Los trabajadores hicieron hoy su último esfuerzo por impedir que el Presidente de Chile cumpla su promesa electoral de desaparecer el diario gubernamental La Nación, que trae consigo la eliminación del Diario Oficial, licita una valiosa infraestructura inmobiliaria y de maquinaria avanzada, y elimina un competidor del mercado publicitario e impresor para los dos únicos […]
Los trabajadores hicieron hoy su último esfuerzo por impedir que el Presidente de Chile cumpla su promesa electoral de desaparecer el diario gubernamental La Nación, que trae consigo la eliminación del Diario Oficial, licita una valiosa infraestructura inmobiliaria y de maquinaria avanzada, y elimina un competidor del mercado publicitario e impresor para los dos únicos protagonistas relevantes de este negocio en el país, el duopolio El Mercurio/La Tercera, cadenas periodísticas de Agustín Edwards y Álvaro Saieh, cuyos intereses serán fortalecidos con menor competencia.
Bajo el lema «La Nación no muere», la Coordinadora de Trabajadores de las Comunicaciones, el Colegio de Periodistas y los sindicatos de trabajadores de La Nación convocaron a la ciudadanía a manifestarse este domingo, al mediodía, contra la desaparición del diario, con un gran acto político cultural en las cercanías del Palacio de La Moneda, en Paseo Bulnes y Alonso Ovalle.
La invitación a protestar por el cierre fue dirigida a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y líderes de opinión para denunciar y rechazar la desaparición del medio. Los organizadores dijeron que el cierre de La Nación «vulnerará un derecho humano esencial: El derecho de acceso a la libre información y a la libertad de expresión».
El futuro definitivo del diario será sellado el lunes 24, cuando se reúna la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Periodística La Nación S.A., convocada para disolver y liquidar el periódico. «Como trabajadores de las comunicaciones denunciamos esta decisión política porque atenta contra el pluralismo y fortalece la privatización de la información en un sector social, político y económico», dijeron las organizaciones que defienden la supervivencia del medio.
La versión en papel de La Nación dejó de circular en 2010, quedando sólo su portal Internet LaNacion.cl y una importante infraestructura de talleres de última generación que presta servicios para imprimir otros medios. Fundado en enero de 1917 por el político liberal Eliodoro Yánez, y expropiado en julio de 1927 por el dictador Carlos Ibáñez del Campo para convertirlo en órgano del gobierno de turno, el cierre definitivo afecta a más de 300 trabajadores, entre periodistas y personal de talleres.
El 14 de septiembre, la Coordinadora de Trabajadores de la Comunicación, los sindicatos 1 y 3 de la Empresa Periodística La Nación y diputados de tres tiendas políticas de la Concertación le pidieron a Piñera que reconsidere su decisión de cerrar el diario. No hubo entrevista con el jefe del Estado, sino una carta recibida por la Oficina de Partes del palacio La Moneda.
«Hemos venido a entregarle una carta al Presidente para decirle que no hay razón para cerrar un diario en democracia» dijo Nancy Arancibia, presidenta del sindicato número 3 del área periodística. Agregó: «La Nación está llamado para ser un medio público, con una regulación pública, que le dé garantías a todos los chilenos y chilenas, porque es deber del Estado garantizar este derecho». Los dirigentes de los trabajadores fueron acompañados por el senador Ricardo Lagos Weber (Partido por la Democracia, PPD) y los diputados Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), Tucapel Jiménez (PPD) y Gabriel Silber (Democracia Cristiana).
El negocio de vender La Nación
La Nación opera como sociedad anónima, con 69% de capital del Estado y 31% de privados. Los «inversionistas» particulares surgieron de la cúpula del personal encargado de conducir la administración de la empresa estatal durante los primeros gobiernos de dos décadas (1990-2010) de administración de la Concertación de Partidos por la Democracia, según reveló una acuciosa investigación de la periodista Alejandra Matus publicada en El Mostrador del 3 de julio de 2009. (1)
Un pequeño grupo de altos empleados administrativos del propio diario, encabezado por Raimundo Valenzuela, constituyeron Colliguay SA, para convertirse en inversionistas. Un intrincado y complejísimo proceso los condujo a la posesión del 31% de las acciones, adquiridas a precios subvalorados y con facilidades de pago, según el informe de Matus. En la sesión del directorio, que el 3 de septiembre 2012, decidió liquidar la sociedad anónima, el grupo Colliguay SA votó en contra, a través de sus directores Enrique Alcalde, Manuel Velero y Teodoro Wigodski. Votaron a favor de la liquidación los representantes del 71% gubernamental, Daniel Platovsky, Presidente; Andrés Correa, Gastón Gómez y María José Gómez.
