En marzo de 2011 la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) controlada por la OMC, elaboró un proyecto denominado PROSUR, «Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial» con el objetivo no declarado de crear los cimientos para la apertura de una oficina de propiedad intelectual en Sudamérica y la creación de una única patente regional […]
En marzo de 2011 la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) controlada por la OMC, elaboró un proyecto denominado PROSUR, «Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial» con el objetivo no declarado de crear los cimientos para la apertura de una oficina de propiedad intelectual en Sudamérica y la creación de una única patente regional que formará parte de la ambicionada por las corporaciones multinacionales, «Patente Mundial». El proyecto se inició con un supuesto pedido formal de cooperación a la OMPI para camuflar la intervención directa del organismo internacional en las propias oficinas con la anuencia de los presidentes de los institutos de propiedad industrial de Argentina y Brasil. Estos funcionarios y sus organismos se amparan en la autarquía (lograda con las leyes de patentes de los años 90) para firmar acuerdos internacionales por fuera de las Cancillerías, el Poder Ejecutivo y los Parlamentos.
El antecedente de este proyecto se remonta a la década del 90, cuando OMPI intentó sin éxito, instalar una oficina regional de marcas, patentes, derechos de autor y conexos en la ciudad de San Pablo, polo industrial de Sudamérica.
La iniciativa se detuvo pues todas las fichas estaban jugadas a la firma del ALCA, que facilitaría la adhesión de todos los países de la región a los acuerdos y tratados internacionales de propiedad intelectual «recargados de protección» y favorables a las corporaciones en materia de medicamentos, semillas transgénicas, software, «industrias» culturales, etc.: todo lo que hoy pide Estados Unidos mediante las leyes SOPA y PIPA y el acuerdo ACTA, que incluye a las patentes y las marcas.
La actualizada iniciativa PROSUR, cuenta con la participación estratégica de las oficinas de Brasil y Argentina (las mayores en volumen de solicitudes de patentes y marcas) que dependen de los Ministerios de Industria y Producción; sin estos dos jugadores de Sudamérica difícilmente pueda llegarse a una oficina y una patente regionales.
Ambos presidentes de los organismos de propiedad industrial están fuertemente alineados a OMPI y año tras año firman acuerdos y reglamentaciones favorables a los estudios de abogados de las grandes empresas y organizan eventos para crear las condiciones de lobby sobre los Congresos y el Poder Ejecutivo de estos países, en general presentándolos como hechos consumados: un Estado neoliberal, dentro del propio Estado Nacional.
Estos organismos que aplican las leyes de propiedad industrial han desarrollado un papel relevante a favor de las empresas y el gobierno de los Estados Unidos. Jorge Ávila llegó a reunirse con Jon Dudas , cuando este era subsecretario de comercio de Jorge W. Bush mientras que Mario Aramburu llevo al mismísimo Embajador de Estados Unidos en Argentina, Earl Wayne, a las propias instalaciones del INPI-AR, con quien compartió el jurado de un concurso a la mediada de AMCHAM, la Cámara de las empresas USA en Argentina. Aramburu fue un buen amigo del embajador durante su estancia en Argentina, nombrado en su actual cargo por Eduardo Duhalde archi-enemigo de Néstor y Cristina Kirchner, aunque continua en su puesto con protección de intereses de lobbys que no han sido abordados por el gobierno.
Mientras tanto Jorge Ávila del INPI-BR continúa en sus funciones a más de un año del gobierno de Dilma y a pesar de haber sido acusado por los propios diputados brasileros del partido de gobierno PT por defender los intereses de los laboratorios extranjeros. También propuso Ávila un acuerdo de concesión de patentes con la oficina de Estados Unidos que fue suspendido por las resistencias que generó tanto en organizaciones sociales ligadas a la defensa de la salud, como de los laboratorios nacionales brasileros.
Nada de esto es gratis, la iniciativa tiene por objetivo evitar el aparente colapso de las oficinas al agilizar y acelerar los trámites de concesión de patentes y marcas de las empresas en cada país pues el sistema de patentes a degenerado en una inmensa cantidad de solicitudes (Back-log) que el propio sistema alienta al permitir invenciones que no poseen novedad o actividad (altura) inventiva. Así, las presiones del Departamento de Estado, Embajadas, empresas y estudios de abogados sobre los gobiernos de Sudamérica se orientan a copiar los resultados de las búsquedas de antecedentes y de los exámenes de patentes, despreciando la soberanía nacional al momento de declarar válida una patente y hasta las mismas oficinas de patentes adoptan por bueno, los informes de la Oficina Europea (EPO) y la de Estados Unidos (USPTO).
Esta inquietante colonización de las oficinas, donde intereses de las empresas están presentes en la propia dirección burocrática, llevó a que las oficinas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay (no forman parte Bolivia y Venezuela) mediante el proyecto PROSUR, comiencen un proceso de conexión de sus bases de datos a través de una plataforma desarrollada por la propia OMPI, conocida como WIPO-CASE como una supuesta integración de las oficinas de la región (bajo la tutela de OMPI) realizado el análisis de 300 solicitudes de patentes extranjeras que se hayan solicitados en al menos tres países sudamericanos.
Como refuerzo a estos planes de dominación de los países por medio de las patentes y las marcas OMPI, EPO y la oficina española OEPM -que funge de capataz- se reunieron durante 2011 Chile y Colombia para asegurar la continuidad del proyecto de patentes en manos del organismo internacional y armonizar sus políticas con las oficinas de los países cooperantes.
La OMPI /OMC/ EE UU preparan la plataforma de control de la información y las decisiones sobre las patentes que les garantice los presentes y futuros mercados monopólicos / oligopólicoss a empresas como Pfizer, Monsanto, Gilead, Nidera, Aventis, Cargill, Astra -Zeneca o Bayer, quienes controlan miles de millones de dólares que remesan de estos países por ventas de productos y tecnologías sobre medicamentos, semillas, alimentos, electrónicos, químicos y agroquímicos. Los gobiernos de Cristina Kirchner y Dilma Ruseff están dando pasos gigantescos en materia de políticas de soberanía tecnológica, farmacéutica y alimentaria en función de la inclusión social de millones de compatriotas. Las políticas de propiedad intelectual son una «asignatura pendiente» que de tanto demorarse se asemejan a las de los ex presidentes FHC de Brasil y CSM de Argentina.
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