15 de noviembre de 2012: arranca en La Habana la Segunda Fase del proceso de paz entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Los plenipotenciarios de ambas partes comenzarán a tratar temas de hondo calado. Como preámbulo de esta fecha las partes firmaron el 26 de agosto de este año en […]
15 de noviembre de 2012: arranca en La Habana la Segunda Fase del proceso de paz entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Los plenipotenciarios de ambas partes comenzarán a tratar temas de hondo calado. Como preámbulo de esta fecha las partes firmaron el 26 de agosto de este año en la Habana un «Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera» y protocolizaron el inicio de las conversaciones a mediados de octubre en Oslo. A pesar de que se ha escrito mucho sobre lo «serio y lo rosa» de lo ocurrido en la capital noruega, quiero llamar la atención de un par de detalles.
I. Colombia país de leyes: mito herido de muerte
La democracia más antigua de América Latina, la Atenas suramericana, así han construido las élites colombianas un imaginario para hacerle creer a sus compatriotas de que Colombia es un país de leyes y para «vender» la imagen al extranjero de que Colombia prácticamente no ha sufrido del «molesto virus de los militares en el poder».
Los colombianos vivimos fascinados por las leyes (y las trampas: hecha la ley hecha la trampa) y las armas. Facultades de derecho por centenares, un singular sistema judicial y unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, «garantizan», entre otros, unos niveles de impunidad que en el caso de ejecuciones (asesinatos) extrajudiciales, según la ONU, llega al 98.5%. (http://www.terra.com.co/
El caso es que en Oslo, luego de las intervenciones de las partes, en el momento de la rueda de prensa de los delegados gubernamentales, su vocero (portavoz) el señor Humberto de la Calle, exigió vehementemente, entre agitado y trémulo, el cumplimiento de lo acordado en la Primera Fase: que el Acuerdo suscrito por las partes a finales de agosto era vinculante y que en él, particularmente en los seis puntos de la agenda, no se hablaba nada de negociar el modelo de desarrollo y menos cuestionar la inversión extranjera, cosa que hicieron los guerrilleros en su intervención.
Para rematar, el señor De la Calle, sentenció que el «gobierno no era rehén de este proceso», es decir, que si las conversaciones no funcionaban acorde a sus criterios se levantaría de la mesa.
En cuanto a si se establece en el Acuerdo la discusión del modelo de desarrollo, bien hizo la guerrilla, cuando le tocó el turno en la rueda de prensa al leer los considerandos o exposición de motivos, que anteceden a los seis puntos. En uno de sus apartes el texto reconoce que » El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país…» ¿Cree el gobierno colombiano que en una conversación sobre «desarrollo social con equidad para las grandes mayorías», no saldría a colación el tipo de modelo de desarrollo que impera en el país? Desde el punto de vista de la justificación interna del Acuerdo sería absolutamente incoherente expresar algo en los Considerandos y otra distinta en la Agenda, que se supone materializa lo dicho en las consideraciones iniciales. Es como si negociando una carga de café se hable del precio pero no de la calidad del grano. Huele a mala fe la interpretación gubernamental de lo que firmó en la Habana el 26 de agosto de este año.
Pero donde definitivamente el gobierno demuestra un ánimo perverso a la hora de cumplir lo pactado es en cuando afirma que «no es rehén de este proceso de paz». Se le olvida al señor de la Calle, eminente jurista, que en lo acordado hay una cláusula al final, la sexta para ser exactos, que habla de las reglas de funcionamiento, cuyo numeral diez dice: «Las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado». Es decir, el gobierno, sus plenipotenciarios, firmaron un pacto en el que se discutiría todo y por lo tanto se acordaría todo. «No declararse rehén de este proceso» es faltar a la palabra, es incumplir el numeral 10 de la cláusula sexta del Acuerdo. En lenguaje coloquial colombiano: «pa´l mamón no hay ley». Herida de muerte la tradición jurídica colombiana: sus élites no creen ni en lo que rezan, perdón, ni en lo que firman.
II. La combinación de todas las formas de lucha: mito enterrado
La burguesía colombiana, parte de la clase media y un vociferante sector de la izquierda colombiana, han cuestionado a viva voz la «infame» pretensión de otro sector de la izquierda que reconocía como hecho objetivo de la lucha de clases «la combinación de todas las formas de lucha».
El asunto tomó dimensiones mayúsculas cuando el Polo Democrático Alternativo (PDA), hasta hace poco el principal partido de izquierda en Colombia, expulsó de su seno al Partido Comunista de Colombia, hará tan solo unos meses. El argumento fue que el impulso por parte de los comunistas del movimiento Marcha Patriótica, los hacía incurrir en una doble militancia, pero lo más grave, como argumento de fondo, es que dicho movimiento no se desmarcaba de la lucha armada y por lo tanto se convertía en excusa para legitimar un nuevo exterminio, tal como sucedió con el partido Unión Patriótica entre 1985 y 2005 (cinco mil militantes asesinados por el Terrorismo de Estado colombiano). Esto fue lo que sostuvo uno de sus dirigentes, el ex magistrado Carlos Gaviria:
«El PDA ha sido y es un partido democrático que rechaza la violencia como medio para acceder al poder. Si el Polo apoyara la Marcha, no siendo claros sus orígenes y propósitos, cometería el error histórico de arriesgar las vidas de sus integrantes en una posible reedición de lo sucedido a la Unión Patriótica y facilitaría la treta de los enemigos de la izquierda que igualan al PDA con la guerrilla.» (http://www.polodemocratico.
net/index.php?option=com_ content&view=article&id=3078: el-polo-dice-no-a-la-marcha& catid=42:columnistas)
Esta «peligrosa pretensión» de avalar todas las formas se ha deshecho al observar la composición del equipo negociador del gobierno. Son cinco, a saber:
1. Humberto de la Calle. La voz cantante del equipo. Todo un político, todo un jurista. Ha sido Vicepresidente de la República, Ministro del Interior, redactor de la Constitución de 1991, y un sin número de altos cargos y honores.
