La gravedad de esta reforma no puede ser pasada por alto en un país en el cual la fuerza pública ha estado siendo investigada por el secuestro y asesinato de más de 3.000 personas en el caso de los llamados falsos positivos, amen de un cúmulo de casos de violación sexual y acceso carnal violento, asesinato indiscriminado de civiles durante operaciones militares, secuestro, extorsiones, infanticidio, abuso sexual de menores y otras bellezas. Ahora, después de hacer todas estas tropelías, serán los mismos militares que llevan medio siglo utilizando estos absusos como parte «normal» de la guerra contra el «terrorismo» quienes se juzgarán a sí mismos.
«La experiencia histórica de Colombia rectifica la generalizada creencia de que el absolutismo político sólo existe en aquellos países donde se han instalado cínicamente gobiernos de fuerza y no puede funcionar en un sistema de legalidad. En realidad, el absolutismo político nunca ha aparecido en la historia como una carencia absoluta de legalidad, sino como un sistema que es capaz de crear, a su arbitrio, su propia y acomodaticia legalidad«
(Antonio García, en «América Latina, Historia de Medio Siglo», Ed. Siglo XXI,1977, p.224)
Una piedra en el zapato que ha enfrentado en la última década el régimen colombiano para consolidar la hegemonía absoluta del gran Capital, en medio de la prolongada crisis que erosiona al Estado colombiano, ha sido la independencia relativa de la Corte Suprema que, frecuentemente, ha cuestionado el carácter antidemocrático y algunos elementos de la guerra sucia de las élites. Desde luego, las Cortes no funcionan al margen de la sociedad (de clases) en que vivimos, y por lo mismo, no representan la personificación de una «justicia» prístina, inexistente en la práctica. Pero sí simbolizan un factor de contrapeso y de resistencia al proyecto autoritario de rasgos fascistizantes impulsado primero por Uribe Vélez y luego por su sucesor aventajado Juan Manuel Santos, quien ha logrado aprobar, con mayor tacto político, todos los elementos fundamentales de la política uribista que su predecesor no pudo sacar adelante. Uno de esos elementos es la reforma judicial.
Con su típico carácter pendenciero, Uribe Vélez se caracterizó por sus choques frecuentes con la rama judicial del Estado, a la que amenazó e intimidó de manera abierta o velada. A su momento, insistimos que estos choques no eran meros descalabros producto de una debilidad psicológica de Uribe, sino que respondían a la lógica misma del sistema colombiano, de su crisis de legitimidad y de la respuesta que los sectores del bloque dominante buscan para imponer su hegemonía absoluta[1]. Santos, con poses de diálogo, de respeto a los equilibros del Estado democrático-burgués, sin los arranques temperamentales del desequilibrado Uribe, logró sacar adelante una reforma estancada desde el 2008, que en lo esencial, constituye un golpe silencioso en contra de las cortes civiles por parte de un Ejecutivo hipertrofiado y un Congreso de bolsillo. Se rompe así definitivamente el cada vez más frágil equilibrio de poderes a favor del Ejecutivo, como lo denunció la propia Corte Suprema en su momento[2], y los sectores vinculados al bloque dominante ganan libertad de acción (impunidad), desembarazándose de contrapesos institucionales y de regulaciones legales, para consolidar, a sangre y fuego, su proyecto de país.
