El viernes se publicó la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el llamado caso Bateragune en la que el tribunal especial español ha condenado a Arnaldo Otegi y Rafa Díez a diez años de prisión por «pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes» y a Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta a ocho […]
El viernes se publicó la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el llamado caso Bateragune en la que el tribunal especial español ha condenado a Arnaldo Otegi y Rafa Díez a diez años de prisión por «pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes» y a Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta a ocho años por el mismo delito en concepto de autores.
La pirueta es vieja en la historia de los juicios políticos contra militantes independentistas: «diseñaban una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas», y eso no es ilegal, sin embargo lo hacían «siguiendo las superiores directrices de ETA», y eso claro, es otra cosa.
Reunirse en la sede de LAB, desplazarse para entrevistas con el «entorno de ETA» (si la motivación es de normalización y pacificación es lo de menos), utilizar similares nomenclaturas o terminologías o la «palmaria ausencia de actuaciones de los acusados que denoten un verdadero y real distanciamiento de las tesis armadas» (aunque esto niegue la realidad de años de políticas en sentido contrario), son las pruebas que esgrime el tribunal excepcional para probar que los militantes abertzales son parte de ETA.
Desde Red Roja insistimos en manifestar, como lo venimos haciendo desde hace casi una década, que la política antiterrorista española desde la Transición y, sobre todo, desde la aprobación de la Ley de Partidos, está estrictamente diseñada para perseguir a la disidencia política revolucionaria y anticapitalistay para intentar quebrantar la voluntad de lucha de los pueblos oprimidos por el Estado.
Hoy, cuando el Estado español intenta hacer pasar a otra tanda de presos políticos como integrantes o dirigentes de la organización armada (¿ya son cuantos?), nos reafirmamos en la tesis. La pantomima democrática del estado de derecho español no engaña a casi nadie en Euskal Herria y cada vez a menos ilusos en el resto del estado. Sin embargo, aunque todas las maniobras estatales desde el borde exterior de la legalidad van fracasando, o quizá por eso, la represión mantiene su máximo nivel.
Red Roja quiere de nuevo expresar su solidaridad con los militantes injustamente condenados, con sus familias y con toda la Izquierda Abertzale de Euskal Herria.
Una vez más un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional, cuya existencia misma niega el Estado de Derecho que la Constitución de 1978 proclama y constituido «ad hoc» por la extrema derecha del aparato judicial, se erige en baluarte de las posiciones empeñadas en bloquear cualquier salida democrática al conflicto vasco.
Si los tribunales de excepción consideran que «las ideas que defienden» los encausados «se han convertido en perniciosas por la carga de violencia política y atemorización social que incluyen», nosotros seguiremos manteniendo que la lucha histórica sostenida por la autodeterminación como clase y como pueblo por la Izquierda Abertzale es, no solo legítima, sino incluso ejemplarizante para el resto de pueblos del estado y la clase trabajadora. Los pueblos tienen derecho a luchar por la autodeterminación y el socialismo y saben muy bien lo que realmente les atemoriza: la dependencia política y económica, la precariedad, el paro, la injusticia social, la marginación, las guerras imperialistas, la falta de libertad, la represión,…
Si este nuevo golpe intenta laminar el espíritu de lucha y toda esperanza de transformación, nosotros, desde la Red Roja, y utilizando las más recientes líneas escritas por Arnaldo Otegi: «Ninguna detención, juicio ni sentencia va a sacarnos del camino emprendido», reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de Euskal Herria en la seguridad de que ese camino no acaba en el final de la violencia sino en la victoria total de sus aspiraciones.
Red Roja entiende que la imprescindible solidaridad de los pueblos del Estado español con la lucha del pueblo vasco contra la represión y por sus derechos nacionales forma parte de la lucha de la clase obrera y de los pueblos del resto del Estado por enfrentar – hoy más que nunca – un engranaje institucional representado por la Constitución de 1978, capitalista, monárquica y que niega el derecho de los pueblos a la soberanía y al autodeterminación.
Red Roja promoverá y apoyará las manifestaciones que en los diferentes territorios del Estado tengan lugar contra esta sentencia y por la libertad de las presas y presos políticos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.