Comunicado del Colectivo de afectados del Centro Especial de Empleo (APTA)
A la opinión pública
El colectivo de padres y tutores de trabajadores despedidos por el ERE presentado por el Centro Especial de Empleo de Gijón (APTA), para 151 trabajadores, queremos manifestar ante toda la opinión pública nuestro rechazo al acuerdo firmado por UGT, CCOO y el Grupo ONCE. Un acuerdo que supone el despido de trabajadores discapacitados, por los cuales el Centro recibió cientos de millones de ayudas públicas durante los últimos años, obteniendo una imagen pública de ser un centro que cumple una gran labor social, cuando lo que hacen, es una gestión empresarial nefasta y especulativa.
La mala gestión de APTA que, desde este colectivo, venimos denunciando desde hace años termina con un ERE que puede ser el principio de la desaparición del Centro.
Nos parece lamentable que a lo largo de estos años, ni los sindicatos UGT y CCOO que ahora firman este acuerdo con el único argumento de lo menos malo, ni la administración local de Gijón, central ni autonómica de Asturias, les exijan a los responsables de esta horrorosa gestión, ninguna responsabilidad de las ayudas públicas recibidas, ni del compromiso de un plan de futuro que garantice la continuidad del Centro y el mantenimiento del empleo.
Consideramos que el ERE pactado entre la ONCE y los sindicatos UGT y CCOO es un fraude de ley porque recibieron y, siguen recibiendo, millones de ayudas públicas para crear empleo estable para personas discapacitadas y ahora los despiden y porque, además, buena parte del trabajo del Centro se está subcontratando fuera y lo hacen con empresas propiedad de exdirectivos y de amistades de estos. Despiden a trabajadores discapacitados para hacer contratos temporales y precarios a otros trabajadores que no son discapacitados pero que los utilizan, como si lo fueran, para seguir recibiendo subvenciones públicas.
Desde este colectivo de padres nos preguntamos, ¿cómo es posible que UGT y CCOO, que dicen estar en contra de los despidos y la reforma laboral, se sientan en la mesa de negociación y no les tiembla el pulso a la hora de despedir a 151 trabajadores, aunque estos sean discapacitados? Además lo hacen sin informar ni a los afectados ni a los padres ni a los tutores.
¿Qué se oculta detrás de este expediente? ¿Por qué nadie pregunta donde se invirtieron las ayudas públicas recibidas? ¿Estamos ante un nuevo pelotazo urbanístico a la vera del Piles?
Desde el Colectivo de Padres solicitamos a las instituciones políticas, agentes sociales, comités de empresa, trabajadores y, a los ciudadanos en general, una respuesta solidaria contra este atropello, a la vez que exigimos la apertura de una investigación que nos lleve a conocer la realidad de esta situación.
¡No a los despidos. No a la especulación!