es su financiamiento en el mercado de capitales, para lo cual se autoriza al Estado a otorgar su garantía a los créditos entregados por terceros que cumplan con las condiciones que señala el proyecto. Asimismo, se autoriza al Estado a comprar estos créditos…» En realidad, Escalona fue un visionario.
La historia de la ley 20.027, también guarda un espacio marginal que plasma la disconformidad del movimiento estudiantil. En ella podemos encontrar:
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ASCENCIO (Presidente).-Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor ASCENCIO (Presidente).-Se reanuda la sesión.
En ese momento, la clase política y sus medios de comunicación hablaban del egoísmo del movimiento estudiantil universitario, ¡cómo no van a querer que todos los jóvenes estudien!. Ante estos egoístas, la represión fue la respuesta, ante la obsecuente mirada del CRUCH.
Y cómo ningún político soportaría el mote de egoísta, todos los diputados aprobaron esta ley, menos Aguiló, de quién se dijo; «se Ajiló».