Argumentado como una debilidad democrática la abstención histórica en los comicios electorales colombianos, amén del clamor general por la depuración del sufragio, el senador Rodrigo Villalba Mosquera radicó en el Congreso de la República a mediados del año pasado un proyecto de ley mediante el cual se intenta instituir el voto obligatorio en Colombia. Aunque […]
Argumentado como una debilidad democrática la abstención histórica en los comicios electorales colombianos, amén del clamor general por la depuración del sufragio, el senador Rodrigo Villalba Mosquera radicó en el Congreso de la República a mediados del año pasado un proyecto de ley mediante el cual se intenta instituir el voto obligatorio en Colombia. Aunque respetando y entendiendo sus puntos de vista, ambos de la mayor valía argumental, nuestra posición contraria a dicha propuesta nos lleva sin demoras ni reservas a intentar refutar la que consideramos una descabellada posibilidad que, de tanto en tanto, en ocasiones electorales como la actual, o en tiempos de derrotas políticas, ponen a sonar algunos personajes inmersos en diversas ideologías todas ellas de tendencia derechista y en veces fascista, que no saben a qué más echarle mano para garantizar una curul perpetua que les asegure el estupendo negocio que ella por sí misma encierra.
Lo primero que habría que decir frente a esta eventual «gran reforma del sistema electoral colombiano»,
es qué no garantiza que con el voto obligatorio será derrotados el hecho de elegir o hacerse elegir con el expreso propósito de montar un negocio personal o familiar, ni nos ofrece blindaje alguno contra los fraudes en los escrutinios, ni le pone una férrea talanquera a las maquinarias clientelistas, ni nos ampara del imperio del dinero, ni le hace un quite a los carteles de los contratistas, ni nos escuda de los empresarios o las empresas mismas escogiendo a quienes legislarán para ellos, ni nos sustrae del preponderante dinero sucio, etc., etc. Todo ello, como bien se sabe, en el cuerpo de una llaga pútrida y aparentemente incurable que por los tiempos de los tiempos viene afectando la transparencia y la legalidad misma de las elecciones.
Quien ahora se ha venido empeñando en sacar adelante esta inconveniente aventura reformista, no pudiendo ofrecernos argumento distinto que salve el concepto esencial del término democracia, se limita a decirnos que «el voto obligatorio puede convertirse en antídoto eficaz contra estas prácticas corruptas», aunque por fortuna reconoce, eso sí, que «visto en esos términos suena antidemocrático». Sin embargo, parece que aunque aprehende y defiende el «derecho ciudadano» al voto obligatorio, no expresa igual sentimiento de lealtad con el derecho a la libre expresión sin ataduras, como podría ser la abstención misma. La libertad individual y ese derecho ciudadano que esgrime, si están poseídos por un verdadero espíritu democrático, pueden permitirle a quien quiera que sea, elegir o abstenerse de hacerlo. ¿No es acaso la democracia el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada por las autoridades escogidas por el pueblo en elecciones libres? Hasta ahora, al menos, no hemos visto una interpretación de democracia en donde se diga que la escogencia de tales autoridades representativas del querer popular deberá ser hecha tras la votación obligatoria de todos y cada uno de los componentes de la sociedad que elige. Porque es que una elección democrática es aquella que hacen las mayorías que han participado libremente en la escogencia de un candidato, sin pretender que para que la democracia cumpla a cabalidad su cometido, tal candidato deba ser ungido por las mayorías pero tras la participación obligada de todo el mundo en esa elección. Ese «unanimismo» o frenéticas mayorías muy próximas a él, nos recuerdan aquellas derechas recalcitrantes y dictatoriales con nombres históricamente nefastos tales como Hitler, allá, y Uribe Vélez, acá.
Y cuán deleznable puede llegar a ser aquella apreciación de Kelsen cuando nos quiere hacer creer que «el voto obligatorio no coarta la libertad del ciudadano en tanto que sólo lo obliga a participar en la elección, pero no influye en la manera de votar, ni ejerce influencia alguna sobre su voto». Con esta cita traída por el autor de la propuesta, es más lo que se le perjudica que lo que se le ayuda en su valoración.
Si bien países como Australia, Bélgica y Luxemburgo optaron por el voto obligatorio, también es cierto que Holanda, en 1970, y Austria no hace mucho, lo objetaron. Y aquí en Latinoamérica tan solo Argentina, Brasil, Costa Rica y Ecuador lo practican.
Así como el sufragio universal en una democracia lleva implícita la expresión sagrada de la soberanía individual, el derecho de cada quien a no ejercerlo no es menos sagrado y soberano.
Y para oponernos a esta propuesta del voto obligatorio tendríamos entre muchos otros, estos dos últimos argumentos. De un lado, esta obligatoriedad sirve con generosidad a los intereses de los grandes partidos, de los partidos mayoritarios quienes ven cómo el Estado hace el costoso esfuerzo requerido para reunir a los votantes eximiéndoles a ellos de tremendos gastos y desgastes en sus campañas, movilizaciones de electores, trasporte, propaganda de seducción para llevar a sus «clientes» a las mesas de votación, etc. De otro lado, la conminación a toda la población, ejercida por los gobiernos para establecer políticas sociales obligando a sus ciudadanos en asuntos tales como el pago de los impuestos, la educación obligatoria, el servicio militar, y tantas otras prácticas de ineludible compromiso, deberían ser vistas por su importancia como prioritarias frente al simple pero extravagantemente costoso capricho de reunirle a toda la población en edad de sufragar a unos partidos fuertes que verán complacidos el esfuerzo ingenuo que el Estado hace para seguirlos privilegiando.
En fin, vale la pena insistir en que el único acto que puede llamarse obligatorio en esta «revolucionaria reforma» es la asistencia electoral, lo cual sólo sugiere, o incluso se traduce, más que en voto obligatorio, en obligatoria concurrencia al acto electoral.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.