La decisión del directorio fue presionada por la Tesorería General de la República que, en su tarea de hacer caja para el Estado, pidió convocar a la junta extraordinaria de accionistas para dirimir la disolución y liquidación de la sociedad. El gerente general de la empresa, Francisco Ferez, también vinculado a Colliguay SA, tuvo ese mismo día una dura reunión con los trabajadores de la empresa al explicarles la decisión del Fisco de disolver la empresa y liquidar sus bienes al mejor postor.
Después de la junta de accionistas del 3 de septiembre, la Empresa Periodística La Nación SA y Puerto Madero Impresores SA, convocaron a la Licitación Pública N° 01/2012, para iniciar la venta de los activos de ambas empresas. Puerto Madero es la subsidiaria que opera la vasta infraestructura impresora de La Nación, cuyos activos fueron los primeros que el directorio declaró «prescindibles». El grupo Colliguay SA también posee el 31% de Puerto Madero.
Los bienes incluyen un inmueble de 3,24 hectáreas de superficie total, con más de una hectárea de construcciones, maquinaria de impresión y equipamiento de oficinas, ubicado en Av. Américo Vespucio N° 159, Pudahuel, Santiago. Las ofertas se están recibiendo desde el 4 de septiembre en la empresa Banmerchant SA, que se hizo cargo de coordinar el proceso de licitación.
Todavía está en la incertidumbre qué ocurrirá con el céntrico edificio de Agustinas 1269, que fue la sede tradicional del diario, frente al Palacio de La Moneda. En su interior alberga un archivo periodístico de más de 95 años, que teóricamente pertenecería «a todos los chilenos». El área periodística del inmueble fue desalojada el 20 de marzo de 2012, cuando el personal del diario electrónico fue conducido a una sede más pequeña, en Serrano 14.
Breve historia de rapiña intelectual y de la otra
La Nación está asociada a avatares políticos y de rapiña del siglo 20. Desde que el diario fue expropiado por el dictador Ibáñez, en 1927, su antiguo dueño, el liberal de derecha Eliodoro Yánez, nunca recibió una compensación. Hasta hoy, sus descendientes reclaman una reparación del Estado. Cuando Ibáñez regresó al poder ganando limpiamente las elecciones de 1952, designó director del diario al recordado periodista Darío Saint Marie Soruco, Volpone, de aguda pluma en la escritura política. Su hermano Osvaldo fue canciller de Ibáñez por varios años.
A los dos años, en 1954, en la mismísima sede de La Nación, Saint Marie fundó Clarín, el diario más popular y de mayor circulación que jamás existió en Chile, con el slogan «Firme junto al pueblo», el mismo que todavía usa Crónicas, de Buenos Aires. Clarín creció, se instaló sucesivamente en inmuebles propios más amplios en Gálvez y Av. Dieciocho, y perduró hasta el golpe militar de 1973, cuando ya pertenecía a Víctor Pey Casado, quien lo adquirió a su fundador en España. Volpone se mudó de país porque su fino olfato político le hizo advertir el desastre que descargaría sobre Chile el apetito de poder de la oligarquía aliada con los militares. Hasta hoy Víctor Pey lucha porque sel Estado Chile le pague por los inmuebles y maquinarias de Clarín expropiadas por la dictadura militar.
En 1973, la dictadura de Pinochet (1973-2000) cambió el nombre de La Nación por La Patria, denominación de un antiguo diario de Concepción y más cónsona con la ideología fascista neo-liberal del régimen dictatorial que duraría 17 años. Su director era Carlos Sepúlveda Vergara, a la vez presidente del Colegio de Periodistas, democristiano y partidario entusiasta de los militares. Pero La Patria no repuntó, simplemente porque carecía de lectores.
Una ex agregada de prensa de la dictadura en Buenos Aires, Silvia Pinto, a quien se vincula con la fase periodística de las operaciones Colombo -como parte del Plan Cóndor, la multinacional de los servicios de espionaje de las dictaduras del cono sur-, se inspiró en la capital argentina y cuando fue designada directora de La Patria sacó de su cartera el nombre y logotipo de El Cronista, un excelente diario bonaerense del periodista Rafael Perrota, dueño también de El Cronista Comercial (vendido por suscripciones) y otro entre los más de cien hombres de prensa asesinados o desaparecidos por la dictadura de Rafael Videla. La mala copia de El Cronista pirateado duró hasta 1980, cuando el diario volvió a llamarse La Nación.
Referencia:
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno