Insisto. El rumbo que le está dando el bloque de clases dirigente y dominante a Colombia, está siendo determinado (y seguirá siéndolo) por la aguda contradicción surgida en su seno. Una fracción del bloque militarista de clases dominante, ligado al poderoso narco-latifundio tradicional y conservatizante, representado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se opone a […]
Insisto. El rumbo que le está dando el bloque de clases dirigente y dominante a Colombia, está siendo determinado (y seguirá siéndolo) por la aguda contradicción surgida en su seno. Una fracción del bloque militarista de clases dominante, ligado al poderoso narco-latifundio tradicional y conservatizante, representado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se opone a los intentos de otra fracción financiera trasnacional identificada con el actual presidente Juan Manuel Santos, que pretende sacar al mercado de capitales trasnacionales (también chinos) ligados con compañías mineras, petroleras, energéticas y agro-energéticas; los millones de hectáreas ociosas (20 millones de hectáreas para 40 millones de vacas) que monopolizan solo 5.000 rentistas y ganaderos, y dentro de los cuales también se encuentra un alto número de altos mandos y generales del heroico ejército colombiano. Y quien ha anunciando que para conseguir la paz recurrirá a la «robotización del conflicto interno» colombiano con «drones» ya comprados (aviones no tripulados cargados de bombas inteligentes y selectivas que se pueden guiar y disparar desde cualquier lugar del mundo) para evitar discutir públicamente su Solución Política.
Santos, con la risa helada de hiena dice: no peleo con Uribe (Nopecu), mientras Uribe Vélez responde con toda la bilis parda de su fascismo, si peleo con Santos (Sipesa). Dejando al descubierto la antigua y bien organizada gambeta bipartidista oligárquica, de esa clase social decrépita, cuyo mejor exponente es el general de 95 años de edad Valencia Tovar, quien con toda la dureza de sus arterias insiste tercamente en retraer la sociedad colombiana a los años 50, cuando era uno de los comandantes heroicos del batallón Colombia, enviado a Corea por la dictadura falangista conservadora, a guerrear bajo órdenes del US Army para luego venir a Colombia a exterminar guerrilleros y a secuestrar el cadáver del sacerdote Camilo Torres.
Sin embargo, hay varios hechos que están desmontando la vieja creencia escolástica de la oligarquía vendepatria colombiana, de creer que nada cambia. Que el orden existente durará para siempre; cuando la vida les muestra a cada instante que nada es definitivo o relativo.
Lo que parecía un desencuentro entre latifundistas por la renta de unas cuantas hectáreas y que supuestamente se irían a devolver con una demagógica ley de tierras, avanzó hacia la irritación por las reformas jurídicas propuestas por el gobierno, y se enconó con el anzuelo de la llamada «ley de Justicia transicional», y la percepción sobre la seguridad democrática, estrategia propagandística esencial del Estado de Opinión de los ocho años Uribeños.
Como en los viejos tiempos de las pugnas bipartidistas, entre Lleras Camargo y Laureano Gómez, o Pastrana y López Michelsen, o Samper con Álvaro Gómez, o Pastrana hijo con Serpa; ahora la clase dominante pretende meter al pueblo trabajador colombiano en una supuesta pugna definitiva entre Santos y Uribe Vélez, graduado este por los medios de comunicación como el jefe de la oposición «democrática» en Colombia.
Pero como el pueblo colombiano ya no traga entero como antes, le estalló a la alianza gobernante la verdadera bomba de la enorme movilización consciente de masas de la Marcha Patriótica por la segunda y definitiva independencia, del 23 de abril pasado, que no pudieron ocultar (por más que lo intentaron). Luego aparecieron las «explosivas» declaraciones del capo paramilitar Mancuso, vinculando en sus «democráticas» actividades a Uribe Vélez y a su vicepresidente el loquito Fachito Santos; haciéndose entonces necesario volver más creíble la pelea entre Santos y Uribe. Nada mejor que recurrir a una bomba de dinamita «asusta-bobos», colocada en la ventanilla del carro súperblindado del «héroe de Invercolsa Londoyos», íntimo de Uribe Vélez y del procurador Ordoñez, para que volaran los escoltas que iban en los asientos delanteros, pero no le pasara nada al pasajero de atrás donde está concentrado el blindaje.
El Comandante de la Policía siguiendo el viejo esquema de siempre, culpó inmediatamente a la Insurgencia de las FARC, pero Santos «extrañamente» y de manera inmediata lo contradijo, para seguir sembrando la incertidumbre y continuar la especulación (para él favorable) sobre los autores de esa criminal bomba y su finalidad; llegándose a la absurda noticia propalada por el diario conservador El Nuevo Siglo de que había 5 hipotéticos autores de la explosión, pero paradójicamente y también «extrañamente», sacando de las hipótesis descritas a la criminal Seguridad del Estado (DAS), dependencia directa del presidente de la república, que ha sido tradicionalmente el autor de los más atroces atentados del Terror del Estado en Colombia.
¿Quién ha salido beneficiado de toda esta situación? Debe ser la pregunta básica para orientar cualquier análisis de lo sucedido. La respuesta más sencilla es ciertamente, el gobierno de Santos. Veamos:
1-Esa misma tarde de la bomba contra Londoyos (cosa extraña) colocada el día de la votación de la ley-anzuelo de la justicia transicional; este proyecto fue aprobado por abrumadora mayoría en el sexto debate del Parlamento.
2-Desestabilizó (no al gobierno) sino a Uribe Vélez quien al ver a uno de su más cercanos compinches al borde de la muerte y creyendo que era una venganza de Mancuso o de la insurgencia, descompuesto, rompió la solidaridad de clase y le quitó el respaldo institucional al gobierno de Santos, quedando momentáneamente aislado.
3-Por el contrario, Santos y su gobierno han recibido todas las muestras de unidad y respaldo de clase, incluidos obviamente la represión armada, la Iglesia Católica y el gobierno de los EEUU, para continuar el valiente rumbo contra el terrorismo que lleva por el camino políticamente correcto, con lo cual se ha desautorizado a Vivanco, quien deberá haber entendido lo difícil que es gobernar con leyes de papel a ese país de santanderistas, llamado Colombia.
4-La incertidumbre o «pesca en río revuelto», permite mantener la sospecha sobre cualquier colombiano, sea de la Insurgencia o no, y por consiguiente mantener a fondo el acelerador de la represión y el Terror del Estado para quitarse adversarios, que según la prensa adicta, pretenden desestabilizar su gobierno de Unidad Nacional, entre ellos los dirigentes de la estigmatizada Marcha Patriótica sobre quienes se van a ensañar, pues a los Uribeños nada les va a pasar.
Nadie va a reivindicar una bomba como esa, porque como lo enseña la más vieja tradición «la venganza solo la debe saber el afectado» y en ese caso, como reza también en los antiguos libros de derecho: «cuando NO hay justicia hay venganza». Y ese precisamente es uno de los aspectos más regresivos del llamado conflicto interno colombiano que se quiere seguir manipulando con el «Nopecu y el Sipesa» de los dominantes, y el que solo se resolverá cuando se le IMPONGA, desde abajo, a la oligarquía Trasnacionalizada su Solución Política.
(*) Alberto Pinzón Sánchez es médico y antropólogo colombiano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.