Hace poco más de dos meses conocimos el escándalo de la condena del General en retiro Mauricio Santoyo Velasco por parte de un tribunal en los EEUU, en particular por el Tribunal Federal del Distrito de Virginia, el cual está a cargo del fiscal Neil H. Mc Bride. Según lo recoge la Revista Semana en […]
Hace poco más de dos meses conocimos el escándalo de la condena del General en retiro Mauricio Santoyo Velasco por parte de un tribunal en los EEUU, en particular por el Tribunal Federal del Distrito de Virginia, el cual está a cargo del fiscal Neil H. Mc Bride. Según lo recoge la Revista Semana en su día, para este operador de justicia Santoyo Velasco era «un individuo malhechor» que «abandonó su deber de proteger a los colombianos para servir a sus propios intereses y a los de los traficantes de drogas y terroristas«. Por sus vínculos con el narco-paramilitarismo el exoficial en mención fue extraditado a Virginia, donde hoy comparece.
Se sabe que el personaje de marras ya reconoció ante este Tribunal que, efectivamente, él utilizó su privilegiado cargo y poder para facilitar información anticipada a importantes jefes de los paramilitares y de la mafia colombiana acerca de los operativos que en su contra desplegarían la Policía Nacional y las agencias antidrogas de los EEUU que operan en el país. La extradición de Santoyo Velasco es el primer caso de esta naturaleza que se presenta en el país, pues siempre hemos sabido que los extraditados son «empresarios, dirigente de fútbol, narcotraficantes, paramilitares e insurgentes como el caso de Ricardo Palmera –Simón Trinidad-
Las malas artes de Santoyo Velasco, sin embargo, no se reducen sólo a sus vínculos con el narco-paramilitarismo en los menesteres propio del narcotráfico. Se sabe que durante el tiempo que fue Director del GAULA (Grupo Antisecuestro y Antiextorsión) en Antioquia – julio de 1999 a diciembre de 2001- participó en una gran red de escuchas telefónicas contra defensores de derechos humanos, varios de los cuales terminaron siendo desaparecidos/as cuando éste ya no hacía parte de ese organismo. En particular cabe señalar el caso de Claudia Monsalve Pulgarin y Ángel Quintero Mesa, quienes integraban la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos -ASFADES-.
En su día la Fiscalía General de la Nación comprobó que Santoyo Velasco participó en más de 1800 interceptaciones telefónicas de modo ilegal y que incluso se prestó para que agentes bajo su mando con autorizaciones de firmas falsas de fiscales fueran presentadas a la Empresa Pública de teléfonos con el objeto de darle una aparente cobertura legal a estos criminales actos. Por estos hechos la Procuraduría destituyó en 2003 a Santoyo Velasco por cinco años, quien para entonces fungía como Secretario de Seguridad del Presidente Uribe Vélez. Llama la atención que por los criminales hechos que la Procuraduría condena a Santoyo Velasco son los mismos por los cuales la Fiscalía le exonera, hecho que se produce a finales del mes de agosto de 2003. El dictamen de la Fiscalía era que no había mérito suficiente para seguirle investigando.
A pesar de la destitución proferida por la Procuraduría, el gobierno del Presidente Uribe mantendría a Santoyo en su cargo bajo el pretexto de que éste había impetrado contra la destitución un recurso. Dicho recurso no prosperaría y en noviembre de 2004 el ente en mención ratifica la condena. Este hecho obligaría al Presidente Uribe a retirarle del cargo pero no de la institución armada, que hubiese sido lo lógico. En este caso no fue retirado por sus superiores de la Policía ni tampoco por el gobierno bajo la excusa de que había que esperar el veredicto del Consejo de Estado en donde se había apelado la decisión de sanción de la Procuraduría.