2. Sergio Jaramillo. Actualmente Alto Consejero de Seguridad Nacional. Filósofo, todo un intelectual. Su formación le ha permitido ser asesor en derechos humanos del gobierno de Álvaro Uribe, redactor del documento que plasmó la «Seguridad democrática» como programa de gobierno del hoy ex presidente Uribe, fue Viceministro para los derechos humanos y asuntos internacionales en la cartera de Defensa, cuando era dirigida por Juan Manuel Santos durante el mandato de Uribe. ¡Vamos, para que no digan que los filósofos se mueren de hambre!
3. Luis Carlos Villegas. En la actualidad presidente de la Asociación de Industriales y además dirige el Consejo Gremial, entidad esta que reúne industriales, banqueros, comerciantes y terratenientes. Todo un economista, además abogado, todo un empresario. Cargos públicos y privados nutren su currículum.
4. General (r) Óscar Naranjo. Ex Director general de la Policía nacional. Todo un general. El único con cuatro estrellas. En 2010 le reconocieron el mérito de ser «El mejor policía del mundo».
5. General (r) Jorge Enrique Mora Rangel. Comandante General del Ejército de tierra (la principal fuerza de las armas colombianas), entre 1998 y 2002, es decir, en los días del anterior proceso de paz entre el ex Presidente Andrés Pastrana y las FARC. Todo un general, además tropero. Santos dijo de él «que fue incluido con «todos los kilates que le preceden». http://www.elpais.com.co/
De los dos primeros no habría mucho qué decir. Impoluto fue el desempeño del señor de la Calle cuando implementó el modelo neoliberal en Colombia en la década de los noventa: reforma laboral, privatización de la salud, entre muchos, todo con apego a derecho. Del señor Jaramillo como intelectual orgánico de la derecha: hace su trabajo.
Pero del señor Villegas…¿qué pensarían los gremios económicos que representa cuando la «paz sindical» se lograba después del sepelio de los líderes obreros asesinados por «fuerzas oscuras»? Resulta difícil creer que sus enormes ganancias no estuviesen ligadas a tan execrables conductas. Era la época en que «a la economía le iba bien pero al país le iba mal», cosa que sigue ocurriendo. Quien induce o paga por un delito recibe la misma pena que el autor material. ¿Esto les quitará el sueño a los dueños de casi la totalidad de país?
Del general de la Policía Nacional Óscar Naranjo reconocer que se le atribuye un grueso número de detenciones de capos del narcotráfico, labor nada fácil. El mérito estaría completo salvo un pequeño detalle. El general Naranjo tuvo como compañero de armas en la cúpula de la Policía al general Mauricio Santoyo, ex Jefe de Seguridad del Presidente Álvaro Uribe. A Santoyo lo han extraditado y procesado en EE UU por narcotráfico entre otros crímenes. El «mejor policía del mundo» no se enteró que uno de sus compañeros trabajaba para los cárteles de la droga: debería devolver el premio.
Y el general Mora, ex comandante del Ejército, refleja como nadie la macabra connivencia entre fuerzas armadas gubernamentales y grupos paramilitares de extrema derecha. El 5 de septiembre, fecha en que el general fue designado por el Presidente Santos, se supo que
«El magistrado de Justicia y paz Olimpo Cataño le pidió a la Fiscalía que investigara la posible vinculación del general [Mora] y del ex comandante de las FFMM Harold Bedoya en el asesinato de Jaime Garzón [conocido periodista asesinado en agosto de 1999]. Esto sucedió el miércoles pasado durante la Audiencia contra el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’.» (http://www.kienyke.com/
historias/que-tendria-que-ver- el-general-mora-en-la-muerte- de-garzon/)
Demasiadas condenas pesan sobre militares colombianos por acción u omisión, tanto en masacres como asesinatos selectivos. Eso sin contar las miles de ejecuciones perpetradas por el estamento castrense fingiendo haber ocurrido en combate contra la guerrilla y con el sólo ánimo de cobrar recompensas y obtener ascensos (falsos positivos). Este era el panorama en noviembre de 2011:
«…la Fiscalía… actualmente investiga 1.549 casos de ‘falsos positivos’ (con 2.799 víctimas), de los que están sindicados 3.963 uniformados.
Por otra parte, los datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU superan las cifras oficiales: entre el 2004 y el 2008 se registraron en el país 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales, donde murieron 3.000 ciudadanos.
…La justicia ha logrado 148 sentencias, entre las que hay tres coroneles del Ejército condenados; 79 casos están en juicio y 47 uniformados aceptaron los cargos y se acogieron a sentencia anticipada.» (http://www.eltiempo.com/
justicia/ARTICULO-WEB-NEW_ NOTA_INTERIOR-10801885.html)
Como podemos concluir la foto de familia de los plenipotenciarios del gobierno es exquisita. El político neoliberal, el filósofo experto en temas de seguridad, el empresario y los dos generales. Encarnan el «estado de derecho», el «crecimiento económico» y el Terrorismo de Estado en su más nítida expresión. ¿Quién dijo que era malo combinar las formas de lucha? Gracias delegación oficial por enterrar este mito.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.