Dicen unos pocos irresponsables e ignorantes, otros los menos, que viven del oportunismo y del diversionismo ideológico desviando la atención de acontecimientos históricos que han decidido el destino de Colombia, que la insurgencia revolucionaria es la responsable del acceso de Alvaro Uribe y su banda al poder. Retroceder en el tiempo y estudiar con juicio […]
Dicen unos pocos irresponsables e ignorantes, otros los menos, que viven del oportunismo y del diversionismo ideológico desviando la atención de acontecimientos históricos que han decidido el destino de Colombia, que la insurgencia revolucionaria es la responsable del acceso de Alvaro Uribe y su banda al poder. Retroceder en el tiempo y estudiar con juicio nuestra historia nos ayudará a ver claramente nuestro presente y las posibilidades futuras.
Contrario a lo que se difunde por los medios de propaganda de la reacción sobre lo que llaman «la degradación del conflicto», los años mas violentos de la guerra en Colombia fueron los de la década de los 40, mas exactamente 1946-1950, siendo este último el año mas sangriento con un número superior a las 50.000 personas asesinadas, de las maneras más bárbaras y solamente superadas por los crímenes del paramilitarismo de años recientes. Fue bajo la presidencia de minorías conservadoras que habían decidido la eliminación física de sus adversarios liberales para mantenerse en el poder. Valga la aclaración: ¡a las FARC les faltaban 14 años para su nacimiento!
El Frente Nacional, que reconcilió a las élites burguesas y excluyó a las mayorías colombianas de un verdadero pacto por la paz y los gobiernos que lo sucedieron hasta 1991, debieron acudir a la aplicación de Estado de Sitio durante el 80% de ese tiempo. Estados de excepción o estados de guerra que se expresaron en la agresión por parte del Estado en alianza con los Estados Unidos contra las regiones campesinas de Marquetalia, El Pato y Guayabero inicialmente; en la criminalización de la protesta social, de los paros laborales y cívicos, de las tomas de tierras urbanas y rurales.
El poder y la autoridad plenas depositadas en las Fuerzas Armadas que arrestaban y condenaban, torturaban, asesinaban y desplazaban gente a discreción. No olvidemos los tribunales militares y los consejos de guerra, es decir, la justicia bajo la bota militar. Responsables del orden interno y de la máxima de prevenir a sangre y fuego cualquier asomo que atentara contra el «mundo libre», entendido como libre mercado y libre expoliación de los recursos naturales.
Digámoslo en palabras del Magistrado y Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia Alfonso Reyes Echandía [1] , asesinado por el ejército nacional: «Aunque en Latinoamérica constitucional y políticamente el ejército tiene como misión defender la independencia y soberanía nacionales, a partir del triunfo de la Revolución Cubana comenzó a abrirse paso la tesis -obviamente orientada por el gobierno norteamericano- de que el enemigo de la soberanía nacional ya no provenía del `exterior´, sino que estaba arraigado en el interior del Estado». Se refería, sobra la aclaración, a la doctrina contrainsurgente de la Seguridad Nacional, sobre la cual afirma: «La teoría de la seguridad nacional es un mecanismo político – militar auspiciado por los Estados Unidos de Norteamérica para el mantenimiento de gobiernos «fuertes» en los países de América Latina, con el fin de evitar la consolidación de sistemas democráticos reales». A lo que agrega: «Uno de los instrumentos utilizados por los gobiernos latinoamericanos para lograr tal objetivo es el de la declaración de estados de sitio o de emergencia nacional, que suelen prolongarse mas allá de los estrechos limites para los que fueron instituidos normativamente».
Complementa estas precisiones el concepto de Emiro Sandoval Huertas, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia igualmente asesinado : «Aunque ésta (la doctrina de seguridad nacional) elude asumir alcances precisos, sus presupuestos básicos son:
a) división del mundo en dos bloques irreconciliables; (comunismo – capitalismo) [2]
b) presencia de un `enemigo interno´; (todo aquel que cuestione el statu quo) [3]
c) existencia y necesidad, por consiguiente, de una `guerra total´ para combatir al `enemigo externo´ e `interno´ y
d) amplitud ilimitada del concepto de `enemigo´ empleado en los anteriores presupuestos».
Por cuenta de la Seguridad Nacional (SN), esa si externa, el colombiano que exigiera un mejor salario, una vivienda digna, mejores servicios de salud o educación, el colombiano defensor de derechos humanos o sindicalista, maestro o campesino, obrero o intelectual, joven, niño, mujer, hombre o viejo se convirtió en un potencial terrorista a quien se debía someter con la ley, con el terror o con la combinación de ambos. La SN es una política del Estado colombiano cuyo instrumento central son las FF.AA. convertidas en una fuerza de ocupación de su propio país y quienes a su vez crearon como extensión y apoyo en la guerra sucia a los grupos paramilitares, inicialmente llamados «pájaros» en los años 40.
El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2001 dice: «El Estado colombiano tiene una innegable responsabilidad en el origen y desarrollo del paramilitarismo, que estuvo aprobado legalmente entre 1965 y 1989.» Y añade: «… sobre las fuerzas armadas recae una particular responsabilidad, porque durante el largo período en que los grupos de autodefensa fueron legales, ellas se encargaron de promover, seleccionar, organizar el entrenamiento, armar y proporcionar apoyo logístico a esos grupos dentro del marco general de apoyo a las fuerzas armadas en su lucha contra la insurgencia». Después de que fueron declarados «ilegales» crecieron exponencialmente.
La enorme incapacidad de la burguesía colombiana para desarrollar el país, sumada a su ilimitada voracidad, nos abocó a otra no menor desgracia: el narcotráfico. El Estado colombiano y el sector financiero del país han sido los principales carteles de la industria del narcotráfico y sus beneficiarios principales. El presidente Alfonso López abrió la ventanilla siniestra del Banco de la República por donde empezaron a ingresar los millones producto del negocio de las drogas. Las Fuerzas Armadas y las elites políticas no demoraron en ubicar un aliado estratégico en la lucha contrainsurgente en ese nuevo sector económico que se adueñó de tierras y más delante de la industria. A ese aliado narcotraficante se le entregaron funciones represivas de estado, sus ejércitos privados desaparecían, torturaban, asesinaban a colombianos inermes conformando la triada fúnebre: FF.AA., paramilitares, mafia.
Para los años 80 los paramilitares y la mafia ya fungían como poderes políticos, económicos y sociales independientes que definían la suerte de personas y bienes en las regiones del país; por otro lado, las FF.AA ya contaban con ese poder. Pero eso no era suficiente – querían todo el poder – el poder nacional. Lo que quedaba de democracia burguesa cedió el paso a la democracia de los hornos crematorios y las motosierras. El ascenso al poder total fue posible gracias, entre otros, a dos execrables hechos cometidos por la misma triada y que marcaron el rumbo del país para las siguientes décadas. Estos hechos fueron el genocidio de la Unión Patriótica (UP) y el Holocausto del Palacio de Justicia, delitos de Lesa Humanidad.
La UP, partido político de izquierda, surgido de las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, en un plazo muy corto se convirtió en una amenaza para el nuevo (triada) y el viejo poder. La UP fue la posibilidad de un tratado verdadero de paz, del advenimiento de la democracia, de la lucha por cambios económicos y sociales profundos como la tan anhelada Reforma Agraria. En muy pocos años esta opción para Colombia fue ahogada en sangre [4] ; claro que para el general Rafael Samudio, ministro de Defensa «a ese ritmo no (iban) a acabar nunca».
La Corte Suprema de Justicia de la época, con el Doctor Alfonso Reyes Echandía a la cabeza, tenía claro el panorama de las fuerzas políticas en el país. Además de las opiniones citadas sobre Seguridad Nacional, FF.AA. e imposiciones gringas, los magistrados habían estudiado los fenómenos paramilitar y mafioso. Tenían adelantados procesos judiciales contra altos jerarcas militares y políticos, que de haber seguido su curso hubieran cambiado el rumbo del país, pero sus sentencias eran tenidas como una conspiración contra el nuevo orden (Triada). No hay dictadura fascista en la historia que haya tomado la decisión del aniquilamiento físico de una de las ramas del poder burgués: solo ha ocurrido en Colombia con el Holocausto del Palacio de Justicia. La Triada mató a la oposición política y a la justicia burguesa, el camino al poder total estaba despejado.
El despeje para la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia representando a la Triada y a otros sectores oligárquicos e imperiales. Uribe el numero 82 en la lista de la Defense Intelligence Agency, compartida entre otros con Pablo Escobar, creador de las paramilitares Convivir, llegó al poder para aniquilar a las FARC con el Plan Colombia y a legalizar a las AUC con la mal llamada Ley de Justicia y paz. Afortunadamente la insurgencia de las FARC derrotó el plan de exterminio, Plan Patriota y en ese contexto el uribismo no logró patentar su narcoparaestado, aunque si dejo al país en cuidados intensivos.
NOTAS DE LA AUTORA:
[1] Legislación y Seguridad Nacional en América Latina, Alfonso Reyes Echandía
[2] Nota de la autora
[3] Idem
[4] Genocidio de la UP, planes nacionales del Estado: Operación Condor (1985), Plan baile Rojo (1986), Golpe de gracia (1992. Planes regionales: Esmeralda (1988), Retorno (1993)