Al respecto propio es decir que, de la sala disciplinaria del Consejo de Estado en donde se estudió el caso del entonces Coronel Santoyo Velasco hacía parte Alejandro Ordóñez, hoy Procurador General de la Nación, instancia que anuló en 2005 el fallo de la Procuraduría aduciendo que los delitos por los cuales se le había condenado habían prescrito al momento de producirse la sanción. Según la alta corporación los delitos ocurrieron entre octubre de 1998 y noviembre de 1999 y sólo le fue notificada la sentencia al interesado en febrero de 2005. ¿Por qué prescribieron estos delitos? Los operadores de justicia comprometidos han señalado que una de las razones para que la investigación hubiera precluido fue que no se le pudo notificar a Santoyo. Esta justificación resulta cuando menos ruin y canalla. En cualquier caso lo único cierto es que el Consejo de Estado al revocar la sanción contra Santoyo accedió a que se le restituyeran sus derechos aparentemente vulnerados, de ahí que el oficial fuera reintegrado.
Y no sólo esto, sería sorpresivamente llamado a curso para General de la República. En consonancia con esto la Junta de Generales y el grueso de los Congresistas aprobaron su ascenso el 27 de noviembre de 2007. Vale la pena señalar que varios de los congresistas que aprobaron el ascenso a General de Santoyo estaban investigados por para-política. Sólo los senadores/as Alexandra Moreno Piraquive (MIRA), Jesús Enrique Piñacue (ASI) y Jorge Robledo (PDA) se opusieron a dicha decisión. Al respecto Robledo dijo en la plenaria donde se aprobó el ascenso de Santoyo Velasco lo siguiente:
(…) con franqueza les digo, congresistas de la mayoría y congresistas de Colombia y colombianos, que hay días como este en que a mí me asquea lo que sucede y me dan ganas como de coger la credencial de congresista y tirarla a la basura, porque decisiones como la que acaba de tomar aquí hoy la mayoría uribista, pero que van a sernos endilgadas a todos los aquí presentes, son de esas sobre las que muchos colombianos se despachan con todo tipo de frases duras contra el Congreso. Lo que ha sucedido hoy aquí, señoras y señores de la mayoría uribista, es a mi juicio una de esas decisiones que no tienen presentación ninguna manera, que son absolutamente desproporcionadas.
Nadie conoce a Mauricio Santoyo
Esto nos dice que Santoyo Velasco en su día fue ascendido al menos con el voto de un número importante de congresistas, quienes poco repararon en el prontuario de este oficial. Nada les dijo a estos mal llamados «servidores públicos» las denuncias por violación a los derechos humanos en las que estaba comprometido este oficial y tampoco el que su participación en la intercepción ilegal de llamadas terminara con el asesinato de dos personas. Al Presidente Uribe Vélez esto tampoco le dijo nada y resulta incomprensible que el jefe de seguridad de la primera autoridad del Estado y el Gobierno hiciera parte del narco-paramilitarismo y en presidencia no lo supieran. ¿Dónde estaba el presidente como para no saber esto? ¿No sabía acaso el DAS de este hecho?
Todo esto huele mal como muchas otras actuaciones acontecidas durante los dos periodos de gobierno del expresidente Uribe. Éste, sin duda, debe a todo el país una explicación por este hecho, la cual a propósito no ha dado en profundidad y no la dará. Hasta ahora no la ha dado y ha perdido una gran ocasión de hacerlo dada la publicación de sus memorias. Aquí no sólo no explicó el hecho, sino que agradece al General Santoyo Velasco los servicios prestados. Resulta inadmisible que el poder ejecutivo, legislativo y judicial no hayan visto el prontuario de Santoyo Velasco. Al respecto aquí cabe una pregunta necesaria ¿Desde cuándo sabía la DEA de los vínculos de Santoyo con el narco-paramilitarismo? ¿Por qué ahora este organismo da a conocer con precisión los hechos y no cuando era funcionario activo y miembro de la seguridad de Presidente Uribe?