Fuero Militar, fuero para el terrorismo de Estado
Un elemento central de la reforma, el cual pese (o para ser más claros, precisamente debido) a su gravedad y trascendencia, fue incorporado a última hora, entre gallos y media noche, por el gobierno, es la ampliación del fuero militar[3]. El texto de la reforma establece que:
«De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del código penal militar y policial. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.«[4]
En criollo, esto quiere decir que cualquier denuncia de crímenes cometidos por la fuerza pública estando en servicio, será potestad de la «Justicia» Penal Militar, la cual, aparte de ni siquiera pertenecer a la Rama Judicial, es famosa por fallar en el 100% de los casos de violaciones de derechos humanos a favor de los uniformados. La gravedad de esta reforma no puede ser pasada por alto en un país en el cual la fuerza pública ha estado siendo investigada por el secuestro y asesinato de más de 3.000 personas en el caso de los llamados falsos positivos, amen de un cúmulo de casos de violación sexual y acceso carnal violento, asesinato indiscriminado de civiles durante operaciones militares, secuestro, extorsiones, infanticidio, abuso sexual de menores y otras bellezas. Ahora, después de hacer todas estas tropelías, serán los mismos militares que llevan medio siglo utilizando estos absusos como parte «normal» de la guerra contra el «terrorismo» quienes se juzgarán a sí mismos.
Las críticas del fuero militar no se han hecho esperar, incluso por parte de organizaciones que han sido tradicionalmente tímidas en sus denuncias del régimen colombiano, como son el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos[5] y Human Rights Watch. Vale la pena citar en cierto detalle la carta enviada por el director de esta organización, José Miguel Vivanco, a las autoridades colombianas:
«(…) de conformidad con el proyecto de reforma, la justicia penal militar asumiría automáticamente la competencia respecto de casos de torturas y violaciones sexuales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública durante dichas operaciones. También se iniciarían automáticamente en la justicia penal militar las investigaciones sobre ‘falsos positivos’, es decir, aquellos casos en que miembros del Ejército asesinan a civiles para luego vestirlos con prendas de tipo militar y presentarlos como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate, ya que las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se presentan como personas muertas durante enfrentamientos.
(…)
La Comisión Interamericana ha señalado en varias oportunidades que ‘[p]or su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8(1) de la Convención Americana… El sistema de la justicia penal militar tiene varias características singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial en esta jurisdicción… El sistema de justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado Colombiano. Esta jurisdicción es operada por las fuerzas de la seguridad pública y, en tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo’. Efectivamente, como lo establece el artículo 221 de la Constitución, los tribunales militares están integrados por miembros activos o retirados de la fuerza pública. La naturaleza jerárquica de las fuerzas armadas, institución basada en una rigurosa cadena de mando, limita claramente la capacidad de militares activos o retirados de juzgar con imparcialidad a personas que anteriormente pertenecieron a la misma institución o actualmente forman parte de las mismas filas.
El record histórico de la justicia penal militar de Colombia muestra que no ha logrado que quienes cometieron violaciones de derechos humanos rindan cuentas por sus actos. Esto se evidencia, por ejemplo, en la notoria ausencia de resultados por parte de tribunales militares en la obtención de condenas contra los responsables de casos de ‘falsos positivos’. Las autoridades de la justicia penal militar no sólo no han impartido justicia en estos casos, sino que además habrían cerrado causas sin llevar a cabo una investigación efectiva de los hechos denunciados. El informe de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia advierte sobre ‘casos [de ejecuciones extrajudiciales]… que pudieron haber sido archivados por [la justicia penal militar] sin una adecuada actuación judicial’. La Comisión Interamericana también señaló en su informe de 2010 que en Colombia ‘los jueces militares adoptan decisiones de archivo y terminación de procesos en casos de violaciones de derechos humanos’.
(…) A su vez, la capacidad de los jueces militares de adoptar tales determinaciones de manera imparcial también se ve menoscabada por los antecedentes de presiones y amenazas que han sufrido algunos jueces militares que han transferido casos de abusos a la jurisdicción penal ordinaria. Por ejemplo, en su informe de 2010, la Comisión Interamericana indicó que en Colombia se había ‘recibido información sobre actos de persecución contra funcionarios que cumplen con el deber de remitir las causas por violaciones de derechos humanos a la justicia ordinaria’«.[6]
El fuero militar, empero, no puede ser visto como una mera decisión desafortunada del gobierno colombiano. Es un elemento fundamental de la nueva ofensiva militar anunciada por Juan Manuel Santos[7], con la cual pretenden profundizar la guerra sucia y el despojo de territorios para beneficio de la explotación agroindustrial, la ganadería y la minería. Es, por lo demás, una demanda que abiertamente venían haciendo los propios intereses económicos que se benefician de la guerra sucia, encabezados por los ganaderos, así como el mismo Ejército que reclamaban que juicios por violaciones de derechos humanos (ie., los «falsos positivos») los estaban «desmoralizando»[8]. Obviamente, la impunidad es un prerrequisito fundamental para una política de guerra sucia y tierra arrasada. Como dijo Molano Bravo «no se puede ganar una guerra sucia con armas limpias «[9].
