Este domingo, 2 de diciembre, la delegación de Paz de las FARC-EP entregó formalmente a directivos del CICR el documento en que se solicita que el ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA sea reconocido como Acuerdo Especial, según la definición y el derecho que otorgan […]
Este domingo, 2 de diciembre, la delegación de Paz de las FARC-EP entregó formalmente a directivos del CICR el documento en que se solicita que el ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA sea reconocido como Acuerdo Especial, según la definición y el derecho que otorgan los Convenios de Ginebra y el DIH en general.
Después de un prolongado intercambio sobre la importancia del DIH y la necesidad que existe de complementar las normas, considerando las particularidades de los conflictos internos, las FARC-EP pusieron de presente la asimetría jurídica que en materia de derecho humanitario habría que superar generando para Colombia un Tratado de Regularización de la Guerra que se adecúe a las especificidades de una confrontación en la que impera el terrorismo de Estado.
De la reunión participaron Patricia Danzi, Jefa de operaciones del CICR para América, Jordi Raich, jefe de delegación para Colombia, Karl Mahli, jefe de delegación para México, Knut Doermann, jefe jurídico del CICR, Patrik Zandh, jefe jurídico para México y Marisela Silva, jefa jurídica para Colombia. Por las FARC-EP lo hicieron Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús Santrich y Andrés París.
La Delegación de Paz de las FARC-EP entregó también el documento donde se solicita a los gobiernos de Ecuador, Colombia y al CICR, realizar los trámites que permitan, siguiendo las normativas del Derecho Internacional Humanitario, la repatriación de los restos mortales de los combatientes de las FARC abatidos en Sucumbíos (Ecuador) el 1 de marzo de 2008.
En el desarrollo de las conversaciones las FARC-EP solicitaron con carácter urgente la intervención humanitaria que posibilite la atención médica de los combatientes guerrilleros prisioneros en las cárceles del régimen. A la situación de hacinamiento que en algunos centros de reclusión alcanza el 400%, se ha sumado el desastre del sistema de salud, generando una situación sanitaria grave, en la medida en que la mayoría de las penitenciarías no cuentan con asistencia médica.
El CICR y las FARC coincidieron en valorar como necesario el desarrollo de medidas que garanticen la protección de la población no combatiente.
Fuente: http://pazfarc-ep.blogspot.se/