A nuestro juicio quienes promovieron a Santoyo Velasco no es que no hayan visto su prontuario, es que fue ascendido justamente importando poco sus antecedentes. Por estos hechos nadie responde políticamente: ni el expresidentes Uribe, ni los senadores que le promovieron, ni el mando militar y tampoco el actual Presidente Juan Manuel Santos, quien en su día era el Ministro de Defensa. Tampoco responde el hoy Procurador General de la Nación, quien aspira a ser reelegido sin ningún mea culpa por semejante despropósito. El cinismo de este último no puede ser mayor, sobre todo por aquello que dijo de que esto es una vergüenza.
Ahora nadie conoce a Santoyo. Cabe señalar que en 2008 Santoyo Velasco sería nombrado agregado en la Embajada de Colombia en Italia. Este fue el premio concedido por el Gobierno de Uribe, lo que nos dice que lo mandó cerca del Vaticano, me imagino que para limpiar los «pecados» de su alma, pues de los delitos ya lo habían exonerado en Colombia. Al expresidente Uribe a personajes como Santoyo le gustaba enviarlos cerca de la Santa Sede, pues acordémonos que a Italia también mandó a su «buen muchacho» Jorge Noguera, sobre todo después que éste pusiera al DAS al servicio del narco-paramilitarismo. Es probable que por todo esto nadie en la Presidencia supiera que Santoyo trabajaba para el narcotráfico y para los paramilitares, o mejor sea dicho, gracias a que el DAS estaba en manos de los paramilitares fue que Santoyo Velasco terminó de Jefe de Seguridad de la Casa de Nariño.
Los nuevos ascensos en medio de escándalos
Como si esto fuera poco, ahora se presenta un nuevo ascenso para coroneles y generales. En esta ocasión nuevas irregularidades parecen ponerse de presente entre los altos oficiales que ascenderán. La senadora del MIRA, Alexandra Moreno Piraquive, Presidenta de la Comisión Segunda del Senado, ya ha denunciado que en los actuales ascensos hay cosas que no se ciñen a lo legal, pues no se entiende cómo el hoy coronel Jorge Luis Vargas Valencia aspira al cargo de General de la Policía sin que reúna las condiciones. Además, no tiene explicación alguna que este oficial y quien se desempeña como Director de Inteligencia de la Policía, órgano encargado de realizar y presentar los informes sobre los antecedentes y las trayectorias de los aspirantes a ascender a Generales, sea juez y parte de dicho proceso. Esto nos dice que el proceso de ascenso es poco transparente ya que lo más lógico era que Vargas Valencia se haya declarado al menos impedido para adelantarlo.
Y si esto pasa en relación con lo formal, habría que esperar hasta el día 13 de noviembre para ver cuál es la trayectoria en la institución de quienes aspiran ser Generales. Y habría que esperar hasta esta fecha por cuanto Iván Cepeda, Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo (PDA), dará un debate donde expondrá la hoja de vida de cada uno de los hoy coroneles que van a ser ascendidos a Generales. Dado y como está la situación no es extraño encontrar a futuro casos como los de Santoyo Velasco, puesto que cada vez más los medios de comunicación ponen de presente los vínculos existentes entre miembros de esa institución y reconocidos jefes del narco-paramilitarismo. Desde luego, el caso de Santoyo Velasco no es excepcional en la Policía, lo es en términos de la extradición, pero, sin duda, no en los términos del vínculo de agentes y oficiales con importantes estructuras armadas que orbitan alrededor de narcotraficantes y paramilitares.
Mientras esto acontece, también hemos conocido que hay un serio descontento entre importantes mayores de la Policía que no han sido llamados a ascenso para Tenientes Coroneles. Resulta curioso que Mayores de la Policía con hojas de vida intachables no hayan sido llamados a curso. Muchos de esto Mayores no han sido sancionados por la Procuraduría y tampoco han sido investigados por la Fiscalía por violación a los derechos humanos, ni por paramilitarismo, ni por hechos asociados a las mafias. En los sitios donde han trabajado estos Mayores se les tiene aprecio y consideración por su espíritu cívico y ciudadano. A estos Mayores no se les conoce vehiculo tipo Toyota Prado, no tienen fincas de descanso, no tiene casas de lujo, sus hijos no van a colegios bilingües y muchos menos pasan vacaciones en Miami. Estos servidores públicos no tienen ingenios azucareros, ni empresas de todo tipo como Santoyo Velasco, pero si tienen sentido de servicio a la sociedad y de respeto al ciudadano. Además ellos son los que llevan la carga del orden público y son en muchos casos tratados de forma repudiable por sus jefes.