Concentración de Poderes: la Justicia a la medida de corruptos y parapolíticos
El Congreso colombiano es una de las instituciones más corruptas del país y una de las más desprestigiadas. Un número importante, si no la mayoría, de legisladores de la mayoría ligada al gobierno han estado, en algún momento, vinculados a juicios por cargos de corrupción o por sus vínculos con narcotraficantes o paramilitares y escuadrones de la muerte. Sin embargo, la nueva reforma designa una «súpercorte» con capacidad de juzgarles, y les da la posibilidad de elegir a una tercera parte de ésta, siendo otra tercera parte elegida por el propio presidente (el resto es elegido por el Consejo Superior de la Judicatura). Es decir, dos terceras partes de esta súpercorte serán elegidas por el bloque político más untado de corrupción y vínculos con escuadrones de la muerte y narcotráfico (representados por el Congreso y el Presidente). La Corte Suprema, que era la única instancia que estaba adelantando juicios y condenas por parapolítica y corrupción, se verá así inhabilitada por conducir los juicios en primera instancia (La Corte Suprema, dicho sea de paso, ha sido objeto de duros ataques en este debate por parte de uno de los máximos representantes de los partidos parapolíticos, el ministro Vargas Lleras, quien la acusó sin ninguna base de «politizar» la justicia[10]). Es decir, esta reforma elimina cualquier sombra de controles democráticos en el seno del mismo aparato estatal[11].
Otro elemento de la reforma que refuerza el control del Ejecutivo sobre la Rama Judicial es el cambio aprobado en relación a la elección de dos mecanismos de control claves como son el Procurador y Contralor: ya no se presentará una terna de candidatos presentados por la Corte Suprema, Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Ahora, los candidatos serán nominados directamente por el presidente y éstos serán elegidos por el Congreso[12]. Nunca antes, en verdad, fue más acertado el conocido proverbio popular que dice que la ley es solamente para los de ruana.
Hay bastantes aspectos más en los cuales no ahondaremos, pero que son parte integral del mismo control del Ejecutivo sobre la Rama Judicial, como son dotar de funciones administrativas a la Sala Disciplinaria, trasladar funciones jurisdiccionales de la Rama Judicial a notarios (designados por el gobierno), etc.[13] Aún cuando ha habido algo de debate en los últimos en torno a estas propuestas (sobre todo por la llamada «súpercorte») a raíz de las observaciones hechas por el Procurador, la Fiscal y por el Consejo de Estado y la Corte Suprema[14], la intención del bloque gobernante queda manifiesta y aún cuando puedan conciliar momentáneamente uno o dos puntos de la reforma, el espíritu que la anima se mantendrá y a la menor oportunidad volverán a la carga, como lo vienen haciendo desde el 2008 o como hicieron con el «fuero militar» que se hundió en un primer momento del debate, para resucitar nuevamente cuando todo el mundo bajó la guardia[15].
Con esta desvergonzadas medidas, propuestas paradójicamente por los mismos que acusan a la Corte Suprema de «politizar» la justicia, pretenden tapar la ilegitimidad del régimen actual y recomponer en algo la apariencia de «normalidad» del sistema que se ha visto minado por un sinnúmero de escándalos. Así, Santos ha terminado por cumplir la fantasía uribista de sacarse de encima a la Corte Suprema y producir una concentración inédita de poderes en manos del Ejecutivo, poniendo a sus compinches por encima de la «ley».
