Joaquín Pérez Becerra fue condenado por el juez séptimo penal del circuito de Bogotá por «incurrir en el delito de concierto para delinquir agravado», el mismo juez lo absolvió por el delito de financiación del terrorismo. Según el abogado Rodolfo Ríos, se presentaron serias irregularidades en este proceso, ya que se utilizaron pruebas de la […]
Joaquín Pérez Becerra fue condenado por el juez séptimo penal del circuito de Bogotá por «incurrir en el delito de concierto para delinquir agravado», el mismo juez lo absolvió por el delito de financiación del terrorismo.
Según el abogado Rodolfo Ríos, se presentaron serias irregularidades en este proceso, ya que se utilizaron pruebas de la Operación Fénix que fueron declaradas ilegales por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Los abogados indicaron que apelarán el fallo proferido por el juez de la República y que llegarán a las últimas instancias judiciales para demostrar la inocencia de Joaquín Pérez.
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El Terrorismo de Estado no logró asesinar a Joaquín Pérez, eligido dos veces al concejo del municipio
de Corinto, Cauca por la UP. Ahora cobró la factura, sentenciando al colega ycompañero a 8 años de cárcel.
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Joaquín Pérez Becerra es un comunicador, director y editor de la Agencia de Noticias Nueva Colombia -ANNCOL. Es un perseguido político de siempre, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica que dejó a miles de compatriotas asesinados por el terrorismo de Estado. Por esa persecución se vió obligado a salir del país a finales del año 93, en calidad de exiliado hacia Suecia, país que le otorgó posteriormente la ciudadanía.
El 23 de abril de 2011 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando ingresaba a Venezuela procedente de Alemania. La captura se efectuó por un supuesto requerimiento de la Policía Internacional (INTERPOL).
El día 25 de abril de 2011, el Estado venezolano entregó irregularmente a Joaquín a Colombia por petición del presidente Juan Manuel Santos, violando así los derechos que tiene Joaquín como refugiado político.
Ya en Colombia Joaquín afrontó un proceso por concierto para delinquir y financiación de grupos terroristas, cargos basados en presuntas pruebas que incautaron sin cadena de custodia las fuerzas armadas en el computador del abatido comandante guerrillero Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano durante la Operación Fénix. Pruebas que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 18 de mayo de 2011, declaró ilegales. Joaquín se encuentra recluido en el establecimiento de orden nacional (ERON La Picota) de Bogotá.
Desde La Picota física y pública Joaquín acaba de manifestar que su condena obedece a «un fallo político que demuestra que la justicia colombiana no es independiente, aceptando pruebas amañadas, extemporáneas y contaminadas de la fiscalía. Es un atentado contra la libre expresión y al derecho a la sociedad a estar objetivamente informada. Invito a los medios alternativos a no dejarse intimidar por este fallo emitido por el juez 7 especializado. No soy un criminal, soy un prisionero de conciencia que siempre me he opuesto a las desigualdades sociales y al terrorismo de Estado en Colombia. Con entusiasmo saludo el compromiso del gobierno de Santos y las Farc para transitar por caminos del diálogo hacia una paz estable y duradera».
La libertad de expresión, de comunicar, de conciencia, como derecho político, debe estar en el centro de las conversaciones de paz que Joaquín Pérez saluda desde la fría prisión. Precisamente será este proceso el que deberá garantizar la inclusión política, fundamental para el ejercicio de la política en la transición que todo el país anhela. Desde acá nuestra solidaridad para Joaquín y los miles de presos políticos colombianos, para todas y todos ellos exigimos libertad.