A muchos de estos Mayores los «han sacado» con una no recomendación unánime la Junta de Generales de la Policía Nacional. Y lo peor es que no sólo no han sido recomendados sino que no se les informa cuáles son las causas por las que no se les recomienda para hacer el curso de ascenso de mayores a tenientes coroneles. Como hemos dicho, muchos de estos mayores no tienen antecedentes de ningún tipo, lo que constituye una violación al habeas data. Lo lógico es que un mayor después de 20 años de servicios ejemplares y sin ninguna causa disciplinaria tiene derecho a saber por qué no es promovido a Teniente Coronel o a cualquier otro rango.
Da grima ver las escuetas y hasta desmoralizantes cartas que les ha hecho llegar la Dirección de Talento Humano de la Dirección General de la Policía a los Mayores que no han sido llamados a curso para Tenientes Coroneles. En dichas cartas ni las gracias les dan por los servicios prestados. No es de extrañar este comportamiento, sobre todo si vemos lo que ha sucedido con los policías que regresaron de la selva después del largo cautiverio en poder de las FARC. Cuando estos estaban en poder de este grupo armado los Generales hablaban del valor y de la dignidad de esos hombres, una vez afuera éstos, todas aquellas soflamas desaparecieron. Al alto mando no le interesaban los uniformados, le interesaba sacar partido de su dolor. Muchos Mayores honestos y respetuosos de las normas no serán promovidos a Tenientes coroneles y otros no lo serán a Coroneles.
Efectivamente, este tipo de oficiales no gusta a la camarilla que escoge a los nuevos tenientes coroneles, pues parece que para ser un alto oficial de la policía se requiere ser como Mauricio Santoyo Velasco y también como su hermano Julio Cesar, de quien se ha sabido a través de los medios de comunicación que también tiene sonado vínculos con el narco-paramilitarismo. Por lo pronto ha trascendido que mientras los paramilitares negociaban con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez su entrega, Julio Cesar Santoyo Velasco fue el personaje escogido de «manera autónoma por la Policía» para ser el enlace entre la Oficina del Alto Comisionado de Paz y la Policía de cara al proceso de «negociación» con los paramilitares. Además, su otra función era garantizar la seguridad de los comandantes del narco-paramilitarismo concentrado en Santa Fe de Ralito, Tierra Alta, sur de Córdoba. En su día Luis Carlos Restrepo señaló que el gobierno Nacional no había tenido nada que ver con el nombramiento de Julio Cesar Santoyo, pero conociendo lo que hoy sabemos hay dudas razonables como para pensar que todo esto haya sido una extraña coincidencia.
Y es que el ascenso de algunos oficiales de la Policía causa mucha preocupación. No olvidemos que hace un tiempo fue ascendido a coronel Joaquín Enrique Aldana, quien se desempeñaba en como Comandante Operativo en Ibagué-Tolima-. Este como sabemos en septiembre de 2009 literalmente descuartizó a su esposa Erika Cecilia Yeneris. Aldana como se sabe era experto en criminalística, conocimientos que no le sirvieron para cometer el crimen perfecto. A pesar de quitarle los pulpejos a Erika Yeneris y distribuir sus miembros en un radio de 20 kilómetros entre los municipios de Ibagué y Alvarado (Tolima), las autoridades judiciales y forenses pudieron comprobar que se trataba de la esposa del Coronel Aldana. El cuerpo de Erika Yeneris no presentaba las costillas tres y cuatro del costado izquierdo, las cuales son fundamentales a la hora de identificar desde el punto de vista forense a alguien, pues en dichas costillas se encuentran la mayor concentración pura de ADN.