Impunidad para los de arriba, Terror para los de abajo
Con esta reforma, sea cual sea su forma final, sigue cayéndose la fachada democrática del ilegítimo régimen impuesto en Colombia en última instancia por la fuerza bruta, por la fuerza paramilitar. Mientras los de arriba (gobierno, parlamentarios, ejército) instalan todo un tinglado autoritario que los blinde de la justicia por sus crímenes y su venalidad, garantizándoles la impunidad absoluta, los de abajo viven en un sistema donde la arbitrariedad reina, donde el menor reclamo les convierte en sospechosos de «terrorismo», donde todos son culpables hasta que no prueben lo contrario.
Colombia se militariza y se vuelve una sociedad policial en el sentido integral del término, donde cualquier tipo de organización social es convertida en un mecanismo de control social, donde una red de más de dos millones de informantes del Estado recaban información de sus vecinos a cambio de tres monedas (el gobierno reconoció, a comienzos del 2010, que tenía 2.200.000 cooperantes, es decir, casi un 5% de la población a sueldo por parte del Estado para tareas de inteligencia[16]), donde los medios señalan y linchan a las voces críticas, donde los tentáculos de los servicios de inteligencia (ayer del DAS, hoy de la ANI) penetran todos los rincones sociales para vigilar el disenso, como se comprobó con el caso de las «chuzadas»[17].
Toda lealtad tiene su precio, y existe todo un sistema de recompensas calcado al que alguna vez estableció Pablo Escobar en su imperio, que cubren desde la información casual hasta la cabeza de un sospechoso. Para esta élite da lo mismo si se trata de la insurgencia, de movimientos de oposición de carácter cívico, o las Cortes: todo lo que sea un contrapeso a su hegemonía y su control absoluto es «terrorismo», es vigilado, es sospechoso, es castigado (oficial o paraoficialmente).
No exageraba Juan Gossaín, en una de sus más famosos editoriales en RCN Radio (16 de Abril, 2010), cuando afirmaba, a raíz del caso de las chuzadas: » Los colombianos tenemos derecho a saber quién fue el que convirtió al país en un Estado de policías y terroristas del Estado, quién intentó convertir esto en una nación de espías, quién fue el que concibió el macabro plan de convertir a opositores reales o imaginarios como si fueran delincuentes, quién, quién está detrás de esto. «[18]
Ahora hasta sobre las víctimas del paramilitarismo-Estado se tiende un manto de sospecha con los arteros y concertados ataques de los medios y personeros de gobierno que denuncian una supuesta «fabricación» de víctimas: se han sembrado dudas en los atroces casos de Mapiripán y Las Pavas, los cuales han sido utilizados hasta la saciedad por los negacionistas colombianos, que no descansarán hasta que, en un giro orwelliano, las víctimas terminen por pedir perdón a sus victimarios[19].
Mientras tanto, el viejo paramilitarismo (ahora llamado «Bacrim»), de la mano de la fuerza pública, se expande como una mancha de aceite por todo el territorio nacional, ejerciendo su labor de control social mediante amenazas y la mal llamada «limpieza social»: las masacres van en alza (tan sólo en los primeros cinco meses del corriente año se produjeron 17 masacres[20]), los asesinatos se expanden en el territorio alcanzando proporciones alarmantes en distritos populares de las grandes ciudades, y también aumentan las desapariciones forzadas (contándose en el período del 7 de Agosto del 2010 al 10 de Noviembre de 2011, 287 casos denunciados[21]). Como recompensa por sus «buenos oficios», a los caciques paramilitares les dejan pelearse el control de las ollas de economía mafiosa en las grandes ciudades, lo cual redunda en aún más criminalidad.
La protesta social también se criminaliza formalmente con la llamada «Ley de Seguridad Ciudadana», la que entre otras cosas establece severas penas para quienes «bloqueen la vía pública», es decir, marchen o se manifiesten en público (a menos que se trate, obviamente, de manifestaciones convocadas por el propio régimen en apoyo a sus políticas, como la fracasada marcha del 6 de Diciembre pasado[22]).
