La crisis de los setenta supuso el punto de partida para el proceso de legitimación de todo aquello que se hiciese desde el ámbito político si el objetivo era salir de una realidad de crisis sistémica. Aunque lo que se plantease empeorase la situación social, económica o laboral de las personas, si era en pos […]
La crisis de los setenta supuso el punto de partida para el proceso de legitimación de todo aquello que se hiciese desde el ámbito político si el objetivo era salir de una realidad de crisis sistémica. Aunque lo que se plantease empeorase la situación social, económica o laboral de las personas, si era en pos de salir de una situación de recesión era bienvenido porque, además, las consecuencias negativas se revertirían en el futuro cuando volviesen los buenos tiempos. Sin embargo, no son pocos los ejemplos de reformas, medidas o cambios sin vuelta atrás y que, con la rigurosidad que da el análisis a posteriori, se revelan como retrocesos en el bienestar general y empeoramientos en la situación de la gente.
En el marco anterior se sitúan las sucesivas reformas laborales en España tendentes a profundizar en el aumento de la flexibilidad del mercado de trabajo. Las recurrentes crisis de la economía de mercado tienen siempre su traducción en términos de aumento del desempleo y la destrucción del tejido productivo. En este contexto la ideología económica dominante aboga por la flexibilidad como una solución al problema.
Paradojicamente la flexibilidad es un término con connotaciones positivas.En lo que nos ocupa haría referencia a la capacidad de adaptación del trabajador al contexto cambiante y a la necesidad de llevar a cabo concesiones (renuncia a derechos adquiridos) que faciliten el aumento de la agilidad en el uso factor trabajo (Recio, A 2007). Es decir, dotar al sistema de relaciones laborales de mayor flexibilidad supondría, según sus defensores, un funcionamiento más eficiente del mismo que contribuiría a la salida exitosa del paro masivo generado durante la situación de crisis. El mensaje es sencillo, «si te adaptas y estás dispuesto a hacer concesiones, la probabilidad para que quedes desempleado será menor y además, en el futuro, más gente podrá trabajar también».
Sin embargo, las sucesivas reformas del ordenamiento laboral si bien han profundizado en crear ese «marco flexible», como contrapartida no han contribuido a la generación de empleo o a mitigar el proceso de destrucción o precarización del mismo. Al menos, no se puede establecer una relación causa efecto clara entre la generación de empleo y dichos procesos de flexibilización. Realmente los procesos expansivos que traen consigo mayores niveles de contratación son los que explican los momentos de menor desempleo. Es decir, el incremento de las ofertas de empleo estaría directamente relacionado (y no siempre) con el crecimiento de la demanda de bienes y servicios en el mercado y no con los niveles de flexibilidad.
En España se aprobó recientemente el Real Decreto Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, a través del cual se planteaban medidas diversas entre las cuales se encontraban las relacionadas con el «aumento necesario de la flexiblidad». En este sentido, se profundizaba en aspectos tales como la creación de mecanismos para agilizar los ajustes de plantilla, favorecer la movilidad interna y externa, modificar las condiciones de trabajo, los salarios o, con carácter residual, adaptar la cualificación de los trabajadores. En todos los casos, excepto en el último, se tratarían de elementos objetivamente negativos para los trabajadores por cuanto que aumentan su vulnerabilidad ante el desempleo o la posibilidad de ver empeoradas sus condiciones de trabajo. Se trataría, como veíamos anteriormente, de la exigencia de «conceder y adaptarse» impuesta al trabajador en aras de alcanzar una salida al problema del paro, agudizado en tiempos de recesión. Sin embargo, y también relacionado con lo anterior, de nuevo sin un contexto adecuado donde exista el suficiente dinamismo de la demanda en los mercados de bienes y servicios, medidas de este tipo o incluso en sentido contrario resultan estériles para crear empleo.
Vayamos por partes, en relación con el abaratamiento de los despidos para facilitar los procesos de ajuste, en tiempos de crisis aceleran los procesos de destrucción de empleo y hacen menos atractivas fórmulas alternativas como el reparto del trabajo o la reducción temporal de salarios. En relación con la movilidad, en este contexto recesivo, se convierte en una herramienta útil para que los empleadores puedan forzar la salida del factor trabajo a través de la generación de condiciones inasumibles relacionadas con la asunción de funciones impropias o la emigración forzosa por el cambio en el centro de trabajo. No obstante, aun no siendo malversadas, las ampliaciones en las posibilidades de flexibilidad interna y externa, resultan de nuevo inoperantes si no existe la suficiente demanda en los mercados de bienes y servicios que sugiera aumentos en el volumen de las actividades productivas. Por último, la flexibilidad retributiva que se caracteriza fundamentalmente por plantear fórmulas de «más trabajo por el mismo sueldo» o «el mismo trabajo por menos sueldo», enmascara un intento a la desesperada por aprehender los estrechos márgenes que se puedan generar, haciéndolo además a través de la socialización de pérdidas que subyace a la reducción del poder adquisitivo y al consiguiente empeoramiento de las condiciones de trabajo y vida.
En definitiva, viejos remedios para males estructurales que si bien en otros casos pudieron hacer creer a algunos que estaban detrás de los procesos de recuperación económica, en este caso parece difícil que escapen al escrutinio de la realidad objetiva donde el número de personas sin trabajo no para de crecer y nada parece que vaya a revertir este proceso.
Alejandro González Rodríguez es profesor asociado del Departamento de Economía Historia y Métodos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
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