De hecho, cabe decir que, el Coronel Aldana enseñaba a los Policías que se formaban en la Escuela de Policía ubicada en Corozal, Departamento de Sucre, que para evitar la identificación de un cadáver había que extraerle esas costillas y quitarle los pulpejos. El Coronel Aldana seguramente ahora hubiese sido llamado a curso para Brigadier General de no ser por este macabro crimen. Todo corría a su favor: su padre había sido magistrado del Tribunal Superior del Tolima y dos hermanos suyos son jueces de la República. Además, no hay que olvidar que contaba con la protección y el beneplácito de Julio Cesar Santoyo Velasco, quien en un primer momento y cuando corrió el rumor de que Aldana podría estar detrás del crimen pasional contra su esposa no hizo otra cosa que hablar de las bondades de Aldana. Como recordaremos el Brigadier General Julio Santoyo Velasco fue el Comandante de la Policía Regional No 2, la cual comprendía los Departamento de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo. Aldana sería condenado a 33 años y nueve meses de cárcel y pasó de comandante operativo de la Policía en el Tolima a la Cárcel la Picota.
Mientras cierro estas líneas, se conocen las imágenes de la incautación de bienes al exgeneral Mauricio Santoyo por parte de la Unidad de Lavado y Extinción de Dominio de la Fiscalía. La primera operación que se practica contra los bienes del otrora General ha sido contra su finca llamada la «Estrellita» ubicada en el Municipio de San José de Pare, en el Departamento de Boyacá. Efectivamente, es una hermosa finca, muy parecida por cierto a las fincas de los narco-paramilitares que aparecen en la serie del «Cartel de los Sapos». Esto nos dice que no sólo el exgeneral Santoyo Velasco colaboraba con los narco-paramilitares, sino que había identidades en los gustos. La finca la «Estrellita» lo confirma.
De dónde acá tanta riqueza entre los oficiales
Dicho esto, siempre me ha llamado la atención cómo altos oficiales a los que no se les conoce que provienen de familias adineradas terminan teniendo carros lujosos, fincas parecidas a las de los mafiosos, hoteles de lujo, etc. Un sueldo de policía o de oficial no da para tanto, incluso así se «auto-condecoren» como la hace el actual Director de la Policía. Al respecto el Diario el Espectador en su edición digital del 2 de noviembre señala cómo el General León Riaño ha promovido este tipo de actos al parecer para obtener bonificaciones económicas. El Diario en mención recogiendo las denuncias de un ciudadano manifiesta que las «auto-condecoraciones», las cuales son cinco en total le representan al General León Riaño 120 millones de pesos en sólo reconocimientos. Esto en parte explica por qué el alto mando prefiere la guerra a la paz. Para muchos oficiales los dividendos de la guerra son más atractivos que los dividendos de la paz.
Y todo esto a nombre de los contribuyentes, que sería bueno que nos diéramos por enterados/as cómo es que es en la Policía se promueve los ascensos entre los oficiales, pues de esto depende la seguridad ciudadana. No esperemos que si a la Dirección de la Policía llegan personajes como los hermanos Santoyo Velasco se pueda dormir tranquilo. Con oficiales así sólo podrían dormir tranquilos los jefes paramilitares y los de las mafias que operan en Colombia.
El nuevo curso para escoger generales en Colombia deparará sorpresas en los próximos meses y el deber del Estado y del Gobierno es saber a qué tipo de oficiales promueve. El derecho de la ciudadanía en cambio es tener a personas confiables en una institución como esta. La experiencia de Mauricio Santoyo no ha sido racionalizada ni por la Policía ni por el Gobierno, de ahí que subrayemos que nuevos escándalo tipo Santoyo Velasco se presentarán. Desde ya lo advertimos. La ciudadanía requiere de oficiales y suboficiales decentes, pues en ello, insisto, radica parte de la seguridad ciudadana.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.