El gobierno nacional y el Departamento de Planeación Nacional han dado a conocer un documento CONPES-Consejo Nacional de Política Económica y Social, para la región del Catatumbo, ubicada en el Nororiente de Colombia, en la estratégica frontera con la República Bolivariana de Venezuela. El Catatumbo es un territorio que incluye 12 municipios (San Calixto, Convención, […]
El gobierno nacional y el Departamento de Planeación Nacional han dado a conocer un documento CONPES-Consejo Nacional de Política Económica y Social, para la región del Catatumbo, ubicada en el Nororiente de Colombia, en la estratégica frontera con la República Bolivariana de Venezuela.
El Catatumbo es un territorio que incluye 12 municipios (San Calixto, Convención, el Carmen Sardinata, Abrego, Teorama, El Tarra, La Playa) y casi 350 mil habitantes, en su mayoría campesinos e indígenas. Su principal centro urbano es la histórica población de Ocaña, que hasta principio del siglo XX perteneció al Estado del Magdalena. Ahora integra el departamento de Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta.
El Catatumbo ha sido históricamente la tierra de los Bari/Motilones, comunidad indígena que resistió el coloniaje español durante más de 300 años. Todavía quedan 4000 mil ubicados en 4 importantes resguardos territoriales.
Su territorio es codiciado por las multinacionales mineras, del carbón, petroleras y madereras, para extraer su enorme riqueza y exportarla al mercado mundial sin retribuir nada a sus habitantes afectados por la pobreza, el despojo, el desplazamiento y la violencia.
En la actualidad hay allí una Zona de Consolidación y Recuperación territorial estratégica, controlada por las Fuerzas Militares que trabajan en llave con las corporaciones petroleras y mineras globales, las cuales remuneran jugosos contratos de seguridad con los militares que de esa manera suplen la eliminación de los aportes del Plan Colombia recortados por la crisis fiscal del Estado Norteamericano. Es lo que, bajo la orientación del ex-general Néstor Ramírez, asesor del Mindefensa (conocido por su guerra contra los campesinos cocaleros del Caquetá en el gobierno de Samper Pizano, a quienes disparaba con sus tropas a los pies para dejarlos inválidos), hacen en estos momentos todas las Brigadas militares que operaban con los recursos aportados por los gringos a través del Plan Colombia, que han sido cancelados. Varias unidades castrenses como las Fudras y las Omegas, han firmado contratos con las empresas transnacionales petroleras para prestar servicios de seguridad en oleoductos, campos petroleros, minas y zonas de explotación del oro a cielo abierto, como una manera de financiarse.
El Conpes aprobado por 850 millones de dólares y anunciado en Ocaña por el Presidente Santos incluye varios campos de trabajo e inversión que atienden demandas de las comunidades rurales.
Las áreas de trabajo son las siguientes:
Primero. Vías, con una inversión de 700 millones de dólares en obras de infraestructura vial en los tramos carreteables de Cúcuta-Ocaña-Aguaclara y Astilleros-Tibú-Convención-La Mata. Rutas que desbloquean importantes zonas de la región.
Segundo. Titulación de 250 mil hectáreas de tierra mediante formalizaciones administrativas del Ministerio de Agricultura; avances en la restitución de tierras a las víctimas de la violencia; adjudicación y recuperación de 200 mil hectáreas de tierras baldías para formalizarlas y entregarlas a los campesinos para convertirlas en áreas productivas; asistencia tecnológica; mejoramiento de condiciones de suelos y cultivos; y estudios para la delimitación, ampliación y precisión de los resguardos indígenas Bari.
Tercero. Vivienda y saneamiento básico, que pretende la construcción de 4000 viviendas de interés prioritario rural e inversiones por 20 millones de dólares para obras de instalación de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Ocaña. Tibú y Hacarí.
Cuarto. Educación para hacer inversiones de 4 millones de dólares en la construcción de 21 nuevas sedes educativas para los municipios de la región; construcción de dos Megacolegios en Tibú y Abrego; entrega de 34 nuevos colegios en Abrego, Hacarí, Sardinata, Teorama, Ocaña, Tibú, El Carmen, El Tarra y San Calixto; puesta en marcha de una sede del Sena para incrementar la formación técnica, tecnológica y complementaria, entre los habitantes de la región; ampliación del plan de acompañamiento integral para el mejoramiento de la calidad de la educación con el programa ‘Todos a aprender’ a 56 sedes educativas del Catatumbo; y adquisición y puesta en marcha de 2.630 computadores para educar.
Quinto. Salud con inversión en red hospitalaria, aumento de recursos para la ESE Tibú, modificación de su portafolio de servicios y elaboración de estudios para la reorganización de la red de prestadores de servicios de salud; habilitación de servicios de alta complejidad en la ESE Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña; mejoramiento de la infraestructura física y dotación de equipos biomédicos para que cumplan con los requerimientos necesarios; dotación de la red de frío del Plan Ampliado de Inmunizaciones de siete municipios; asistencia técnica a San Calixto, Teorama, Tibú y Sardinata en el programa ampliado de inmunizaciones; y atención para comunidades indígenas.
Sexto. Tecnología y electrificación que incluye construcción de la etapa III del proyecto de electrificación rural que cobijará a 4.761 familias en 139 veredas de la región, por un valor de 40 millones de dólares; e instalación de al menos 41 puntos digitales de Compartel en los centros poblados de zonas rurales del Catatumbo.
Séptimo. Apoyo social para la transición progresiva de hogares del Bienestar Familiar a Centros de Desarrollo Infantil, en el marco de la estrategia de Cero a Siempre, a fin de beneficiar a 10.944 niños menores de 5 años; atención integral de la Red Unidos a 19.927 familias beneficiarias; y ampliación de la cobertura de Familias en Acción a por lo menos 34.920 familias de los diferentes municipios que integran el Catatumbo.
Son los aspectos centrales de esta estrategia que incluye demandas hechas por las comunidades locales y regionales en los últimos diez años. Hay otros temas que no se atienden y que los alcaldes incluidos en la Asociación de municipios que lidera el burgomaestre de Teorama han reiterado ante los funcionarios de la administración central, como los programas para la restitución de los cultivos de coca con proyectos productivos y no mediante las fumigaciones con glifosato que envenena amplias áreas del Catatumbo.
Pero la lucha no termina aquí. Es necesario seguir la batalla para que este documento Conpes no se convierta en letra muerta como ocurre con tantos planes gubernamentales que no se materializan porque se refunden en las rutinas de las burocracias públicas. El otro riesgo es que los dineros de esta política terminen convertidos en moneda del clientelismo y la corrupción de los políticos nortesantandereanos como el senador Juan Manuel Corzo, quien es investigado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a raíz de sus estrechos vínculos con los jefes paramilitares del Bloque Fronteras, que reclama como fruto de su influencia ante las entidades bogotanas la expedición del Conpes. Como decir un bien que le pertenece cual propiedad privada.
Las organizaciones populares, campesinas, las mujeres, los educadores y demás expresiones de la sociedad civil de la región deben organizar planes para hacer el seguimiento de la ejecución de cada uno de los proyectos del Conpes anunciado. Hay que programar Cabildos populares, escuelas de capacitación, talleres, seminarios, Audiencias públicas, programas en los medios de comunicación y asambleas para estudiar en detalle este material y conformar veedurías ciudadanas, comités de observación que le den transparencia y eficacia a las inversiones y proyectos sociales proyectados que no son un regalo de los politiqueros sino una conquista de los habitantes de la región. Es la manera de construir la paz en el Catatumbo.
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