El anuncio del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos de retirar el artículo que ampliaba los alcances del Fuero Militar del Proyecto de Reforma a la Justicia constituye un paso acertado en la defensa de las instituciones del Estado de Derecho. En diversas oportunidades la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), había solicitado que dicha reforma al […]
El anuncio del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos de retirar el artículo que ampliaba los alcances del Fuero Militar del Proyecto de Reforma a la Justicia constituye un paso acertado en la defensa de las instituciones del Estado de Derecho. En diversas oportunidades la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), había solicitado que dicha reforma al fuero militar fuera retirada por considerarla innecesaria, inconveniente y contraria a la jurisprudencia de las altas cortes y organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos considera que las actuales disposiciones constitucionales y legales que consagran el fuero penal militar son suficientemente claras en su alcance y garantizan los requerimientos de un debido proceso a todos los miembros de la Fuerza Pública. Por el contrario, es su falta de aplicación efectiva lo que genera impunidad e inseguridad jurídica a los familiares y a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Por estas razones, el anuncio de presentar un nuevo proyecto de reforma a la Constitución con el objeto de plantear una reforma integral a la Justicia Penal Militar, no debería ser utilizado para revivir las intenciones de radicar una competencia a prevención en los jueces militares, para conocer las primeras diligencias en casos donde se vulneren derechos de los ciudadanos y mucho menos para insistir en extender el concepto de acto del servicio a acciones que connotan violaciones de los derechos humanos.
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos hace un llamado al Gobierno para que haga público el informe final o el concepto de la Comisión creada para el análisis de la reforma al fuero militar y a la Justicia Militar. Solicita que antes de someter al Congreso cualquier proyecto de reforma sobre estos temas, se someta al más amplio debate con distintos sectores de la ciudadanía y de la comunidad nacional e internacional de derechos humanos.
Igualmente, convoca al Presidente Santos y sus ministros a hacer efectivas las medidas para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en todo el territorio nacional, en especial en lo que se refiere a:
1. Acatar sin reparos los fallos de la justicia especialmente cuando se trate de condenas a servidores del Estado comprometidos con crímenes contra los derechos humanos.
2. Fortalecer y no debilitar, los distintos mecanismos de escrutinio y supervisión internacional sobre la situación de derechos humanos en Colombia como lo son la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Clarificar los propósitos y alcances de la propuesta del gobierno de crear una comisión, centro o instituto de derechos humanos y garantizar que sus funciones no dupliquen ni obstaculicen las desempeñadas por otras instituciones ya existentes, como la Defensoría del Pueblo o la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
4. Implementar de manera efectiva los compromisos de garantías a la labor de los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos y demás compromisos asumidos en el marco del proceso de la Mesa Nacional de Garantías, de modo que permitan transitar prontamente a nuevas fases del proceso de definición y concreción de políticas de Estado para la promoción, protección y vigencia efectiva de los derechos humanos en Colombia.
Bogotá, febrero 29 de 2012