Nuevamente se instala en el debate político nacional, la cuestión de si en Colombia existen o no, presos políticos y prisioneros de guerra. El Secretariado nacional de las FARC-EP expresó en un comunicado la necesidad de que el gobierno autorice la visita de una comisión humanitaria a las cárceles colombianas con el fin de dar […]
Nuevamente se instala en el debate político nacional, la cuestión de si en Colombia existen o no, presos políticos y prisioneros de guerra.
El Secretariado nacional de las FARC-EP expresó en un comunicado la necesidad de que el gobierno autorice la visita de una comisión humanitaria a las cárceles colombianas con el fin de dar cuenta de las condiciones de reclusión de nuestros hombres y mujeres, como «condición» para adelantar la liberación unilateral que se anunció desde diciembre pasado. La respuesta del alto gobierno, como siempre, llegó impregnada de desfachatez y cinismo, negándose a dicho planteamiento y afirmando que en Colombia no existen presos políticos ni prisioneros de guerra.
Me gustaría sobremanera poder ahondar en el abordaje del delito político desde el punto de vista histórico, jurídico y sociológico, con el ánimo de advertir la génesis de dicha categoría y aprehenderla en el contexto específico de nuestro país, sin embargo los avatares de la guerra me impiden emprender esta labor, razón por la cual expondré mi punto de vista como guerrillero, como revolucionario -sin citas, ni cifras- sólo con la experiencia de luchar en un país como Colombia, en donde los gobernantes han hablado siempre de democracia y libertad, pero donde los pobres han estado el margen del poder político, y en las cárceles del régimen soportan con dignidad el encierro miles de compatriotas cuyo único delito ha sido soñar -haciendo-una Colombia Nueva.
De entrada es necesario advertir que el «ordenamiento jurídico» de cualquier país depende directamente de los intereses de la clase o los sectores del clase que se encuentren ejerciendo el poder, de ahí que las leyes sean la expresión «consensuada» de dichos intereses, que siendo particulares se hacen pasar por generales, y que gracias a varios trucos mediáticos la gente termina asumiendo como naturales e incuestionables. Es así como las clases dominantes en Colombia, han configurado un ordenamiento legal, (no necesariamente legítimo), con el cual han blindado sus intereses y garantizado su hegemonía, ante las aspiraciones y luchas de los sectores populares. Sin olvidar también, que cuando lo han considerado necesario han apelado a formas extralegales para cumplir dicho propósito, es el caso del paramilitarismo y la guerra sucia, que como políticas de Estado, siempre han estado en función de salvaguardar los intereses de latifundistas, empresarios y politiqueros.
Las luchas del pueblo han variado según el momento histórico, y unas veces más que otras se ha planteado con claridad que el problema central reside en el ejercicio del poder político, en este sentido se ha acudido a formas legales de lucha para llegar al poder, pero ha sido la misma experiencia histórica-por lo menos en Colombia- la que ha evidenciado que las elites dominantes han establecido un engranaje institucional de dominación que impide que sectores políticos auténticamente revolucionarios accedan escenarios de poder.
Por otra parte, la oligarquía nacional ha apelado a la represión y a la violencia con tal de mantener sus posiciones de privilegio, llevando a importantes sectores del pueblo a asumir la violencia revolucionaría como alternativa de lucha en procura del poder político y del proyecto socialista. Es en este punto en donde organizaciones como las FARC, nos hemos ubicado por fuera de la ley, asumiendo la lucha abierta por el poder.
Nuestra lucha entonces, es una lucha política que desarrollamos por la vía militar. Así se ha venido configurando el conflicto interno, la guerra que el ejecutivo se empeña en negar, pero a la que le invierte miles de millones de pesos; por eso (y de acuerdo con el DIH) cuando uno de los nuestros cae en manos del enemigo en medio de una operación militar, adquiere la condición de prisionero de guerra, al igual que los miembros de la fuerza pública que nosotros capturamos, no son simples «secuestrados» sino prisioneros de guerra.
Ahora bien, es claro que el Estado colombiano que posa de democrático, ha perseguido y encarcelado a miles y miles de personas por el simple hecho de pensar diferente. Obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas, académicos, defensores de DDHH, líderes comunales etc…, han padecido y padecen el oprobio en las cárceles colombianas, solo por el hecho de luchar por una Colombia justa, digna y soberana. A todos los tilda de guerrilleros, de auxiliadores, y los somete a injustas condenas, mientras los verdaderos criminales andan con escoltas y salarios oficiales esquilmando el erario público.
En Colombia sí existen presos políticos y prisioneros de guerra (sin mencionar las indignas condiciones de reclusión en que se hallan), reconocer esta realidad es un paso importante en la búsqueda de soluciones incruentas a la confrontación. Está muy bien que el Secretariado se preocupe por visibilizar su situación, y si el gobierno no atiende el llamado, que sea él quien le responda a las familias de los prisioneros que estamos dispuestos a liberar. Finalmente, vale la pena recordar una frase grabada en la pared de alguna cárcel colombiana: LA REBELIÓN NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO.