Primero, pago inmediato de la deuda contraída, por parte de la Generalitat Valenciana, con los centros y servicios de la discapacidad y enfermedad mental. Segundo, paralización del nuevo plan de financiación para centros de discapacitados en 2013. Y tercero, creación de una mesa negociadora -con trabajadores, asociaciones, usuarios, familiares y administración- para resolver el futuro […]
Primero, pago inmediato de la deuda contraída, por parte de la Generalitat Valenciana, con los centros y servicios de la discapacidad y enfermedad mental. Segundo, paralización del nuevo plan de financiación para centros de discapacitados en 2013. Y tercero, creación de una mesa negociadora -con trabajadores, asociaciones, usuarios, familiares y administración- para resolver el futuro del sector.
Son los tres puntos reivindicados por la marcha en defensa de los derechos de las personas discapacitadas y contra los recortes e impagos del Consell. Ataviados con camisetas rojas, los manifestantes han recorrido más de 200 kilómetros por siete comarcas del País Valenciano, desde Villena (Alicante), hasta las puertas del Palau de la Generalitat, en Valencia, donde llegaron ayer. Diez días de lucha «por el respeto y la dignidad» (lema de la marcha) de discapacitados y enfermos mentales.
«Manos arriba, esto es un atraco», «Esta marcha, sí nos representa», «La discapacidad no se vende, se defiende», «Respeto y dignidad, para la discapacidad» y «A por ellos», eran algunas de las proclamas con las que centenares de personas discapacitadas, familiares, trabajadores del sector y ciudadanos en general, rechazaban en el centro de Valencia los planes de la Generalitat.
Asun Muñoz, trabajadora de ASPADIS en Alicante y miembro de la marcha, denunciaba, mientras sostenía la pancarta de cabecera, que las «políticas perversas de este gobierno y sus recortes en bienestar social, nos retrotraen a la situación de hace 40 ó 50 años». Apuntaba un caso particularmente grave, el de los centros especiales de empleo, «única vía, a día de hoy, para que las personas con discapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo ordinario»; «el recorte en las órdenes de para estos centros los aboca en muchos casos a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)».
Agripa Hervás, trabajador del Centro San Rafael de Alicante, resaltaba la «unión» y la «emoción» suscitada por los diez días de marcha, «frente a las políticas reaccionarias del PP en el País Valenciano, que nos sitúan muy cerca del fascismo». En el campo de la discapacidad, con el plan de financiación de 2013 «habrá centros ocupacionales, residencias, centros de día o de atención temprana que tengan que cerrar sus puertas».
A trabajadores, padres y usuarios les movilizan causas objetivas. La Conselleria de Bienestar Social adeuda en la actualidad más de 15 millones de euros a centros y servicios que atienden a personas discapacitadas o con enfermedad mental; además, el nuevo plan de financiación de la conselleria para 2013 prevé un recorte de otros 15 millones de euros. Se introduce asimismo el repago para usuarios de los centros y sus familias; y se anulan los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, para sustituirlos por subvenciones (lo que aumenta el grado de discrecionalidad).
La diputada de EUPV-IU por Alicante, Esther López, presente en la marcha, denunció la «asfixia» a la que se ven sometidos entidades y centros por los impagos del Consell. Además, «hay centenares de trabajadores del sector con varias nóminas sin cobrar».
Si los centros mantienen su actividad, y tanto usuarios como familias reciben la atención necesaria, es gracias a la voluntad de los trabajadores, que realizan sin cobrar su labor diaria. Uno de los casos paradigmáticos es el del Centro Ocupacional Capaz, de Novelda, donde hace 10 meses que los trabajadores no cobran los salarios. Están además sometidos a un ERE y han convocado, a modo de protesta, una huelga indefinida.
Dos trabajadores del Centro Ocupacional del Maigmó, en el municipio de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), denuncian la angustiosa de su centro: «la Generalitat Valenciana nos adeuda cerca de 500.000 euros, cantidad que corresponde a ocho meses». Los recortes ya han afectado a programas formativos, de inserción laboral, musicoterapia o equinoterapia, entre otros. Y se fijan asimismo en la estrategia de fondo: «pretenden asfixiar a las entidades sin ánimo de lucro, que gestionan estos centros mediante conciertos con la Administración, para que entren en su lugar grandes empresas privadas a repartirse el pastel «. «La meta final es la privatización; pretenden hacer lo mismo que en la sanidad y la educación».
Pero la cuestión no radica exclusivamente en los recortes presupuestarios o en la insolvencia de la conselleria. Hay, además, un problema de prepotencia en el que todos coinciden. Cuando una delegación de la marcha se dirigió el pasado miércoles a Presidencia de la Generalitat, para entregar el manifiesto con las tres reivindicaciones básicas, ningún alto cargo del Consell hizo acto de presencia. Al día siguiente, algunos portavoces de la marcha fueron desalojados de las Cortes Valencianas cuando pedían «respeto y dignidad» para las personas discapacitadas.
Aunque también es un problema de prioridades. Los servicios sociales figuran, aun en los tiempos de vacas flacas, muy por detrás de los fastos. El mismo día que la marcha «por la dignidad y el respeto» transcurría por las calles de Alicante, el DOCV (boletín oficial de la Comunitat Valenciana) publicó un acuerdo por el que se ampliaba en 45 millones de euros el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que suscribió íntegramente la Generalitat como único socio.
Si el nuevo modelo de financiación y los impagos condenan a muchos trabajadores del sector, sobre las familias usuarios también se cierne la poda. Se les impone el repago, a unas economías ya muy menguadas por la crisis, el paro y los recortes. Una madre (prefiere el anonimato) que llega desde Alicante no se anda con remilgos: «Hay gente que ha tenido que sacar a sus hijos de los centros; y ahora nos anuncian esto. ¡Que se vayan a la mierda!, y ponlo así», exclama.
Añade que es madre de cuatro hijos. Una de ellas, de 39 años, padece síndrome de Down en un 75%. «Esto me pilla mayor; llevo toda la vida peleando, primero, cuando llevaba a mi hija a la guardería, después al colegio y finalmente al centro ocupacional. En la familia siempre hemos priorizado los ahorros de mi hija, para que en el futuro cuente con un colchón; y ahora nos imponen el repago, que se aplica de modo proporcional a la renta». Sin embargo, reconoce que hay casos mucho más desesperados que el suyo.
Otra madre, que viaja desde Alcoi, explica que hace cuatro años se le aprobó la ayuda para el cuidado en casa de su hijo, con una discapacidad psíquica del 78%. Todavía está a la espera de la resolución y, por tanto, del cobro. Le acompaña otra madre, también de Alcoi, que vive con su hermana y un hijo, ambos con síndrome de Down. Al centro ocupacional donde acude su hermana no le paga la conselleria, se lamenta. Desde agosto tampoco percibe la ayuda para el cuidado de su hijo, que además ha visto reducida en un 15%. Y el estado, asimismo, ha dejado de cotizar a la seguridad social por las cuidadoras. «No hace falta ya ni que me paguen».
Resume el oscuro panorama Juanjo Pérez, cuidador del centro de ASPRODIS para discapacitados psíquicos en Elda. «Los centros ya no podemos aguantar más. Con el nuevo modelo de financiación, muchos programas de atención precoz, integración laboral, ocio y terapia en las residencias dejarán de llevarse a cabo». «Se deteriorará la calidad de vida de los chavales ; de hecho, muchos de ellos tendrán que volver a su casa con la aplicación del repago; con lo que aumentará el riesgo de exclusión», advierte.
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