A la vez que se criminaliza la protesta informalmente, con el propio presidente denunciando ante las cámaras que el alza en el malestar y la protesta social es consecuencia directa de «infiltración guerrillera», con palabras en nada diferentes a las otrora usadas por el paranoico Uribe, demostrando que la paranoia es en realidad estructural al régimen[23]. Este ambiente de criminalización de la protesta hace posible situaciones increíbles, como que el ex vicepresidente (y primo hermano del actual presidente) Francisco Santos pueda llamar abiertamente, y sin ningún reproche, a aplicar tortura eléctrica a los estudiantes[24]. Y pese a ello, la valiente protesta popular en Colombia sigue su tendencia al alza.
La actual reforma a la justicia es algo mucho más grave que tener al ladrón detrás del juez; no exagera el presidente de la Corte Suprema Camilo Tarquino cuando asegura que este es un paso que atenta contra el «Estado democrático». De hecho, lo es: es un paso más en el desmantelamiento de todo lo esencial de la democracia burguesa en Colombia como fue consagrada en la Constitución neoliberal, pero garantista, de 1991. Es un paso más en la consolidación del Estado autoritario, de carácter fascistizante, que requieren los grandes capitalistas colombianos y sus socios internacionales, para impulsar la «solución final» a la prolongada crisis de legitimidad y hegemonía del Estado colombiano, y poder implementar sin ningún contrapeso social o político, sus locomotoras minero-exctractivas y agroindustriales. Es la consolidación de una dictadura abierta del gran Capital, de los grandes cacaos, apenas con ropajes democráticos. Y el costo político de este proyecto lo pagará el pueblo, y ya lo está pagando, con toneladas de sangre. Pero es el propio pueblo el que, sin hacerse falsas ilusiones en la institucionalidad, puede y debe poner freno a este modelo rapaz y totalitario, desarrollando su propio poder mediante la lucha popular y la acción directa. El único límite a este «ejercicio ilimitado» del poder de los de arriba es el que le impone la propia dinámica de la lucha de clases en Colombia. Todos los otros caminos están bloqueados.
NOTAS DEL AUTOR:
[1] Ver, por ejemplo, dos artículos escritos entre Agosto y Octubre del 2008, momento de aguda crisis entre la Corte Suprema y el gobierno de Uribe. Momento, además, en el cual el DAS se encontraba en plenas laboras de espionaje y amenazas en contra de los miembros de la Corte Suprema. «Pasos de animal grande, crujidos institucionales» http://
[2] http://elespectador.com/no
[3] Nos hemos ya referido en mayor detalle a este fuero militar, poniéndolo en el contexto de las necesidades de la guerra sucia desde el punto de vista del bloque en el poder, en un artículo previo http://anarkismo.net/
[4] http://elespectador.com/no
[5] http://www.europapress.es/
[6] http://www.semana.com/
[7] http://elespectador.com/no
[8] http://anarkismo.net/
[9] http://www.elespectador.
[10] http://www.elnuevosiglo.
[11] http://elespectador.com/n
[13] Para más detalles sobre estos aspectos, leer la entrevista al vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy http://www.
[14] http://www.eltiempo.com/j
[15] http://www.eltiempo.com/p
[17] http://www.anarkismo.net/
[19] León Valencia escribió recientemente una reveladora columna sobre esta estrategia del negacionismo, la cual es empañada por el párrafo final en el cual termina con la lambonería de rigor ante la figura mesiánica del presidente, el cual está, supuestamente, más allá de las intrigas del círculo que lo rodea http://www.semana.com/
[20] http://elespectador.com/n
[21] http://
[22] http://www.anarkismo.net/
[23] http://www.elespectador.
[24] http://www.prensarural.
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario, residente en Irlanda donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de «Problemas e Possibilidades do Anarquismo» (en portugués -Faisca ed., 2011) y coordinador del libro «Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina» (Quimantú ed. 2010).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.