Reprimir la protesta social se ha convertido en sello distintivo del gobierno del presidente Piñera. La actuación de Carabineros en los últimos días, en especial el 6 de octubre -cuando los estudiantes intentaron en Santiago marchar por la Alameda, ejerciendo el derecho ciudadano de manifestar pacíficamente- lo confirma con acentos de brutalidad. Lo mismo ocurrió […]
Reprimir la protesta social se ha convertido en sello distintivo del gobierno del presidente Piñera. La actuación de Carabineros en los últimos días, en especial el 6 de octubre -cuando los estudiantes intentaron en Santiago marchar por la Alameda, ejerciendo el derecho ciudadano de manifestar pacíficamente- lo confirma con acentos de brutalidad. Lo mismo ocurrió en ciudades como Valparaíso y Concepción. El proceder violento y descontrolado de la policía uniformada marca un punto de inflexión en la actitud del gobierno. El presidente Piñera deja de fingir simpatía y comprensión por la lucha estudiantil -que había elogiado en la Asamblea General de Naciones Unidas- para tomar el camino de la represión, impulsado posiblemente por las corrientes fascistoides que se refugian tanto en Renovación Nacional como en la UDI.
El gobierno intenta aplastar la protesta social para sostener artificialmente un modelo de dominación profundamente agrietado y que la inmensa mayoría del pueblo rechaza. Todo esto en medio de una crisis capitalista mundial que confirma la agonía del neoliberalismo y cuyas repercusiones ya se hacen sentir en Chile. La farsa del «gobierno de los mejores» prometido por Piñera en su campaña electoral, llega a su fin. La tradición represiva de la derecha asoma otra vez. Intentando hacer «presentable» la mano dura para mantener a raya la protesta social, actúa el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, un abogado de confianza del presidente de la República que pasa a ser así cómplice de un subordinado.
Hinzpeter levanta los consabidos espectros: encapuchados y saqueadores, extremistas y ultraizquierdistas que se convierten en el decorado apocalíptico de la legislación represiva que el gobierno impulsa en el Congreso. Se pretende castigar hasta las tomas de colegios por estudiantes adolescentes y convertir en delito toda expresión de descontento. El ministro del Interior, sin embargo, no se da por aludido en los bochornosos casos en que ha tenido figuración destacada, como el de un joven pakistaní acusado por él de «terrorismo» pero que fue liberado al probar su inocencia. O el caso -todavía más brutal- de los anarquistas estigmatizados por Hinzpeter y el ex fiscal Peña que después de ocho meses de prisión quedaron en libertad por no existir pruebas que los vincularan con delito alguno (ver págs. 8 y 9).
Esos casos, no obstante, han servido como cortina de humo para esconder el fracaso en el combate a la delincuencia, que sigue aumentando de manera alarmante. Más penoso resulta este fracaso si se considera que el gobierno ha seguido sumisamente -como antes lo hicieron los gobiernos de la Concertación- las indicaciones de la Fundación Paz Ciudadana, entidad que preside el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, convicto de alta traición a la Patria por gestionar la intervención norteamericana para derrocar al presidente Salvador Allende. Aparte de la gentuza golpista, hoy en el gobierno, Paz Ciudadana cuenta entre sus vicepresidentes y directores a saltimbanquis de la política concertacionista como Sergio Bitar, Eugenio Tironi, Edmundo Pérez Yoma y Soledad Alvear. La secretaria ejecutiva es la abogada Javiera Blanco, ex subsecretaria de Carabineros de Bachelet. Esta troupe reaccionaria es la que ha venido dictando las orientaciones policiales de los últimos gobiernos «democráticos».
Carabineros ataca la protesta social con inusitada desproporción de medios y con una ferocidad propia de esbirros. El objetivo es sembrar el terror y paralizar la indignación ciudadana. Para la prensa extranjera, Chile es el país latinoamericano que reprime con más violencia las manifestaciones populares. Los propios corresponsales extranjeros han sufrido esta desmedida violencia policial.
El presidente Piñera se mueve en este escenario con torpeza. Al verse sobrepasado por los acontecimientos y humillado por el declive de su popularidad, recurre a la receta que le propone la derecha: la represión de los movimientos sociales, vulnerando así abiertamente el estado de derecho sin que el Congreso ni los tribunales detengan esta escalada.
El proyecto de ley «anti tomas», como ha denunciado el académico Jean Pierre Matus, catedrático de derecho penal de la Universidad de Chile, trata de convertir los delitos políticos en delitos comunes. Lo que pretende abordar en materia de orden público está en la Ley de Seguridad Interior del Estado y en otros cuerpos legales. Pero lo que intenta es escabullir la responsabilidad política del Ejecutivo. La Ley de Seguridad del Estado exige un requerimiento del ministro del Interior y/o de los intendentes o gobernadores, según el caso. Pero la ley «anti tomas», en cambio, permitiría proceder mediante simple denuncia policial. No existiría, por lo tanto, responsabilidad política de las autoridades superiores (que puede llegar hasta la acusación constitucional al presidente de la República).
¿Busca el presidente Piñera generar crisis artificiales que permitan pisotear la precaria legalidad del país? ¿Pretende una salida extraconstitucional para defender lo indefendible y mantener a toda costa el modelo de dominación en crisis, repudiado por una inmensa mayoría?
El fracaso de la «mesa de diálogo» con el movimiento estudiantil da qué pensar. El presidente hizo todo lo posible en los hechos por boicotear un diálogo que nunca fue otra cosa que una instancia de dilación y desgaste, en definitiva una burla para los estudiantes.
Es falso por otra parte que el presupuesto fiscal para educación del próximo año revele preocupación por la materia. Su aumento con relación a este año será sólo de 7,7%. Desde 2008, a lo menos, el crecimiento anual nunca fue inferior al 13,8% e incluso en 2008 creció en 24,5%. Como ha escrito el economista Orlando Caputo «el crecimiento promedio anual de los cinco años anteriores a 2012, es más del doble, 117% superior al crecimiento del presupuesto para 2012».
Mientras el cuadro político se deteriora y el presidente da manotazos sin percibir que está jugando con fuego, el gobierno neutraliza a la oposición parlamentaria prometiendo algunas reformas políticas. Por ejemplo, el sistema electoral binominal. Parecen avanzar las propuestas de senadores democratacristianos para aumentar en 30 las plazas de diputados y en 12 las de senadores, en un reparto armonioso de cupos entre los partidos institucionalizados. Es un bocado suculento si se considera que entre sueldo y asignaciones los parlamentarios ganan 16 millones de pesos mensuales a los que hay que agregar pasajes aéreos, viáticos y otros «pitutos» que exornan la agobiadora función legislativa. Gobierno ni oposición logran despertar todavía a la nueva realidad política del país.
En Chile se ha producido un cambio de mentalidad muy profundo al calor de la protesta social. El pueblo esta vez no se dejará embaucar por vendedores de ilusiones que quieren birlar su soberanía y autodeterminación que sólo puede expresarse en una Asamblea Constituyente. Tampoco el pueblo se dejará amedrentar por la represión. La unidad de las organizaciones sociales, el entendimiento en torno a objetivos que van más allá de la educación y que apuntan a una nueva Constitución y a una reforma tributaria que permita redistribuir la riqueza, así como la preparación de nuevas movilizaciones -que proseguirán mientras no se produzcan cambios de fondo-, demuestran el vigor de la protesta social y del revolucionario cambio democrático que ésta ha provocado en la conciencia de la nación.
– Editorial de Punto Final, edición Nº 744, 14 de octubre de 2011.